Opinion | 28 Jul El 58% de las patentes del mundo corresponden a China, Corea y Japón, seguidos de países como Estados Unidos y Alemania. Apenas el 2,5% de las solicitudes de patentes corresponden a Latinoamérica y hay países, como Uruguay, en los que se patenta poco y nada.
Además de la escasa cantidad de patentes que se tramitan en nuestro país, quienes trabajan en el sector ven con preocupación desde hace tiempo que Uruguay no haya firmado el Tratado de Cooperación entre Patentes administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la que nuestro país ya forma parte en otras áreas.
Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención.
Las patentes brindan incentivos y protección a las personas en la medida en que ofrecen un reconocimiento a su creatividad y les dan la posibilidad de obtener una recompensa material por sus invenciones. Al mismo tiempo, la publicación obligatoria de patentes y solicitudes de patente facilita la difusión mutuamente provechosa de nuevos conocimientos y agiliza las actividades de innovación al evitar, por ejemplo, la necesidad de “reinventar la rueda”. Una vez que los conocimientos son de disponibilidad pública, se prestan, por su condición, a ser utilizados simultáneamente por un número ilimitado de personas.
Si esos conocimientos no estuvieran protegidos en su propiedad intelectual, por ejemplo, a través de una patente, cualquier oportunista podría utilizarlos en invenciones sin reconocer la creatividad del inventor ni contribuir a las inversiones efectuadas por este. Los inventores se sentirían desalentados a introducir nuevas invenciones en el mercado y se esforzarían por mantener en secreto los desarrollos de valor comercial.
“Una patente es una suerte de contrato social donde el Estado otorga al titular 20 años para explotar su invención, pero a los 18 meses tiene que hacerla pública y cualquier persona, a través de las bases de datos existentes sobre el tema, puede estar en contacto con esa información que, a su vez, se puede transformar en innovaciones”, explicó a este medio el experto uruguayo Carlos Mazal, exdirector para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), al ser entrevistado el año pasado sobre este tema.
La divulgación pública de los conocimientos técnicos que se hace en la patente y el derecho exclusivo que concede la patente constituyen incentivos para la competencia, en el sentido de buscar soluciones alternativas e inventar partiendo de la primera invención.
¿Cuál es la ventaja de que Uruguay suscriba el Tratado de Cooperación entre Patentes? Muy sencillo: que de esa manera un inventor uruguayo podrá solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud internacional de patente en un gran número de países, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales.
Dicho de otra manera: las patentes son territoriales y deben tramitarse en cada país, pero para los países que suscriben el tratado, alguien que patente en alguno de ellos tiene acceso a que la patente pueda ser llevada a todos los estados contratantes --149 países-- con un solo trámite, por lo que resulta ser una vía más sencilla, más práctica y más barata que la vía directa o del Convenio de París. Y esa es una ventaja competitiva muy importante para la industria y los inventores.
Sin embargo, sin causas conocidas y a pesar de los reclamos realizados desde esos sectores, Uruguay aún no ha suscrito ese tratado. Por eso, congratula el anuncio realizado por la ministra de Industria, Carolina Cosse, quien en evento sobre las denominadas “industrias sin chimeneas” realizado en Montevideo, destacó la importancia de profundizar el estímulo a la generación de propiedad intelectual y dijo que es necesario lograr condiciones para que sea fácil y atractivo generar propiedad intelectual en Uruguay en las áreas audiovisual, científica y de creación de tecnología.
La secretaria de Estado informó que el Ministerio de Industria solicitó a Cancillería que gestione la incorporación de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) y opinó que integrar este acuerdo facilitaría y abarataría la presentación de solicitudes de patente sin interferir con los sistemas nacionales, proporcionando seguridad jurídica y garantías para afrontar sin riesgo las inversiones necesarias para proteger la tecnología.
Señaló que la firma del tratado permitiría atraer inversiones y fomentar la innovación y el desarrollo. Y es cierto, aunque no el único factor para lograr esos objetivos. Investigación, innovación y propiedad intelectual son herramientas que Uruguay debería tomar muy en serio como estrategia de desarrollo del país, cuidando que sus investigadores, científicos y desarrolladores tecnológicos tuvieran las condiciones necesarias para efectuar su labor. Sin embargo, en este momento asistimos, por ejemplo, a un preocupante escenario de recorte presupuestal para la Universidad de la República, principal productor de investigación a nivel nacional, que –entre otras cosas— afectará su capacidad de investigar.
De cualquier manera, sería buena cosa que rápidamente Uruguay firme el Tratado de Cooperación entre Patentes, por lo que la decisión del Ministerio de Industria es por demás acertada, no solo porque es muy difícil de entender por qué un país que dice apostar a la innovación y el conocimiento como una de las vías de desarrollo para su gente, no hace uso de este tipo de instrumentos que se encuentran disponibles, sino además porque en un mundo competitivo y global desde este rinconcito del mundo no podemos darnos el lujo de desperdiciar el talento de nuestra gente.