Opinion | 29 Jul Al acercarse el tratamiento de la Rendición de Cuentas, se percibe que en esta oportunidad la revisión presupuestal adquiere una importancia más significativa que en períodos anteriores, porque se está ante el desafío de ajustar el gasto estatal a la situación real de las cuentas del país, contrariamente a la forma en que se manejó la elaboración del Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones por el Poder Ejecutivo.
Precisamente en ese entonces, aun cuando nadie podía ignorar que estábamos en una etapa de desaceleración de la economía, con un entorno mundial y regional muy distinto del que gozáramos en la última década, igualmente el Ministerio de Economía y Finanzas con el Cr. Danilo Astori al frente envió al Parlamento --y obtuvo la aprobación-- un proyecto de ley presupuestal que manejó el concepto de ingresos y egresos como si la economía no estuviera en desaceleración. Pese a los cuestionamientos de prácticamente la unanimidad de los economistas, siguió adelante con el proyecto, lo que ha agravado el déficit fiscal hasta situarlo en prácticamente el 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
En esa oportunidad, Astori dijo que si no se daban las condiciones previstas --era imposible que se dieran, -- ello se corregiría en la Rendición de Cuentas de este año, y este es precisamente el punto: cuando ya se han afectado partidas para gastos e inversiones para las que no se contaba con respaldo económico, hay que llegar al ajuste inevitable que se quería ignorar. Pero ahora es mucho más difícil sacarle a los sectores favorecidos lo que ya se les había adjudicado en el presupuesto.
Por lo tanto el tratamiento en la Rendición de Cuentas en el partido de gobierno, que cuenta con su propia mayoría parlamentaria, incorpora un elemento de discusión interna que debió haberse evitado y dilucidado un año atrás, asumiendo la realidad en lugar de exhibir un billete de lotería como si prácticamente se tuviera el premio en la mano y no solo una ínfima posibilidad de ganarlo, como efectivamente es el caso.
Los hechos son lo que son y el Poder Ejecutivo ha debido enviar al Parlamento una Rendición de Cuentas con los correctivos en el gasto necesarios para que den los números, y el gran debate se sitúa en dónde pasar el bisturí, con un gasto social considerado intocable por motivos ideológicos, pero sin evaluar si realmente se está gastando eficientemente y haciendo un uso criterioso de los recursos que aportamos todos los ciudadanos, para empezar.
Los tiempos urgen, sin embargo, y se ha sabido en las últimas horas que ya unos cuarenta diputados del Frente Amplio (el 80% de la bancada), pertenecientes al MPP, Partido Comunista, Partido Socialista, lista 711, Partido Por la Victoria del Pueblo y Liga Federal, se niegan a votar el artículo de la Rendición de Cuentas que posterga los aumentos proyectados en el Presupuesto para los órganos de la educación pública.
En este contexto, ya enviaron una propuesta al Poder Ejecutivo con una fórmula diferente a evaluar, pero el punto es que el Frente Líber Seregni (FLS), que agrupa a diez diputados de Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, ha quedado en minoría y, llegado el caso, puedría ser obligado a votar junto a la mayoría, o eventualmente postergar el tratamiento para trasladar el problema al Senado. De esta forma, una vez más el astorismo quedará en falso.
Según da cuenta El País, el problema está centrado en el artículo 6 de la Rendición de Cuentas, que establece un abatimiento de $ 1.437 millones (aproximadamente U$S 48 millones) para 2018, de aumentos que ya se le habían otorgado en la ley de Presupuesto a la ANEP ($ 793 millones), UdelaR ($ 544 millones), y UTEC ($ 100 millones), que es el área elegida por el Poder Ejecutivo para pasar la tijera.
Mientras la discusión está centrada en la bancada de gobierno, desde la oposición --que si no tiene apoyo de al menos una parte del oficialismo, no cuenta con votos para torcer ninguna decisión--, por el lado del Partido Nacional se ha traído a colación para plantear en la Comisión de Presupuesto y Hacienda alternativas de reasignación de gastos que significarían la reducción de un 8% de gastos secundarios en el Estado, con lo cual se evitaría postergar los recursos para la educación pública.
La propuesta sustituye todos los recortes al gasto social por $ 2.600 millones que propone el Poder Ejecutivo. En su lugar aplica recortes en rubros como la publicidad estatal, pasajes y transportes dentro y fuera del país, arrendamiento de inmuebles dentro y fuera del país, contratos de arrendamiento de obras y el cambio de equipos informáticos, de mobiliario y otros equipamientos de oficina.
Si no fuera aprobada, una segunda formulación del artículo sustitutivo permitiría financiar los recortes que se le hacen a ANEP, la Universidad, el Instituto de Evaluación Educativa (Ineed) y el Hospital de Clínicas por $ 1.450 millones aproximadamente.
Si tampoco fuera aceptada esta propuesta, una tercera versión del artículo 6 permitiría reasignar rubros no prioritarios para obtener recursos para cubrir recortes en la UdelaR y el Hospital de Clínicas por $ 630 millones.
Mientras tanto, desde la bancada del Partido Colorado se apunta a obtener apoyo para tres aditivos, centrados en la prohibición de la provisión de las vacantes en la Administración Central, establecidas en uno de los aditivos y por el plazo de cinco años, lo que significaría un ahorro de U$S 40 millones por año, según explicó el diputado Conrado Rodríguez.
Si a ello se le suman los ahorros por no cubrir vacantes en los entes autónomos y servicios descentralizados y en las empresas constituidas por las normas de derecho privado cuyo patrimonio sea propiedad de entidades estatales, se consiguen los recursos suficientes para no abatir las partidas incrementales para la educación pública por el 2017, añadió el legislador.
Entre estas alternativas, en que hay conflictos de intereses y posturas ideológicas, debe dilucidarse el viejo dilema de la frazada corta, que no da al mismo tiempo para cubrir la cabeza y los pies, y que forma parte del desafío de gobernar teniendo en cuenta el interés general y no el de los lobbies que intentan llevar agua para su molino.
Pero, sobre todo, pone de relieve que el precio de jugar para la tribuna en tiempos de abundancia es el de pagar mayores costos cuando el escenario se revierte, por comprometerse en gastos permanentes que solo se pueden sustentar a base de ingresos excepcionales que, como tales, ya no existen.