Opinion | 26 Jul De acuerdo con un reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), más de la mitad de la población de nuestro país tiene alguno de sus derechos cercenados, ya sea el acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación o a una vivienda digna, que son incorporados en la Constitución como un objetivo a satisfacer para todos los ciudadanos.
Por supuesto, no basta con incluir en la Constitución derechos inalienables para que satisfacerlos se haga realidad, sino que se trata de la incorporación de objetivos prioritarios para atender a través de instrumentos jurídicos el ordenamiento institucional y el propio esfuerzo de los ciudadanos, sin esperar que todo venga del Estado.
En este caso el documento, al que accedió El País y que es un resumen de los datos a 2015 presentados por el Mides en la VI Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las Capacidades Humanas (Alcadeca), que se desarrolló el mes pasado, indica que “48,1% de la población no presenta ninguna carencia en derechos sociales” en Uruguay, por lo cual se infiere que el 52% restante sí presenta estas carencias.
El informe sostiene que “el 33,4% de los uruguayos presenta una carencia, el 13,3% dos carencias y el 5% tres”. A la vez, cuando se analiza puntualmente qué tipo de derecho tiene vulnerado esta población, se advierte que 32,7% de los uruguayos, equivalentes a un total de 1.112.413 personas, tiene cercenado el derecho a la vivienda. El 22,9%, un total de 778.992 ciudadanos, sufre lo mismo con respecto a la educación, el 18,6% (633.359), con la seguridad social y el 2% (67.128), con la salud.
Asimismo, “las personas de 65 años y más son los que presentan una mejor situación relativa, con un 60,4% sin derechos vulnerados. Por otra parte, el grupo de 18 a 29 años es el que presenta la peor situación, con la menor proporción de personas sin carencias y el mayor porcentaje de personas con dos carencias o más”, señala el informe. Añade que “en cuanto al tipo de derecho vulnerado, las personas de 18 a 29 años se diferencian del resto por la alta prevalencia de la carencia en seguridad social (35,2%), mientras que los menores de 18 años muestran la mayor incidencia de vulneración en el derecho a la vivienda (48,1%)”.
Por otro lado, dentro de este espectro de situaciones, el documento analiza que hay un 11,5% de la población que vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza, recogiendo de datos del informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2013 (en 2015 esta cifra es de 9,7%).
También en la discriminación por edades surgen diferencias significativas, por cuanto el informe da cuenta de que la pobreza es casi ocho veces mayor en los menores de 18 años respecto a las personas de 65 y más. En el tramo que va de 0 a 17 años el 21,3% de la población vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, de 18 a 29 años esta cifra ya cae al 11,8%, de 30 a 64 es de 8,1% y de 65 y más es de apenas 2,8%, sostiene el documento del Mides.
Naturalmente, los datos estadísticos son solo números que recogen una diversidad de situaciones y una realidad social muy heterogénea, que tiene sus raíces en escenarios históricos en el Uruguay. No puede obviarse que la marginación reproduce la marginación, en un círculo vicioso del que no es fácil salir, por factores socioculturales, y se necesita desde el Estado llevar adelante políticas inclusivas para hacer que esta realidad se vaya transformando y en la medida de lo posible responda a plasmar en hechos los derechos que están recogidos en los enunciados, pero que es necesario llevarlos a escenarios reales.
En este análisis no puede obviarse que el Uruguay, como el resto de la región, se vio favorecido en la última década por un escenario internacional muy beneficioso para sus exportaciones de materias primas, lo que permitió ingresos adicionales excepcionales que reactivaron la economía, inyectaron recursos durante un período favorable que tal vez haya sido el más largo de la historia y que pudieron haber establecido una diferencia para generar la inclusión que mencionábamos.
Pero para generar un impacto en esta vasta problemática a que alude el estudio, se deben desarrollar políticas de Estado de mediano y largo plazo, por encima de los partidos que accedan al gobierno, por cuanto se trata de generar diagnósticos, proyectos y su instrumentación en áreas muy sensibles, y los condicionamientos por coyunturas se conjugan con los cortoplacismos de origen político-electoral que juegan contra la posibilidad de acordar las políticas de Estado a que nos referíamos.
Hay igualmente conceptos básicos que deberían observarse en todo gobierno, que pasan por resistir la tentación de distribuir generosamente recursos para sostener clientelismo político, y una forma de hacerlo es mantener a los sectores menos favorecidos como rehenes de una asistencia social que no ayuda a resolver el problema de fondo, y solo lo maquilla mientras duren los recursos.
Es lo que se ha hecho en alguna medida a través de los planes que se han instrumentado en la última década, al distribuirse recursos sin contrapartida del esfuerzo y de resultados en el área de la educación y la capacitación, entre otros aspectos, y es así que la salida de la línea de pobreza y de la indigencia queda como un simple dato estadístico que dura hasta que se termina el dinero que se reparte, para volver a la situación de antes o incluso peor.
En suma, la evaluación en cuanto a los derechos inalienables analizados en el informe es siempre sujeta a consideraciones, por cuanto tiene que ver con el qué, el cómo y el contexto, y en el período a que nos referimos hay luces y sombras, partiendo de la base de no dudar de las intenciones en cuanto a tratar de atender la amplia gama de situaciones que se dan.
Por ello es fundamental que el dinero se utilice criteriosamente en áreas críticas como la educación y la salud, el apoyo a emprendimientos sustentables que generen mano de obra, en financiar planes de vivienda con retorno que permitan sucesivamente ir reciclando recursos entre quienes lo necesiten, como destinos de primer orden.
Y sobre todo, como criterio base, hacer que el Estado gaste menos y mejor, para abaratar los costos de producción y de funcionamiento de empresas que son la base de la riqueza, como condición sine qua non para un enfoque global de las respuestas pendientes.