Nacionales | 31 Jul Los diputados frenteamplistas lograron aprobar en la Comisión de Presupuesto un artículo que reduce los recortes presupuestales previstos en la Rendición de Cuentas para el 2017. En particular acordaron postergar menos recursos en la educación de lo que estableció el gobierno en el proyecto de ley original, acordado a comienzos de junio entre el presidente Tabaré Vázquez y el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.
En general, en vez de recortar y diferir 2.600 millones de pesos para 2018, se bajó esa cifra a 1.750 millones. En cuanto a la educación, en vez de quitarle 1.500 millones en 2017, el recorte acordado por el Frente Amplio y aprobado en Comisión fue de 650 millones.
Se mantienen 850 millones que favorecen a la Universidad de la República en su mayoría, y algo a la ANEP y la Universidad Tecnológica (UTEC). Este nuevo artículo con recortes menores se votó 9 a 8, y se logró con la ausencia del diputado frentista de Treinta y Tres, Edgardo Mier (Liga Federal), que se opone a los recortes en educación, al tiempo que la oposición votó en contra. El problema es que el Frente Amplio aún no tiene todos los votos asegurados para aprobar esta propuesta alternativa en el Plenario de la Cámara y faltan cuatro votos, según dijeron a Subrayado fuentes políticas. Se trata del Partido Comunista (un voto), la Liga Federal (dos votos) y el Partido por la Victoria del Pueblo (un voto).
Al principio 40 de los 50 diputados del Frente se negaban a votar un solo peso de recorte en el presupuesto de la educación, pero con el correr de las negociaciones y sobre todo después de que el presidente Tabaré Vázquez moviera sus fichas a través del vicepresidente Raúl Sendic, varios sectores se mostraron más flexibles y abiertos a considerar un recorte menor. Los diputados de Sendic y del Movimiento de Participación Popular (MPP), liderados por el senador y expresidente José Mujica, abrieron la posibilidad de un acuerdo.
La bancada del Frente Amplio votó un aditivo a la Rendición de Cuentas que quita la posibilidad a las empresas privadas de descontar donaciones que realizan a las universidades privadas, dijeron a El País fuentes de la coalición. La propuesta fue realizada por el grupo IR que lidera la diputada Macarena Gelman, y acompañada por el resto de los sectores. Se mantienen los beneficios de las donaciones para la Universidad de la República y otras organizaciones sociales. Asimismo, podrán seguir descontando impuestos las empresas que donen a instituciones privadas cuyo objeto sea la educación Primaria, Secundaria, técnico-profesional “debidamente habilitadas, y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas, así como para financiar infraestructura educativa de las instituciones que presenten su proyecto educativo a consideración del Ministerio de Educación y Cultura”. Por otro lado, el Frente Amplio retiró del proyecto de Rendición de Cuentas el incremento de las tasas del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), ante la advertencia de la oposición de que se trata de una disposición inconstitucional. La iniciativa se presentará como un proyecto de ley por fuera de la Rendición de Cuentas. El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) explicó en la comisión de Presupuesto que la decisión de retirar el artículo busca evitar una declaración de inconstitucionalidad, en tanto el nacionalista Pablo Abdala había advertido que el incremento de las tasas del IASS era “inconstitucional”, porque no se pueden modificar las pensiones en una norma presupuestal o de Rendición de Cuentas.
El presidente Tabaré Vázquez dio por “violado” el acuerdo que había alcanzado con el Secretariado del Frente Amplio por la Rendición de Cuentas y así se lo comunicó por teléfono el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, a Daniel Marsiglia, integrante del terceto que dirige la coalición de izquierda, según supo El País. Mañana comenzará la votación en el Plenario de la Cámara Baja y hasta ese momento hay tiempo para intentar convencer a los cuatro diputados del FA que aún se niegan a votar recortes de presupuesto en la educación durante 2017.

ESTAFA CON PRÉSTAMOS LLEVA 36 PROCESADOS
Una de las redes de estafa más grandes de Uruguay logró expandirse por la zona metropolitana en menos de seis meses, según declararon ante la Justicia los implicados en el caso y hasta el momento hay 36 procesados.
Se trata de una “megaestafa”, según describieron a El País investigadores que lograron desarticular la banda que ya contaba con un centenar de participantes. La maniobra consistía en abrir empresas ficticias ante el Banco de Previsión Social (BPS). Es decir que se inscribían legalmente, pero en realidad nunca se llegaban a efectivizar trabajos y luego de este primer paso, los estafadores falsificaban recibos de sueldo y facturas. Esta era la documentación necesaria para solicitar préstamos de hasta $ 90.000 en distintas firmas financieras del país, dinero que nunca era reembolsado. Hasta el momento, se estableció que con las reiteradas estafas a casas financieras de Canelones y Montevideo, se llegó a una suma cercana a $8 millones, unos U$S 270.000. La Justicia aún no cerró el caso y seguirá indagando a más personas que están identificadas, en la próxima semana.

COMPROMISO POR TRATA DE PERSONAS
Uruguay se sumó en la víspera a la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, y llamó al “compromiso colectivo” para luchar contra este flagelo en defensa de los derechos humanos, informaron fuentes oficiales. La Trata de Personas es “una forma moderna de esclavitud” que afecta a “millones de seres humanos” a nivel mundial y de la que “ningún país” está exento.
Asimismo, añade que este delito afecta principalmente a niños, adolescentes y mujeres, sin distinción de edad, condición socio-económica, etnia, género, identidad de género u orientación sexual, por presentar alguna discapacidad, entre otros factores. “La naturalización de la violencia y el abuso de poder se convierten en un obstáculo a la hora de prevenir y combatir este delito.
Para cambiar esta realidad es necesario el compromiso colectivo, fundado en la solidaridad, la toma de conciencia y la priorización de los derechos humanos”, señaló el documento.
De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, esta práctica afecta a más de 2.400.000 personas que son explotadas y es el tercer “negocio lucrativo” del crimen transnacional organizado, después del tráfico de drogas y el comercio de armas. Además, destaca que junto al Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social integran la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, creada en 2008.
Entre los cometidos de esta mesa se encuentran construir un espacio de articulación, coordinación y asesoramiento para el desarrollo de políticas públicas que contemplen un sistema integral de respuesta a la trata de personas.