Locales | 06 Ago En pocos días, se apunta a organizar una nueva asamblea de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, luego del rechazo a la resolución del directorio con respecto a la decisión de recortar montos de las prestaciones y beneficios ante la situación económica de la caja.
Se agrega, tras la instancia del mes anterior, que el presidente Tabaré Vázquez refrendó, hace pocos días, lo decidido por el directorio de la Caja en cuanto a recortes en la compensación por atención médica, partidas por aguinaldo y reducción de la tasa de reemplazo. En los hechos, esto conlleva recortes en las prestaciones a los pasivos de esta caja, según destacó a EL TELEGRAFO Ramón Appratto Lorenzo, quien integra el Comité de Crisis designado por la última asamblea para analizar los pasos a dar.
El profesional sanducero recordó que este paso se decidió en la Asamblea General Extraordinaria, abierta a socios y no socios, en convocatoria para informar sobre la decisión tomada por la mayoría del directorio de la Caja que dejó sin efecto varias de las prestaciones percibidas desde hace mucho tiempo.
El integrante del Comité de Crisis señaló que más de 300 personas, durante tres horas, participaron de la reunión. Hicieron uso de la palabra más de 60 oradores, quienes manifestaron su desacuerdo con el directorio que, desde el punto de vista de los jubilados y pensionistas, se excedió en sus resoluciones. Por unanimidad y aclamación, se votó una moción consensuada y presentada por un grupo de afiliados que recoge el sentir de los afectados, puntualizó. Hizo hincapié en que, como se esperaba, tras el apoyo de sus representantes en el seno del directorio, el Poder Ejecutivo refrendó la decisión que, en los hechos, recorta por varios ítems las prestaciones a los jubilados y pensionistas de la Caja, que suman unos 15.000 en todo el país.
El directorio de la Caja anunció que elimina el pago del aguinaldo, la compensación para gastos de salud y modificará el sistema de cálculo de las jubilaciones, es decir, la tasa de reemplazo, llevándola del 60 al 50% de lo percibido en el ficto de actividad.

NO SE PLANTEARON
ALTERNATIVAS
Dijo Appratto que lamentablemente “no se les cayó ni una idea” a los integrantes del directorio para proponer un camino alternativo a la supuesta inviabilidad de la Caja para 2026. Además, se tomaron por ciertos elementos que están muy lejos de haber sido probados, con el rechazo de la presentación de los pasivos en el directorio.
Entre otros aspectos, el ingeniero mencionó que de un universo de 130.000 afiliados, aproximadamente la mitad de los profesionales no aporta, porque aducen que no están ejerciendo la profesión. Atribuyó que, de esta forma, se retacean ingresos que deberían financiar la caja. Ello revela falta de controles con respecto a si realmente quienes indican estar en esta situación no están en condiciones de aportar.
Subrayó asimismo que otro aspecto a revisar es el de la gestión de las inversiones con el dinero de la caja, porque tiene que ver directamente con el estado financiero del organismo.
La resolución adoptada por la última asamblea establece que “reunida la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, para considerar la resolución tomada por la mayoría del Directorio por la que se recortan jubilaciones y pensiones a partir del 1º de julio de 2016, resuelve:
1º) Repudiar la resolución de la mayoría del Directorio de la Caja, que despoja a pasivos y activos de prestaciones actuales y futuras, en el momento de un balance superavitario en casi 1.500 millones de pesos en el año 2015 y con un patrimonio próximo a los 400 millones de dólares.
2º) Aplaudir el voto en contra, la impugnación de la resolución y los fundamentos expuestos en defensa de nuestros derechos, por el representante de los jubilados y pensionistas, Dr. Hugo de los Campos, así como la actuación coadyuvante de sus suplentes Dr. Felipe Brussoni y Cra. Elia del Río.
3º) Expresar nuestra sorpresa y desagrado por la actitud de las gremiales universitarias y del Poder Ejecutivo, propiciando con su voto dichas decisiones.
4º) Analizar la situación y comportamiento de los directores que votaron tan arbitrarias medidas, así como la responsabilidad de funcionarios jerárquicos involucrados.
5º) Destacar la actitud de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja que en resolución del 26 de marzo de 2016, denuncia serios defectos de gestión del directorio.
6º) Designar un Comité de Crisis y encomendarle adoptar las medidas y acciones necesarias para enfrentar esta emergencia, integrado por tres miembros de la mayoría y dos de la minoría de la Comisión Directiva y dos representantes del Interior.
7º) Declarar a esta Asamblea en sesión permanente, encargando al Comité de Crisis en coordinación con la Comisión Directiva, -cuando corresponda-, su citación con un plazo no menor de 72 horas.
8º) Apoyar las acciones judiciales que interpongan jubilados y pensionistas en procura de invalidar las resoluciones del Directorio, que aprobó la quita de legítimas prestaciones sociales.
9º) Encomendar a nuestra Asociación la denuncia de esta grave situación ante el Parlamento Nacional, los organismos de contralor y la sociedad en general”.
En otro orden, se votó responsabilizar de la situación denunciada a los integrantes del directorio que votaron la resolución: Cr. Alvaro Correa, Arq. Carmen Brusco, Dr. Alvaro Roda, Ing. Luis Altezor, Dr. Ariel Nicolielo y Ec. Adriana Vernengo.
Además, incluir en las reivindicaciones que lo recaudado por concepto del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) se reintegre a cada Caja, según lo recaudado, para salvar posibles riesgos, como los que hoy se esgrimen. Dar a conocer, a través de los medios de prensa, los sueldos que cobran directivos y funcionarios jerárquicos de la Caja Profesional, “en momentos que plantean quitas importantes a jubilados y pensionistas, quienes somos los auténticos dueños de la institución”.