Locales | 06 Ago “El cierre del Juzgado en Piedras Coloradas fue hecho en el marco de trece cierres en todo el país y se basó de manera fundamental en cuestiones presupuestales”, dijo el diputado Nicolás Olivera tras reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo C. Pérez Manrique. Además, “estuvo relacionado con una reestructura territorial”, subrayó.
“El Poder Judicial está realmente en una situación compleja a nivel presupuestal. Tan así que está en diálogo con el Poder Ejecutivo para lograr una transferencia de fondos que le permita llegar a fin de año, solamente para pagar los gastos corrientes”, dijo Olivera.
A esto se suma “el conflicto con los judiciales, que ya tiene un dictamen en segunda instancia en favor del reclamo de los funcionarios del Poder Judicial, condenando al pago del 21,6%. Además está en curso el recurso de inconstitucionalidad que impugna la postergación por ley del pago”, dijo el diputado por el Partido Nacional. En total, “se está hablando de entre 80 y 90 millones de dólares, una suma que el Poder Judicial no dispone, así que hay que estar atentos para saber cómo se podría pagar esto”.
El Juzgado de Paz de Primera Categoría de la Tercera Sección Judicial, ubicado en Piedras Coloradas por alrededor de cien años, servía a una amplia zona, integrada por Orgoroso y otras localidades, no solo como juzgado, sino como Registro Civil. Tras su cierre --el 15 de julio pasado--, “no se descarta seguir el proceso con otras sedes judiciales en otras partes del país.
El presidente de la Suprema Corte aseguró que fue difícil tomar algunas decisiones porque se trataba de un juzgado con mucha trayectoria. Pero al mismo tiempo dijo que, llegado el momento, se puede revertir la decisión”. Más allá de la falta de recursos, “hubo una reestructura geográfica, por lo que la jurisdicción de Piedras Coloradas la absorbió la ciudad de Paysandú, a través de sus Juzgados de Paz”. Además, “está pensado que los jueces puedan periódicamente trasladarse al interior del departamento y atender situaciones en el territorio. Esa es la idea”.
Nicolás Olivera conversó con Pérez Manrique sobre la posibilidad de que en Paysandú se establezca “un turno más en el Juzgado de Familia y Violencia Doméstica. Actualmente están los turnos 1º, 3º y 7º, pero en total tienen que atender entre 8.000 y 9.000 expedientes por año, que es un volumen muy importante. Es claro que falta un juzgado más, incluso con alguna especialidad en Violencia Doméstica, para que los otros se ocupen de Familia”.
Asimismo, “en el marco de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal y el Código Aduanero, en Paysandú se instalaría un Juzgado de Paz para atender los asuntos aduaneros”.