Opinion | 11 Ago Para su desarrollo los países dependen en gran medida de sus recursos naturales y humanos y, cada vez más, resulta claro que no se puede pensar en desarrollo sin considerar la sustentabilidad y la calidad de vida de las personas. Los recursos hídricos constituyen un capital de primer orden, pero además son un recurso que está sufriendo diferentes tipos de presiones (productivas, económicas, ambientales) que pueden llegar a comprometer su futuro.
En este contexto, la gestión del agua es un tema prioritario en la agenda de la mayoría de los países y en el nuestro ha comenzado a discutirse una propuesta de Plan Nacional de Aguas. El hecho tiene relevancia puesto que es la primera vez que nuestro país se propone encarar un plan nacional de este tipo, abordando el tema del agua de manera integral y con una mirada estratégica de largo plazo.
En el marco de los compromisos asumidos con la sustentabilidad, Uruguay se propone avanzar hacia una gestión integrada y participativa del agua, tal como lo establece la reforma de la Constitución de 2004 respaldada por plebiscito y reglamentada por la Ley Nº 18.610 de Política Nacional de Aguas (2009).
Con una visión territorial, el plan responde al mandato establecido por la referida ley en cuanto a formular planes que contengan los lineamientos generales de la actuación pública y privada en materia de aguas. La misma norma señala que los consejos regionales de recursos hídricos y las comisiones de cuencas y acuíferos colaborarán activamente en la elaboración de planes regionales y locales de cuencas.
Esto implica una fuerte apuesta a la consideración de todas las perspectivas, inquietudes y propuestas que surgen de la sociedad en relación a la gestión de los recursos hídricos y sus posibles impactos, así como un esfuerzo por establecer e integrar compromisos y acciones de los actores de la sociedad en relación a la gestión de las aguas.
A fines de julio el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente realizó el lanzamiento de una instancia pública de debate sobre dicho plan, en la que participaron unas 350 personas entre autoridades nacionales, departamentales y locales, representantes de la sociedad civil organizada y de la academia, del ámbito científico y de la cooperación internacional que desbordaron la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, en Montevideo.
Durante los próximos seis meses estará abierta la revisión y discusión de lo propuesto y se pretende arribar a un documento final en el primer semestre del año 2017. El mismo deberá armonizar los diversos intereses e inquietudes de la ciudadanía, el sector productivo y las instituciones gubernamentales involucradas en el tema.
Como bien señala el propio plan en su presentación, para gestionar los recursos hídricos de manera responsable y sostenible es necesario mantener una visión integral sobre todas las actividades involucradas, el mantenimiento de los ecosistemas asociados, los paisajes e incluso la cultura. En este sentido, el plan plantea como una necesidad “cambiar el paradigma de planificación sectorial que prevaleció históricamente y pasar a una visión integral que reconozca la interacción e influencia de las diversas actividades”.
Enfatiza también que la utilización y gestión del agua requiere capacidades, planificación e inversiones, y requiere también abordar situaciones extremas como las sequías y las inundaciones. “En un contexto en el que las actividades productivas aumentan la presión sobre los recursos hídricos, el Estado debe intervenir para garantizar derechos, regulando usos y estableciendo los límites necesarios”, agrega.
Los objetivos del plan son garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho humano fundamental de acceso al agua potable y al saneamiento, incluyendo el drenaje pluvial, y garantizando la prioridad a los sectores más vulnerables; asegurar agua en cantidad y calidad para el logro del desarrollo social, económico y productivo del país de forma sustentable, mediante la gestión integrada y participativa de los recursos hídricos, considerando la capacidad de carga de cada cuenca, los impactos acumulativos de las actividades humanas, el equilibrio entre oferta-demanda, la eficiencia en el uso de las aguas y la salud de los ecosistemas acuáticos; y también prevenir, reducir y adaptarse a los efectos de eventos extremos y del cambio climático.
Otro objetivo es la mitigación de impactos producidos por eventos antrópicos y de origen hídrico, a través de instrumentos de planificación y gestión de riesgo que articulen diferentes políticas públicas vinculadas a los recursos hídricos tales como medio ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo agropecuario, forestal, industrial, transporte y energía.
Dentro de seis meses, una vez finalizadas estas instancias de divulgación y discusión de la propuesta, la Dinagua integrará en una versión final los aportes y ajustes al plan nacional para su consideración por el Mvotma, como instrumento fundamental de la política nacional de aguas.
El documento que el Mvotma puso a consideración de todos los uruguayos es un punto de partida para la discusión de un tema que nos involucra a todos. El mismo texto explicita que se trata de un plan “con vocación de ser interpelado, modificado y ajustado”, lo cual sólo será posible si los ciudadanos nos apropiamos de él, debatimos sus propuestas y nos comprometemos con las acciones planteadas.
El agua no solo es un bien esencial para la vida de todas las especies que viven en el mundo sino también un derecho humano fundamental y un recurso finito, que –aún en países que la tienen en abundancia-- necesita ser objeto de un tratamiento especial y con respecto al cual el Estado tiene responsabilidades ineludibles. Entre éstas se encuentra la protección de su calidad así como la garantía de que todos tengamos acceso al agua y en cantidad suficiente. La instalación de grandes industrias que consumen millones de litros tomados diariamente de nuestros cursos de agua, la contaminación proveniente de diversas fuentes y el uso irresponsable del recurso deben ser objeto de cuidadosa atención, por lo que la gestión del recurso debe estar integrada al desarrollo territorial, productivo y social.
En este contexto, establecer un Plan Nacional de Aguas con “licencia social” representa una importante apuesta a la consideración de las propuestas, inquietudes y visiones que puedan existir sobre la gestión de los recursos hídricos, pero también un esfuerzo necesario.