Paysandú, Domingo 14 de Agosto de 2016
Nacionales | 08 Ago Hoy, el Pit Cnt y el presidente Tabaré Vázquez se reunirán en la residencia de Suárez y Reyes, donde debatirán sobre las pautas salariales, en tanto la central de trabajadores presentará una propuesta “que garantice el poder de compra de los trabajadores”.
Fernando Pereira, presidente del Pit Cnt, destacó la importancia de este encuentro y dijo que “hay un conjunto de temas que el movimiento tiene que plantear”.
“Hemos avanzado en varios puntos, como las pensiones y jubilaciones mínimas y en parte en el abatimiento que planteaba en principio la Rendición de Cuentas en el gasto social”, analizó, pero aclaró que “uno de los temas pendientes” son los convenios colectivos. Para Pereira, la formulación de las pautas salariales tal como están planteadas por el Poder Ejecutivo van a afectar el salario real. En ese sentido, adelantó que presentarán una propuesta a Tabaré Vázquez, con la que intentarán que “se garantice el poder de compra”.
Por otra parte, el presidente de la central dijo que la situación actual del Mercosur le “preocupa mucho”. “El Mercosur es vital para el desarrollo nacional y, aunque en los discursos públicos no se le dé importancia, es vital para el país”, dijo y explicó: “Un país de tres millones de habitantes no puede hacer su política exterior sin contar con Brasil y Argentina, sin contar con Venezuela o Paraguay”. “Hay que fortalecer ese bloque, darle la vitalidad política y cultural que debe tener; esto tiene que ser un esfuerzo de los países, pero no lo hemos logrado hacer en estos últimos años”, sentenció.
OPOSICIÓN CRITICA FINANCIAMIENTO DE ALAS URUGUAY
El Partido Nacional afirma que la aerolínea Alas Uruguay recibió dos millones de dólares y no precisa el origen del dinero. La oposición quiere saber si el gobierno le inyectó más capital a través del Fondes y denuncian que el dinero volcado en todo el proceso supera los recortes planteados para la educación en la Rendición de Cuentas. En tanto, afirman que la aerolínea está en una situación delicada y rechazan ver este tema con sesgo ideológico, informó El Espectador. El diputado nacionalista Pablo Abdala solicitó información y advierte que, en caso que no llegue, no descarta llamar al Ministro de Transporte a sala. En mayo, el legislador cursó un pedido de informes que aún no fue respondido.
Para Abdala existe preocupación por la empresa que es privada pero fuertemente subsidiada por el Estado y en la que se comprometieron recursos de todos los uruguayos. Sostuvo que el monto total que el Estado lleva puesto en la aerolínea es superior a los recortes en educación que hoy se plantean en la rendición de cuentas.
El legislador dijo que en los últimos días circularon versiones sobre una nueva asistencia de dos millones de dólares que no fue desmentida en ningún momento por los representantes de la empresa. El sitio Enfoques.com publicó también la información que la aerolínea acordó con el gobierno esta suma de dinero para poder mantenerse volando y pagar las cuentas más apremiantes.
El sitio señala que el dinero procede de Casinos del Estado y tiene como fuente Rentas Generales. Allí también afirman que el directorio de Alas Uruguay acordó con el propietario de los dos aviones ucranianos devolverle la aeronave que quedó en el Uruguay, la segunda --porque la otra está en Chile-- a cambio de la deuda, estimada hoy en 900.000 dólares.
El avión no puede volar si antes no realiza una etapa obligatoria de mantenimiento. El diputado Abdala aseguró que cuenta con información, que requiere ser avalada o desmentida por los responsables de la aerolínea, también en dirección similar.
El legislador lamentó que no haya voluntad de las autoridades de dar información certera. Recordó que nadie se quiere hacer cargo de la situación. Los directivos de Alas Uruguay señalaron en varias oportunidades que le pegan a la compañía para desacreditar al Fondes y al gobierno del expresidente José Mujica. Aseguran que detrás de todo esto hay un tema ideológico que rechaza que los trabajadores se puedan hacer cargo de una empresa.
Abdala rechazó que mire este tema con una visión ideológica. De lo que se trata, dijo, es de que una empresa donde el Estado pone dinero tiene que ser rentable.
PEDIRÁN SACAR PERITO DE INVESTIGACIÓN DE ANCAP
Unos días antes de dejar su cargo como juez del Crimen Organizado, el doctor Néstor Valetti designó un equipo multidisciplinario integrado por distintos peritos con el objetivo de investigar presuntas irregularidades en Ancap en el período entre 2005 y 2015. La denuncia la presentaron distintos referentes de la oposición política, tras el trabajo realizado en la comisión investigadora parlamentaria.
Uno de esos peritos designados por la Justicia es una escribana que trabaja en la Secretaría Antilavado --organismo dependiente de la Presidencia de la República--, hecho que ha generado cierta resistencia en los jerarcas de esa repartición. El titular de la secretaría, Carlos Díaz, declaró a Subrayado que el organismo no pretende inmiscuirse en los asuntos que son facultad absoluta de la Justicia, pero entiende que por razones de delicadeza y ética sería preferente que nadie de la unidad participara de la investigación para generar transparencia absoluta durante el proceso. La causa investigará --entre otras cosas-- el accionar del hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic, cuando estuvo al frente de Ancap.
Díaz dijo que la Justicia puede nombrar a quien quiera para llevar adelante la investigación, pero no en nombre de la Secretaría Antilavado. Lo que se cuestiona no es el nombramiento sino la representación. Frente a esta situación, el responsable de la unidad antilavado solicitará este lunes una reunión a la nueva jueza del Crimen Organizado que ocupó la sede en lugar de Valetti, la doctora Beatriz Larrieu. También pedirá reunión con los senadores denunciantes para explicar las razones y la posición del organismo. Díaz dijo que la secretaría tiene excelentes relaciones y trabaja en forma unificada con la Justicia y que si la nueva jueza entiende que debe mantenerse la designación de la perito, acatarán la decisión. No obstante, insiste que en este caso --por razones de sensibilidad y ética-- la repartición tendría que excusarse de participar. Por su parte, el senador Pablo Mieres considera que hay una injerencia indebida de la Secretaría Antilavado en las potestades del Poder Judicial. Hoy se reunirá con los demás senadores denunciantes para analizar el caso.
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