Locales | 10 Ago Luego de que el diario El País publicara el informe que Ancap remitió a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre el derrame de combustible en la boya de Ancap, pocos kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, el abogado Marcelo Tortorella amplió una denuncia ya presentada. En el informe, reproducido también por EL TELEGRAFO, en su edición del lunes, Ancap reconoció el derrame de 265.000 litros de combustible, volumen que contaminó las aguas del Uruguay.
Marcelo Tortorella había presentado el año pasado una denuncia por contaminación contra Ancap, pero en marzo de este año, la fiscal letrada departamental Alicia Abreu Rivero determinó que “los hechos denunciados no encuadran en ilícito alguno previsto en el Código Penal o en Leyes Especiales”, por lo que el caso fue archivado.
Tras la publicación del informe --que hasta ahora había sido manejado de manera reservada--, Tortorella presentó “hechos nuevos, ampliando la denuncia, excitando el celo del Ministerio Público para que disponga la investigación y encausamiento de los responsables de los hechos denunciados”.
Ante el juez letrado de Primera Instancia de 4º Turno, Tortorella indicó que “no es posible que se ponga en riesgo la integridad sanitaria de toda una ciudad de más de 85.000 habitantes por una maniobra imprudente de trasbordo de combustible en condiciones inapropiadas y [que] aquí no termine pasando absolutamente nada”.
En su escrito entregado en las últimas horas a la justicia en Paysandú, agregó que “las conclusiones que surgen del desastre ocurrido frente a las costas de la ciudad de Paysandú el 2 de octubre de 2015 no pueden ni deben de pasar desapercibidas para la justicia y menos aún para el Ministerio Público, que prima facie entendió innecesaria la indagatoria, apoyando su decisión en la Ley 16.688 sobre Aguas de Jurisdicción Nacional”.
El abogado y edil departamental sostiene que ese es un error. “Resultaría del caso aplicar si la señora fiscal fuera fiscal administrativa de Marina”, dijo. Agregó que, “de hecho, no lo es, sino que tiene bajo su magistratura la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad en la jurisdicción territorial del departamento de Paysandú y en particular en el ámbito de la responsabilidad penal, al existir concretamente --reiteramos y muy respetuosamente a juicio del denunciante-- figuras delictivas precisas contenidas en le Código Penal, como las sugeridas oportunamente”.
Hacía referencia a los artículos del Código Penal 207 (Estrago), 211 (Incendio y Estrago Culpable), 218 (Envenenamiento y adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación pública) y 225 (Envenenamiento o adulteración culpables de las aguas destinadas a la alimentación).
Tortorella solicitó que se pida a la Dinama “copia íntegra autenticada de todas las actuaciones y conclusiones que derivaron de las investigaciones realizadas en relación al incidente del derrame de combustible”. También, como prueba testimonial, que se cite a declaración al responsable del Sistema Nacional de Investigadores, Eduardo Gudynas. El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por el artículo 305 de la ley 18.172, de 2007, en la órbita de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con el objetivo de fortalecer, expandir y consolidar la comunidad científica nacional, acompañado de la tarea de categorizar y evaluar periódicamente a todos los investigadores.