Opinion | 12 Ago Desde la creación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsionales (AFAP) en 1996, por las que los trabajadores tienen la posibilidad de volcar parte de sus aportes a un fondo personal que les permita, llegada la edad de retiro, tener una prestación proveniente de sus propios ahorros que no esté condicionada a la situación del Banco de Previsión Social (BPS) --y consecuentemente mejorada respecto a lo que le tocaría en caso de estar solo en el organismo estatal--, se ha generado polémica o visiones antagónicas respecto a su conveniencia.
En gran medida los cuestionamientos se han alzado desde el Pit Cnt y sectores radicales de izquierda, muy centrados en su visión ideológica, en el sentido de que todo debe estar en manos del Estado para que lo distribuya en forma equitativa, sin tener en cuenta, por ejemplo, el mérito de la constancia de haber ahorrado a base dell trabajo de toda la vida en un fondo propio, e incluso mediante inversiones de las AFAP, acrecentar los fondos para que su pasividad aumente.
Pero aún más allá de las posturas ideológicas o conveniencias, la realidad es que los trabajadores que aportan a las AFAP tienen la garantía --o por lo menos así debe ser en un estado de derecho-- de que el Estado no se apropie de su dinero, y a la vez tener la posibilidad de reasegurar su futuro mediante inversiones criteriosas. Mejor aún, en lo posible contribuir a financiar obras de infraestructura que permitan que el país esté en mejores condiciones para apuntalar su desarrollo, o que implica un círculo virtuoso de generación de riqueza y empleo, mejorar la calidad de vida y contar con más aportantes para seguridad social, incluso al BPS, entre otros beneficios.
En este contexto debemos situar recientes expresiones de la gerente general de Unión Capital y presidenta de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), María Dolores Benavente, quien expresó que los fondos previsionales siguen esperando por proyectos interesantes de Participación Público-Privada (PPP) para invertir y reclamó "más agilidad" en el proceso.
“En Uruguay es todo lento, pero se nos va la mano”, expresó, y consideró que entre las cuatro AFAP que hay en el mercado administran 20% del Producto Bruto Interno (PBI) --aproximadamente U$S 10.000 millones-- y manejan la futura jubilación de más de 1,3 millones de trabajadores, según indica El País.
"Siempre se dijo que en Uruguay no hacíamos obras de infraestructura porque somos un país pobre y no teníamos recursos, pero ahora tenemos los recursos (de los fondos previsionales) y tampoco hacemos las obras", manifestó la economista en una charla organizada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción en Uruguay (Appcu).
Estos conceptos deberían llamar más la atención porque provienen desde adentro de los propios administradores de los fondos que requiere el país, precisamente, y da la pauta de que habiendo disponibilidad quedaría por definir objetivos e instrumentos para que el dinero multiplique riqueza y favorezca la proyección y el trabajo de los uruguayos.
Entre otros aspectos, desde su creación en 2011 de la ley de PPP las AFAP participaron como inversoras en la construcción de una cárcel en Punta de Rieles --la única obra en ejecución bajo esta modalidad-- dando financiamiento por U$S 85 millones. Aparte de ese emprendimiento, están en proceso de presentación, licitación, adjudicación o firma de contrato cinco paquetes viales y un proyecto para la recuperación de 141 kilómetros de vías ferroviarias.
Benavente sostuvo que si aparecen "proyectos buenos y serios" las AFAP participarán, aunque cuestionó que para la licitación ferroviaria se haya incluido como garante a AFE, lo que opinó que resta "seriedad" a la propuesta. "En definitiva me pregunto” si el gobierno quiere que salga “o solo está presentando (proyectos)… Honestamente no lo sé", criticó.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Público-Privada, el Estado pagará a los inversores cuando la obra esté disponible para su uso y además los privados deben encargarse del mantenimiento durante la duración del contrato.
Precisamente según la economista Benavente hay muchas obras de infraestructura relacionadas con movilidad urbana, puertos, salud y educación que se pueden realizar con inversión público-privada y consideró que "son cosas que hoy se podrían hacer aunque estemos con tasas menores de crecimiento, que además serían muy dinamizadoras de la actividad a mediano y largo plazo", agregó.
Este es precisamente el punto, como lo hemos señalado reiteradamente desde esta página editorial: el objetivo debería ser llevar adelante acciones enmarcadas en políticas contracíclicas, y en momentos de desaceleración económica, como el actual, sería revulsivo por sus amplios beneficios el volcar esta masa de dinero a obras de dinamización del mercado mediante obras de infraestructura, que conllevan no solo el empleo y la dinámica inherente a su construcción, sino que sirven para sustentar el desenvolvimiento económico, la logística y la producción, nada menos.
En este sentido reveló Benavente que las AFAP ya tienen invertidos U$S 1.130 millones en diversos proyectos del sector productivo aunque "muy pocos son de infraestructura", e indicó que en los fondos previsionales "hay potencialidad para invertir hasta U$S 2.500 millones".
Bueno, la mención de este monto ya exime de abundar en más detalles, porque significaría crear infraestructura vital para las transformaciones y mejorar el perfil de cara al futuro. Pero los fondos no solo podrían ser volcados a infraestructura con participación privada y del Estado, sino que eventualmente podrían ser canalizados para financiar emprendimientos que permitan mejorar la calidad de vida y que necesitan ser amortizados a largo plazo, como es el caso de las viviendas de interés social.
En esta área, más allá del beneficio a los adjudicatarios directos --sobre todo cuando escasean los fondos públicos--, se proyecta esta circulación de dinero en la dinámica intrínseca a la industria de la construcción e infraestructura de apoyo, con efecto multiplicador en puestos de trabajo y demanda de insumos, por lo que también debería ser un aspecto a tener en cuenta en el marco de las perspectivas reales de afectar 2.500 millones de dólares que están “boyando”, que es de interés general reciclar y que tanto ser necesita en períodos de vacas flacas.
Y en apoyo a este concepto corresponde traer a colación expresiones del economista Alfonso Capurro, quien participó junto a Benavente en el foro de inversores privados de la construcción y dijo que ahora "no tenemos proyectos de inversión de envergadura" para seguir aislados de los vaivenes de los vecinos, por lo que para crecer se deberá aumentar la inversión y la productividad, porque el factor trabajo "está agotado".
Y las AFAP pueden ayudar, criteriosamente, a revertir este panorama si usamos el instrumento con inteligencia y desprovisto de contaminación ideológica.