Policiales | 16 Ago En un extraño proceder, un fiscal solicitó una indagatoria penal contra una ciudadana que anunció que si no tenía “respuesta de parte de las autoridades” sobre su caso, iba a “proceder a dar cuenta de los hechos denunciados a la prensa nacional y departamental, oral y escrita”. El suceso se conoció en las últimas horas tras una asamblea realizada por el Colegio de Abogados de Paysandú (CAP), que tomó posición frente a la situación.

NO SERÍA AMENAZA
La situación preocupa al Colegio en cuanto a que la mujer y su abogado fueron indagados por la Justicia por los dichos de la denunciante de dar cuenta a la prensa de lo que ella entendía falta de respuesta del Poder Judicial. Integrantes del Colegio de Abogados dijeron a EL TELEGRAFO que el caso podría significar un antecedente sobre las estrategias utilizadas por los abogados o sus clientes en la defensa de las personas y, eventualmente, un problema para el acceso a la libertad de expresión de la ciudadana, en el entendido además que sus dichos “de ningún modo puede constituir amenaza por solo expresar que acudiría a la prensa, en tanto dicha acción no constituye por sí un anuncio de sufrir la autoridad un ‘daño injusto’, según exige el artículo 290 del Código Penal”.

“DESAMPARO” DE DERECHOS INDIVIDUALES
La asamblea realizada el pasado 9 de agosto resolvió “expresar honda preocupación por el desamparo y afectación de derechos individuales al haberse solicitado por la Fiscalía Letrada de 2° Turno, la indagatoria penal a una ciudadana por un presunto delito de amenaza a la autoridad”, ya que la señora en cuestión denunció que había sido objeto de acciones violentas por parte de un vecino. “La última de estas agresiones tuvo lugar la noche del 26 de octubre (del pasado 2015) cuando por intermedio de un caño inundó mi casa de olor a gas teniendo que acudir el cuerpo de Bomberos y la Policía, por lo que en caso de no tener respuesta de parte de las autoridades competentes, tendré que proceder a dar cuenta de los hechos denunciados a la prensa nacional y departamental, oral y escrita, la que oportunamente se ha puesto a mi disposición”, señaló.

“CONTRADICTORIA SITUACIÓN”
En un tercer punto, el Colegio de Abogados expresa “lo contradictorio de la situación en el sentido de que, quien estaba siendo objeto de violencia y riesgo, resulta hoy indagada por una manifestación como la transcripta que de ningún modo puede constituir amenaza por solo expresar que acudiría a la prensa” si no le daban respuesta a su denuncia. También señalan “la gravedad de la situación” ya que se requirió la indagatoria penal también del abogado por el mismo supuesto.
Entienden que “estos procederes constituyen hechos graves e injustificados, que afectan las garantías fundamentales de los ciudadanos, comprometen el libre ejercicio profesional, menoscaban el secreto profesional, la libertad de expresión y generan desconfianza entre las víctimas del delito y los operadores jurídicos todos” en un caso “donde la víctima y su abogado terminan siendo juzgados, vulnerándose así los derechos superiores que pretendieron proteger”.

ABOGA EL COLEGIO
El miércoles 10 de agosto, al otro día de la asamblea, la ciudadana y su abogado debieron presentarse al juzgado para la indagatoria requerida por la Fiscalía “pese a la argumentación presentada por la defensa, que fueron dos profesionales designados por el Colegio de Abogados”, afirmó a EL TELEGRAFO una fuente vinculada al caso.