Paysandú, Miércoles 17 de Agosto de 2016
Locales | 15 Ago Para el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Jorge Ledesma, resulta fundamental que cada empresario decida por sí mismo respecto a la presentación de un recurso constitucional contra la Ley de Inclusión Financiera, por cuanto los recursos son individuales y no institucionales, y en este contexto subrayó la decisión de una próxima convocatoria en Paysandú con la presencia de representantes del estudio jurídico que promociona las instancias judiciales.
Destacó Ledesma que “si bien en la reunión de este sábado en Trinidad no avanzamos en la determinación de acciones inmediatas, hubo un informe de cargo del Dr. Facal para obtener más detalles, por cuanto hasta ahora habían sido tomado datos a través de los directivos. Pero ahora contamos con representaciones de unas treinta asociaciones empresariales de todo el país, y se pudo tener un panorama en detalle”.
Acotó que “junto al secretario del Centro Comercial, Felipe Medina, nos hemos sentido en la necesidad de traer a Paysandú el informe, pero ya a través del especialista, que es el Estudio Facal, porque surgen una serie de detalles. Ocurre que no es solo un artículo que hoy estaría en cuestión, sino que son varios, y es muy difícil evaluar porque esto se tiene que llevar por acciones individuales de las empresas, desde que la ley establece que no se puede llevar adelante como institución”.
Amplió Ledesma que “consecuentemente en los próximos días vamos a coordinar para traer al Estudio Facal a brindar una charla en el Centro Comercial, donde los asociados puedan tener pleno conocimiento de los detalles en los cuales podrían estar involucrados y se sientan motivados a llevar adelante los recursos”.
Subrayó en este sentido que por más que las asociaciones comerciales estén decididas a presentar los recursos, “es una decisión individual de cada empresario, llegado el momento”, pero sin dudas “es muy valioso que hayamos tenido una puesta al día de la situación, de las posibilidades. Nos vemos en la necesidad de trasladarlo en forma más precisa a la localidad, para que los empresarios reciban información de primera mano haciendo venir a los especialistas a Paysandú”.
PERJUICIOS VARIOS
Puntualizó que ha surgido de este encuentro que los empresarios “podemos estar perjudicados en distintas áreas con la aplicación de la ley. Siempre hemos dicho que consideramos importante para el desarrollo el contar con una ley de inclusión financiera, pero también dijimos que íbamos a estar atentos a todas las situaciones que por ahí no fueran tenidas en cuenta en el espíritu del legislador”.
Consideró que “hay cosas que pueden ser adoptadas de forma consciente y otras en que la aplicación arroja resultados no buscados”, por lo que “entendemos que la intención es favorecer a la mayoría. Pero nosotros con la aplicación estamos viendo algunas cosas que no nos van a favorecer y por lo tanto es necesario estar bien informado al respecto y tomar las medidas que cada uno estime pertinente”.
“Percibimos en esta reunión de Trinidad que son varias las cosas en que puedan estar involucradas empresas de distinto rubro, y en algunas cosas creo que ya están adoptando precauciones. Pero de cualquier forma entendemos que se tiene que estar protegido de la mejor forma por la ley, porque si lo dejamos librado a la voluntad de algunos el corregir cosas, después en algún momento las cosas pueden cambiar y si está dentro del derecho se está en el riesgo de que luego se pueda hacer y nos cause perjuicios”, reflexionó.
“Por lo tanto acá es necesario que se corrija, para que el efecto de la ley sea el mejor posible y encarado hacia el desarrollo”, observó, y recordó que por ejemplo “vemos que Argentina, a través de la cámara de la mediana empresa también está llevando adelante algunas medidas solicitando corregir los aranceles que aplican las tarjetas en ese país y que es un tres por ciento. Es decir mucho menor a la media que se aplica en Uruguay, que es del orden del cinco por ciento. Ellos están preocupados por un tres por ciento y la media que se aplica en Uruguay es superior al cinco por ciento. Ello nos da más razones para seguir trabajando en esto para tratar de revertir esta situación”.
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