Rurales | 16 Ago “Debería haber unanimidad en las medidas para que cuando se anuncien estén implementadas desde el día anterior”, señaló molesto ante EL TELEGRAFO Roberto Ceriani, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (Aplpe), al enterarse que las iniciativas que se habían anunciado para paliar la difícil situación por la que atraviesan los productores lecheros, algunas de ellas vinculadas a flexibilizar las obligaciones con el Banco de la República (BROU), y que de acuerdo al gobierno están en marcha desde el pasado viernes, aún no están operativas.
Sostuvo que esto le hará bien al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “porque será más creíble en sus decisiones”. Situaciones como las que se dan actualmente “a los dirigentes gremiales también nos deja en una posición bastante incómoda porque gastamos tiempo y dinero de los productores para acceder a reuniones y dedicar tiempo” y las cosas no se concretan.
El dirigente y productor remitente a Conaprole, precisó que tras las reuniones que se han efectuado en la capital del país, “llegamos con una serie de anuncios, generando expectativas y en realidad nos llaman los productores después de cierto tiempo, y quedamos como que estamos cantando una canción que no es, o estamos siendo un elemento de uso de toda la infraestructura política para tranquilizar los ánimos”.
Las declaraciones vienen al caso de las medidas conocidas la semana anterior, y que hasta la tarde de ayer no estaban en funcionamiento. Se trata del corrimiento de las amortizaciones con el BROU hasta junio de 2017 por concepto de créditos que habían sido concedidos, para inversiones que hubieran realizado los productores en sus predios. No incluyen créditos facilitados para capital de giro.
Ceriani aseguró que el Banco de la República para hacer todos estos cambios en los vencimientos “necesita de la modificación del sistema informático”, y que esos cambios están en manos de las autoridades del banco.
“A nosotros cuando nos plantean elementos diferentes para la sanidad del ganado o situaciones de legislaciones para el tambo lo debemos implementar y nos aplican multas si no lo cumplimos, pero en este caso” el propio gobierno publicita medidas que no se aplican en tiempo forma.
Manifestó que entre los puntos anunciados están los cambios en el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). Se aprobó generar un crédito fiscal por el cual se reduce del 1,1% al 0,1% hasta agosto de 2017 la tasa del Imeba. Esta medida beneficiará a quienes aportan a través de este impuesto y que no están alcanzados por el IRAE y que son quienes remiten menos de 2.000 litros de leche por día.
“No tenemos claro si se va a implementar por cuatrimestre, o siendo igual a lo que es la tributación del BPS, o hay que esperar al final del ejercicio para recibir ese beneficio, como se liquida el Imeba”.
Más allá de considerarla una medida “interesante”, sostiene que “si no fuera liquidada de forma cuatrimestral como el BPS, no habrá liquidez hasta el cierre del ejercicio del año que viene, por lo que no debemos considerarla como una medida que brinde alivio al productor”.
Respecto a otra medida del BROU, vinculada a la retención de vientres, para lo cual se otorgarán créditos de hasta U$S 30.000 sobre la base de la garantía de terneras y vaquillonas, dijo que “hasta el momento tampoco está operativa y no les había llegado la circular”.
De todas maneras, reconoció que “será una medida positiva porque brindará un refresco a los productores que tengan vaquillonas y posibilidades de sacarlo”.
El dirigente de la Aplpe expresó que hay un desfasaje importante entre la voluntad del ministro Tabaré Aguerre, y la implementación de las medidas que está demasiado lento para las necesidades de los productores.
Sostuvo que del anuncio por parte del ministro “deben hacer más de 20 días, o quizás un mes, y ahí surge una falla importante de cómo se implementan las soluciones”.
“Esperamos que esta semana queden operativas todas estas medidas, porque si no fueran por las medidas que ha implementado la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), o incluso algunas otras empresas del norte del río Negro que han tenido que instrumentar suba de precios a los productores bastante seguidas, si no fuera por esto, los productores no han tenido nada desde el gobierno”.
Después de siete meses de diálogo para procurar soluciones a los productores, “puedo afirmar que en la mano para los productores lecheros no hay nada”, dijo Ceriani.

ENERGÍA
Otro beneficio, que se anunciará en las próximas horas, se refiere a la exoneración por cuatro meses de los primeros 500 kilovatios en la energía de UTE para los tambos que consumen menos de 650 kilovatios mensuales, y de seis meses para los que consumen hasta 3.000 kilovatios.
Esta medida había sido reclamada en diciembre pasado, entre otros beneficios, por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) junto a otras decisiones para paliar la situación que atraviesa el sector, reclamo al que se sumaron el resto de las gremiales que están representadas en el Inale. Por otra parte, varios actores están trabajando en Inale buscando soluciones a más largo plazo.

ENDEUDAMIENTO
La lechería uruguaya enfrentaría un endeudamiento que supera los U$S 400 millones a nivel de producción y al que aún hay que sumarle el de la industria. La facturación bruta del sector, mirando el pasado ejercicio productivo que cerró el 30 de junio, estaría en el eje de U$S 460 millones anuales.
Según publicó Búsqueda, el endeudamiento del sector con el Banco República sería de U$S 200 millones, cifra a la que hay que sumarle unos U$S 130 millones de deudas con los bancos privados y los U$S 80 millones del Fondo de Financiamiento y Fortalecimiento de la Actividad Lechera (FFAL III).
La mayor preocupación para los tamberos uruguayos hoy, más allá de los precios y de que no haya competencia por la leche, está centrada en el repago del dinero que tomaron tras la puesta en marcha del Fondo de Financiamiento y Fortalecimiento de la Actividad Lechera (FFAL), uno de los salvavidas instrumentados para paliar la crisis.
Costará más repagar este fideicomiso por U$S 80 millones, más los intereses, solventado con dinero de los productores a través de la remisión de leche y donde la industria oficia como agente de retención. Son menos de 2.700 productores los que deben juntar esa suma.