Opinion | 13 Ago El miércoles pasado, el presidente Tabaré Vázquez le puso punto final al diálogo entre el gobierno y la oposición en torno a la seguridad. Luego de cuatro meses de conversaciones, en las que el senador nacionalista Luis Lacalle Pou había reclamado que los delegados de su partido se retiraran de la comisión al entender que no se hacía caso a puntos clave acerca de este tema, el mandatario anunció en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva que este ámbito interpartidario se daba por concluido.
En total, se realizaron 21 reuniones de esta comisión conformada por todos los partidos con representación parlamentaria y por el grupo de Edgardo Novick, el excandidato a intendente de Montevideo por la Concertación. “Estoy profundamente agradecido con los partidos políticos, esto es un ejemplo para el mundo”, dijo el mandatario a la prensa tras finalizar el último encuentro. “Quizás sirva para el futuro y este intercambio lo usen otros gobiernos. Mantuvimos el irrenunciable compromiso de trabajar por los uruguayos”, señaló Vázquez.
El presidente no aceptó preguntas ni dejó hablar a los dirigentes partidarios.
En esa instancia, Vázquez enumeró los proyectos que salieron con acuerdo por mayoría de los partidos hacia el Parlamento para su tratamiento. Entre ellos, está el que pone en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, la situación del microtráfico de drogas, libertades anticipadas, estatuto de fiscalías y homicidios especiales.
Sin embargo, Lacalle Pou pedía terminar con la búsqueda de acuerdo, porque los avances han sido nulos. Lo que es una realidad. La comisión acordó varios puntos, pero ninguno de los importantes tiene aprobación parlamentaria. Luego de varias idas y vueltas a la interna de su partido sin lograr un acuerdo, el excandidato presidencial pidió a los delegados de su sector a asistir a la última reunión. Vázquez, que la semana pasada dijo que la comisión seguiría funcionando, se adelantó y concluyó estos encuentros, porque se había terminado la agenda sobre esta problemática.
Para el sector Todos, del Partido Nacional, el fin del diálogo por la seguridad le da la razón a Lacalle Pou. “Dijimos que el tema estaba agotado, fuimos a decirle al presidente que ya no daba para más y fue lo que sucedió”, dijo una fuente nacionalista al semanario Búsqueda. “Lo tomamos como algo positivo. Lo que dijo Lacalle Pou era la realidad, pero ninguno quería aceptarla ni darnos la razón a nosotros. Los de afuera por un tema lógico y los de adentro quizá por una cuestión de posicionamiento interno”, añadió.
Algunos, como el politólogo Adolfo Garcé, creen que Vázquez ganó porque jugó primero. Pero también es cierto que Lacalle Pou lo acorraló y el presidente no tuvo ningún acuerdo concreto para mostrar, porque su propia bancada de legisladores no aprobó nada importante, como analizó un informe de El Observador.
Los proyectos acordados no alcanzan para llenar el ojo de un asunto que tiene en vilo a la sociedad uruguaya. Entre las iniciativas, está la entrada en vigencia del Nuevo Código del Proceso Penal (cuya aplicación comenzará en 2017); el plan integral de combate al narcotráfico, que incluye normas penales instituciones que deben ser “fortalecidas”; también se realizó un estudio sobre las modificaciones del régimen de libertades anticipadas para reincidentes y reiterantes; la creación del Estatuto de la Fiscalía General de la Nación que está a estudio; y el tratamiento de los temas vinculados con el proyecto que incrementa las penas por homicidios graves.
En la última reunión, se repartió un reglamento que el gobierno acordó sobre la ley de tenencia responsable de armas y se acordó la remisión al Parlamento del proyecto del código infraccional juvenil y la reforma del sistema carcelario.
El senador Luis Alberto Heber recordó que hubo un “compromiso” del Frente Amplio de votar en agosto los proyectos de ley acordados con el gobierno, pero no tuvo respaldo de los demás partidos el pedido de suspensión de las reuniones en la Torre Ejecutiva.
“Sugerimos suspender para votar y en función de esa sugerencia, y de los contactos que hemos tenido con los otros partidos, no hemos cambiado de posición. Creemos que hay que votar los proyectos en agosto y cuanto antes”, aclaró el titular del directorio nacionalista.
A la salida del encuentro con el gobierno, Heber remarcó también que todavía no hay aprobados proyectos tratados en esa comisión y mencionó que en el Frente Amplio hay sectores y dirigentes que están en contra de lo que el presidente acordó con los partidos.
Por su parte, el senador Javier García, quien participó de las reuniones en la Torre Ejecutiva, aseguró que el Frente Amplio suspendió una sesión en el Senado --donde se pensaba tratar el proyecto de aumento de penas para el narcotráfico-- por falta de acuerdo en el oficialismo, informó El País.
El gran problema de fondo que tiene el gobierno es la interna del Frente Amplio, que muchas veces no lo deja movilizar como quisiera ni llevar adelante proyectos que tiene en carpeta con acuerdos con los otros partidos. Su bancada no le vota alianzas. Basta recordar lo que sucedió con la educación, donde Vázquez prometía cambiar su ADN. Las dos personas que puso al frente para que eso sucediera ahora ya no están. Y todo sigue igual. Con el Pit-Cnt también hay tironeos: las diferencias ideológicas a la interna del oficialismo lo exponen a contradicciones en su gabinete y juegos de poder en los que queda enredado el presidente.