Opinion | 18 Ago En los últimos años Uruguay ha tenido un importante aumento en el uso de agroquímicos debido a su aplicación a monocultivos, como la soja, generando diferentes impactos ambientales, fundamentalmente por manejo irresponsable y falta de cumplimiento de la normativa vigente.
En estos días este tema ha ocupado espacios importantes en los medios informativos debido a la decisión de la Intendencia de Canelones que con la autorización de la Junta Departamental, aplicó una multa millonaria contra un productor que había realizado fumigaciones aéreas con agroquímicos en la zona de Paso Picón, incumpliendo con la normativa ambiental.
Concretamente, el motivo de la multa a dicho productor es por fumigación en un área de exclusión de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores o al ambiente de 300 metros entorno al perímetro rural con asentamientos humanos. Previamente a la aplicación de la sanción el productor había sido intimado y multado dos veces.
Desde la Junta Departamental, ediles expresaron que se pretendía dar una señal “a los vecinos del departamento, a los productores, a todo el mundo, de que acá hay normas y se tienen que respetar. Está el mito de que las multas son bajas, entonces el productor viene, paga y sigue contaminando, y estas multas desmitifican eso. Las multas duelen, son altas, para disuadir de que se siga contaminando el ambiente”, dijo el edil Maximiliano Rivero (FA), según publicó La Diaria. En este sentido, consideró que se debe intentar “conjugar la historia productiva del departamento, los pequeños productores, los chacreros, con todo el avance de la tecnología aplicada a la producción y, como siempre, hay una contraposición de intereses: el capital, que busca rentabilidad, acumular y acumular, y por otro lado la salud, el ambiente, la vida de la gente”.
La decisión de Canelones se constituye en un antecedente importante, habida cuenta que el de las fumigaciones ilegales constituye un problema que se repite en diferentes lugares del país.
En la última década, en Paysandú han ocurrido varios casos de cursos de aguas afectados por conductas irresponsables en el manejo de envases de agroquímicos, a la vez que han sido encontrados rastros de endosulfán en análisis de peces capturados vivos en el río Uruguay, mientras que en forma paralela ha crecido la preocupación social en cuanto a este tema en estrecho vínculo con la salud humana y otras producciones como, por ejemplo la apicultura, que está siendo notoriamente afectada.
En lo que refiere a las fumigaciones, la preocupación es tal que en algunos lugares, como Guichón, la segunda ciudad de nuestro Departamento, los vecinos llegaron a organizarse para reclamar, motivando varias inspecciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y llevando el tema a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que en el marco de sus potestades, realizó una serie de recomendaciones a ministerios competentes en el tema.
“Estamos esperando respuestas a algunas de las cosas que pedimos, como una zona de exclusión para la unidad potabilizadora de agua, que está a unos 2 kilómetros del arroyo Guayabo, y también la otra potabilizadora de termas de Almirón. Y todavía no hemos conseguido que las autoridades se sensibilicen con el tema”, afirmó el edil Marcelo Fagúndez --vecino de Guichón e integrante de la Comisión de Vecinos que desde hace varios años se viene movilizando por temas ambientales-- en nuestra edición de la víspera.
En este sentido, volvió a denunciar que “sigue habiendo fumigación a 70 metros de la planta potabilizadora de agua, lo denunciamos año a año desde 2011. Eso sigue pasando y también en los cultivos de la cuenca del arroyo Guayabo, que es de donde se toma el agua. Y estamos a la espera de respuestas, porque solamente actuó la Institución de Derechos Humanos que hizo recomendaciones al Ministerio de Ganadería, logró que el Ministerio de Salud Pública reconozca que la salud de algunos vecinos fue afectada por las fumigaciones, pero no pasó más de eso. En el departamento de Paysandú y particularmente los vecinos de Guichón esperamos respuestas, incluso de la intendencia, que es un actor fundamental”, agregó.
Lourdes Suárez, alcaldesa de Guichón y médica de profesión, está de acuerdo con la aplicación de fuertes multas “por el bien de todos” y confirmó que continúan las fumigaciones cerca de la toma de agua de OSE en el arroyo Guayabos. “Queremos que en nuestra zona no haya fumigación aérea, como se hizo en Canelones, que votó una importante multa. Lo hemos considerado pero todavía no se lo hemos presentado a la Junta Departamental”, dijo.
Resulta claro que el medio rural constituye un escenario en el que el impacto de los agroquímicos, entre ellos los plaguicidas altamente peligrosos, es un problema real y cotidiano. Uruguay cuenta con normativa vinculada al uso de agroquímicos, la cual ha sido perfeccionada en los últimos años para tratar de adecuarla a una realidad en la que al Estado se le hace imposible estar en cada rincón para controlar qué se hace. En ese sentido, las recientes decisiones de la Intendencia de Canelones resultan un antecedente importante no sólo para el reclamo ciudadano, para advertir a productores irresponsables y para fundamentar decisiones similares que puedan tomar otras intendencias.
La Intendencia de Paysandú aún no ha resuelto si aplicará multas cuantiosas si ocurren casos similares al de Canelones y, a juzgar por las palabras del director general de Servicios, ingeniero agrónomo Marco García, al ser consultado por este tema, el asunto se analizará cuando se presente si es que ocurre. No obstante, el tema por algo sigue estando en la agenda pública y merece la consideración, además de contralor y una actitud atenta a eventuales infracciones. Cada vez más los problemas ambientales se relacionan con la calidad de vida de la gente y es necesario avanzar en cuestiones básicas --como contar con dispositivos adecuados para la disposición final de residuos peligrosos-- pero también en la concientización del sector productivo y en mecanismos eficaces de contralor y protección de la salud de la población.