Opinion | 15 Ago Cuando aún no acabó la polémica Rendición de Cuentas su pasaje por el Palacio Legislativo, en tanto la Cámara de Senadores se apresta a su abordaje hasta mediados de setiembre próximo, una recopilación de las promesas efectuadas por la fórmula presidencial Tabaré Vázquez-Raúl Sendic en plena campaña electoral de 2014, junto a las declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, se transformarán en una puesta a punto de este rosario de expresiones realizadas por quienes se presentaron con espíritu fundacional y abordaron la economía uruguaya, despegada del resto y como si viviéramos en un país que no depende de nadie, salvo de sí mismo.
Esta realidad, que no es nada similar a la que nos tocó atravesar en 2002 con una región que también padecía, servirá para entender que una cosa es un discurso con promesa incluida, y otra es la materialización de aquellas promesas, que bien sabían no se sustentaban en una caja fuerte con ahorros, sino todo lo contrario. El gasto sin control durante un quinquenio fructífero, no iba a resultar en otra cosa que esto que vemos hoy: tratar de cuidar los recursos porque la caja ya no contiene como antes y el socialismo “puro y duro” no será una materia por cumplir.
El año 2016 comenzó con un horizonte complicado y la posibilidad de un ajuste fiscal, ya se escuchaba en algunos pasillos del Poder Ejecutivo y repicaba en el Legislativo. Lo que sí se materializó posteriormente, era hija de la necesidad y para intentar equilibrar las cuentas públicas, había que cortar por el lado más fino. Un aumento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o sea el impuesto que pagan los trabajadores, parecía una solución fácil, o al menos rápida para el “poco margen de acción” que aún hay, según Astori.
Sin embargo, las movidas internas concretadas desde el secretariado del Frente Amplio junto al Pit Cnt, pusieron coto a una situación que traería mayor conflictividad ante el escenario cercano --en ese entonces-- de las elecciones internas en la fuerza política.
Lo demás era cuestión de esperar a una salida oficial al exterior de Astori, para que el presidente Vázquez anunciara una marcha atrás en la tercera franja del impuesto con el objetivo de no mostrar debilidad en su más dilecto colaborador y, bajo la premisa de que “no renunciamos a nada”, anunció que “reacondicionamos el proyecto”, según el mandatario. Sin embargo, en épocas de campaña, Vázquez dijo que “la continuidad de la política económica está garantizada y no está planificado, ni en el horizonte, ningún incremento de la carga impositiva”. “El único impuesto a sumar es el de Primaria a las extensiones de tierra mayores a 200 hectáreas”, repitió el entonces candidato.
Incluso Astori había enfrentado al Partido Nacional en la conferencia “UruguayX+”, donde aseguró que la oposición “siembra alarma porque se prepara para descargar un ajuste retrógrado” y reiteró que “con total precisión y claridad podemos decir que no habrá más impuestos si el Frente Amplio gana la segunda vuelta electoral del próximo 30 de noviembre”. “Ya hemos dicho en reiteradas oportunidades y con total claridad que los cambios que puede haber en el futuro en el sistema tributario serán todos en beneficio del contribuyente”, aseguró el entonces dirigente.
Un año y medio después, el ministro de Economía enfrentó los micrófonos e informó que había que recaudar 500 millones de dólares para achicar el agujero fiscal, que asciende a 3,6% del PBI. Ocurre que en materia económica, las previsiones son tan volátiles como el marco de circunstancias al que se aferra y mucho más lo es para un país que debe observar con atención lo que pasa en su entorno. Y en materia económica, Vázquez dijo en campaña que la inflación se ubicaría en 5%, en los primeros 18 meses de gestión, cuando la pizarra indica que pasó el límite del 10%.
El gobierno de Vázquez se comprometió a bajar un 30% las rapiñas al final del quinquenio y, para ello, adoptó medidas tales como un aumento de los patrullajes y el ingreso de nuevos efectivos. Hasta ahora, en 2015 hubo un 7,8% más de homicidios que en 2014 y las rapiñas se incrementaron 4,5%. El gobierno se basó en las estadísticas y dijo que se reducen los delitos contra la propiedad, al tiempo que la oposición aseguró que bajan porque la ciudadanía ya no presenta la denuncia.
El gobierno de Vázquez se desvive por la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea y propuso encabezar las negociaciones que lleve adelante el Mercosur. Sin embargo, sabe que debe luchar contra una fuerza política liderada por sectores poco afines a la firma de estos acuerdos y aunque anunció un TLC con Chile, el Pit Cnt --entre otros-- lo miran con recelo. A regañadientes tuvo que rechazar un acuerdo global sobre servicios (TISA), que impulsaban los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, porque el Frente Amplio no estaba de acuerdo.
En materia educativa, durante su campaña dijo que se proponía “cambiar el ADN de la educación”, puso a María Julia Muñoz al frente de la secretaría de Estado confiado en su capacidad para negociar con “sindicatos difíciles”, tal como ocurrió cuando era secretaria general de la Intendencia de Montevideo, pero solo ha motivado a la concreción de mayores escándalos. Una charla dentro del Frente Líber Seregni sirvió para que algunos aspectos de la interna quedaran al desnudo. El entonces director de Educación, Juan Pedro Mir, reconocía que era imposible llevar a la práctica la expectativa presidencial, porque el formato educativo --entre otras cuestiones-- no era flexible para esa transformación radical. Tal sinceramiento se llevó puesto a Mir, junto a Fernando Filgueira, entonces subsecretario del ministerio y mentor de la reforma.
Cualquiera entendería que con la promesa de un presupuesto del 6% del PBI al finalizar el quinquenio, bajo este marco de circunstancia, se hará imposible la promesa electoral de que en 2020 “el 100% de los jóvenes de hasta 17 años estará incluido en el sistema educativo”. Incluso, eso fue descartado por Muñoz.
Un capítulo aparte merece el presupuesto que no se destinará a la Justicia, que arrastra un conflicto con los magistrados desde la administración de Mujica por no aclarar los términos en el Parlamento y votar solos. Ese conflicto derivó en decisiones que solo tendrán de rehenes a la ciudadanía, que ya sufre los embates con el cierre de juzgados de paz en el Interior, como es el caso en Piedras Coloradas. Los integrantes de la Suprema Corte habían advertido que si no se destinaban nuevas partidas, corría peligro el normal funcionamiento del cuerpo.
Estos son algunos ejemplos de lo que se dispuso en los discursos electorales y después, se hizo imposible aterrizar en la realidad, cuando era un asunto mucho menos complejo de lo que parece. Hacía falta mejorar la gestión y los resultados de las empresas públicas, algunas monopólicas y conseguir que el gasto público subiera por debajo de la expansión del PBI.
“Cuando dijimos que no íbamos a poner más impuestos es que queríamos no poner más impuestos, pero la realidad cambia y nos obliga a cambiar, y el reconocimiento de esta situación lo hago ahora. Pero no hubo mala intención, fue todo de buena fe”, dijo Astori durante la interpelación del senador Jorge Larrañaga.
No obstante, es bueno recordar que Astori fue vicepresidente de la República en el período anterior, y sabía tanto como los demás exintegrantes del Poder Ejecutivo, que lideró José Mujica, que se estaba recaudando como nunca antes, pero también se gastaba como pocas veces.
Por eso, la “buena fe” en este caso se vuelve un término ampliamente relativo y de libre interpretación. Incluso hasta la esperanza se vuelve frágil en boca del ministro: “Mi esperanza es que esta corrección fiscal sea suficiente y no tengamos que hacer otra”, dijo en el Parlamento.