Nacionales | 15 Ago 192/NUMCHARS \*Arabic8046 / 14/08/16 - TIME \@"HH:MM"23:22 - FILENAME \pQ:\Pág.07\Nacionales lunes 15 de agosto.doc
La Organización de las Naciones Unidas evaluará hoy y mañana en Ginebra cómo está implementando Uruguay la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tanto las organizaciones sociales como el gobierno coinciden en que hay varios puntos que mejorar.
Uno de los principales factores en los que nuestro país debe mejorar es en la elaboración de una fuente estadística fiable en la que se recojan datos sobre cuál es la población exacta con algún tipo de discapacidad en Uruguay y sus características económicas o de género, entre otras.
Esa información favorecería el establecimiento de políticas públicas efectivas para atender sus necesidades, algo que con los datos actuales --los del último censo, de 2011--- se hace “a tientas”, reconocieron fuentes consultadas por EFE tanto de organizaciones sociales como del Gobierno.
Según explicó Jesshie Toledo, miembro del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (Iidi) y una de las representantes de la sociedad civil uruguaya en la presentación de informes en Ginebra, otro déficit en la implementación de la convención hace referencia a la educación.
Toledo opinó que en Uruguay se está en un proceso de cambio de paradigma en la enseñanza, en el que se pasa de considerar que las personas con discapacidad deben acudir a centros especiales a otro, en el que se busca la correcta inclusión en cualquier institución educativa.
Esta última es la postura acorde con el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
En ese sentido, considera que en el país todavía está muy instalado el “tener lugares especiales para personas diferentes”, algo que se une a que los docentes no están preparados para las necesidades específicas de las personas con discapacidad, ya que están formados para “otro modelo” educativo.
El director de la División de Coordinación y Acciones Estratégicas del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo y uno de los redactores del informe que presentará el Estado en Ginebra, Pablo Marrero, señala que la cartera de Educación trabaja para que la enseñanza sea “inclusiva”.
“Muchas normas hablan de una realidad que debe existir pero que es difícil que se dé”, aseguró Marrero en una línea coincidente con la opinión de la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, Denise Cook, que asegura que esa brecha entre la legislación y su aplicación real “es un problema en muchos países”.
Un ejemplo práctico que se da en Uruguay en cuanto a esa brecha es la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral privado.
Si bien el Estado está obligado a que un 4 % de los funcionarios sean personas con alguna discapacidad, en la órbita del sector privado existe una legislación que todavía no ha sido reglamentada, es decir, que en la práctica no se aplica.
Según explicó Marrero, hace menos de un mes el tema estuvo a discusión en el Parlamento y lo que se busca es que aquellas empresas con más de 25 trabajadores contraten al menos un 4 % de personas con discapacidad, lo cual tendrá como contrapartida para las compañías determinados beneficios fiscales, entre otros.
En cuanto a la sanidad, uno de los temas más acuciantes y por el que más se han preocupado la sociedad civil organizada y la ONU en Uruguay es el relacionado a la salud mental, regulada por una norma que data de 1936 y conocida como “ley del psicópata”.
Entre los reclamos se encuentran la realización de un cronograma de cierre de los centros psiquiátricos y el desarrollo de una estrategia de atención primaria interdisciplinar en salud mental donde los 'manicomios' dejen de ser la opción preponderante debido también al cuestionable estado de muchos de ellos.
En ese sentido, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley de salud mental al Parlamento que propone “un cambio en el modelo de atención a las personas con trastornos mentales”.
En cuanto a las quejas en el acceso a la salud para las personas discapacitadas, Toledo también destaca que las campañas de prevención no están adaptadas, al igual que varios servicios en los centros de salud públicos.
“Tenemos una visión de que el Estado presenta un informe que no es que se aleje mucho de la realidad, pero estamos en una posición (la Iidi) de que estamos muy relegados en lo que tiene que ver con la agenda de derechos en Uruguay”, aseguró.

MSP LANZA UN JUEGO DIRIGIDO A ESCOLARES
El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzará hoy el juego “Pica el Aedes”, una aplicación que apunta a difundir las formas para evitar la expansión del Aedes Aegypti. El juego será presentado durante una conferencia que darán el MSP, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Plan Ceibal.
El juego está dirigido a escolares de 4°, 5° y 6° y se enmarca en la campaña de prevención de criaderos de larvas y mosquitos.

CUESTIONAN PROYECTO SOBRE BOLSAS DE PLÁSTICO
El gobierno quiere regular el uso de las bolsas plásticas para reducir la contaminación ambiental y para eso envió al Parlamento un proyecto de ley que prohíbe su distribución gratuita. Sin embargo, para docentes de la Facultad de Química, reducir su consumo no es suficiente para garantizar el cuidado del medio ambiente. Por el contrario, podría aumentar el contrabando.
“Es más complicado que solo cobrar las bolsas, porque si uno solo las cobra seguramente lo que va a hacer es aumentar la incidencia del contrabando”, declaró a El Observador el director del departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, Gustavo Seoane.
Esta semana, el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, dijo en la comisión de Medio Ambiente del Senado que el Ministerio de Industria está elaborando una “especificación técnica para las bolsas” que se produzcan y distribuyan en el país una vez que la norma entre en vigencia. El objetivo es que las bolsas tengan “determinada resistencia” para que, en vez de ser desechadas, puedan reutilizarse como bolsas de residuos, almacenamiento o transporte. Para eso, se definirá por norma el tamaño y gramaje que deberán tener las bolsas y se les pondrá un sello del LATU como comprobante.
Aunque el cuidado del medioambiente es la prioridad de esta norma, en los planes del gobierno no está previsto hacer que sean biodegradables, es decir, de más fácil desintegración. Para docentes de la Facultad de Química, la normativa será insuficiente a menos que esto sea obligatorio. “Lo que tiene que hacerse con bolsas de transporte y ese tipo es que sean todas biodegradables de alguna manera. Porque sino sustituís una por otra o por otra y en el fondo es lo mismo”, dijo Seoane.

PRODUCTO RURAL MULTADO POR FUMIGACIÓN ILEGAL
La Intendencia de Canelones aplicará una multa millonaria a un productor rural de la localidad de Paso Picón por fumigar desde el aire sus plantaciones con agroquímicos en un área de exclusión y haciendo caso omiso a varias advertencias de las autoridades.
La Junta Departamental autorizó en la sesión del pasado viernes a la comuna canaria a sancionar al empresario por un monto de 35.000 Unidades Reajustables (UR), $31.766.000, lo que equivale a U$S 1.082.317, informó La República. La decisión fue aprobada por 22 votos en 27 presentes. Votaron a favor los 19 ediles del Frente Amplio y tres del Partido Nacional.
Otro productor de Paraje Las Brujas fue sancionado por alteración física de un territorio. Realizó un canalón para llevar su embarcación directamente al río Santa Lucía. En este caso, la multa fue de 20.000 UR, o sea U$S 618.467.
Un tercer productor, de Laguna del Cisne, también fue multado, pero por secar adrede un terreno para tener más superficie para cultivar. Se le aplicó una multa de 20.000 UR.