Locales | 17 Ago A juicio del líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, el diálogo entre gobierno y partidos políticos para acordar medidas sobre seguridad culminó hace unos días “porque se agotó la agenda temática acordada”.
Explicó que en la penúltima reunión se rechazó la propuesta del Partido Nacional de suspender las reuniones por un mes y no se tomó en cuenta el reclamo de terminar con las reuniones realizado desde algunos sectores del Partido Nacional. Destacó que “el argumento fue que estábamos llegando al final de la agenda acordada y, por lo tanto, no tenía sentido suspender las actividades cuando seguramente quedaban una o dos reuniones para terminar”. El legislador recordó que durante tres meses y en 14 reuniones políticas --más unas cuantas reuniones de la comisión técnica-- se analizaron y acordaron varias iniciativas que “buscan generar un efecto positivo para mejorar una situación de inseguridad que sin duda es muy grave”.
Puntualizó que la responsabilidad sobre la política de seguridad del país es exclusiva del gobierno y, por lo tanto, “lo que podíamos aportar los partidos que estamos en la oposición era un conjunto de ideas y propuestas, así como generar un marco legislativo más favorable y exigente”.
Mieres consideró que es un tema de una gran complejidad y que nadie tiene “la varita mágica” para resolver esta problemática ni existen soluciones milagrosas. También puso énfasis en que los proyectos de ley acordados tienen, necesariamente, un tiempo de aprobación en el Parlamento, no ocurre instantáneamente.
Descartó que la demora sea por un fracaso del diálogo y en cambio apuntó a que los proyectos aprobados se van enviando al Parlamento y este los está tratando “a un ritmo inusualmente veloz y efectivo, pero no se puede pedir que se les dé sanción en las dos cámaras en tiempos imposibles”.
Desde el inicio del diálogo y en menos de dos meses, tres proyectos de ley han tenido aprobación en el Senado, un cuarto proyecto fue aprobado en Comisión y el quinto está en un estado avanzado de aprobación en la misma Comisión, destacó, al señalar además que se espera que lleguen al Parlamento en los próximos días otras tres iniciativas que tendrán el mismo ritmo.
Asimismo, reconoció que la palabra final sobre el impacto del diálogo la tendrá la realidad concreta que viven los uruguayos, una vez que se apliquen las modificaciones normativas aprobadas. Mencionó, entre los aspectos positivos, que se ha destrabado la aprobación del decreto reglamentario sobre la ley que regula lo relativo a las armas en el país, “lo que es verdaderamente importante por su impacto sobre la seguridad. Se había aprobado una muy buena ley para controlar el uso y la compraventa de armas, así como el combate al tráfico ilícito, pero la ausencia de reglamentación había convertido a esa norma en letra muerta”.
Destacó tres medidas que aumentan la severidad de las sanciones sobre diferentes manifestaciones delictivas: la eliminación del beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes y reiterantes, la inexcarcelabilidad de los delitos de narcotráfico, la remoción del obstáculo para determinar la aplicación de las penas para el tráfico de pasta base y la inexcarcelabilidad para el delito de homicidio intencional.
“En tercer lugar, modificaciones procesales que tendrán como resultado un proceso penal, tanto para adultos como para adolescentes, más rápido, transparente y eficaz”, que surge de la aprobación de modificaciones al Nuevo Código del Proceso Penal, su adelantamiento para su entrada en vigencia y la aprobación de un código del proceso infraccional adolescente, expuso.
Mencionó también que se haya acordado la descentralización de los establecimientos penales que se convertirán en un servicio descentralizado, fuera del Ministerio del Interior, con énfasis en la rehabilitación, buscando impactar positivamente en los esfuerzos de reinserción social de los presos para evitar el círculo vicioso del delito.