Opinion | 22 Ago La Cámara de Senadores se apresta a definir el presupuesto destinado a la educación, enmarcado en un nuevo debate sobre la Rendición de Cuentas. Sin embargo, una vez que se sancione el proyecto y se convierta en ley, el gobierno junto a la fuerza política se comprometieron a convocar una comisión, integrada por legisladores, jerarcas del Poder Ejecutivo y representantes del Frente Amplio para comenzar a buscar alternativas financieras que inyecten recursos en la enseñanza.
En 2015, el gobierno había asignado 1.500 millones de pesos, pero resolvió otorgar 860 millones de pesos y, tras mucho cabildeo, los diputados “rebeldes” cedieron a las presiones internas y una terna conformada por la senadora Constanza Moreira, el veterano dirigente Enrique Rubio y el secretario general del Programa de Cuidados --además de dirigente del Partido Socialista-- Julio Bango, encabezaron una conferencia de prensa junto a otros referentes del gobierno, donde el mensaje principal se enfocó en la unidad partidaria a través de “la importancia de la intervención de la organización política”, según reconoció el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.
A fuerza de ser sinceros, se deberá reconocer que en Uruguay la educación y sus resultados recorren caminos paralelos a la política, en tanto se definieron recursos para sanear el déficit existente en algunos organismos desde el quinquenio anterior, como Ancap, o las exigencias ajustadas a la realidad que plantean las inversiones que pretenden ampliar su presencia en el país, como UPM. Es que tiene un “costo” demasiado alto el encare de una reforma educativa que permita arribar a otros acuerdos.
No es ni remotamente serio efectuar un deslinde de la problemática educativa con respecto al factor presupuestal, y menos aún si se toma en cuenta el guarismo vinculado al PBI per cápita que ostenta el país, en comparación con otras regiones del continente, no obstante, causa alarma el bajo nivel de egreso existente en la educación media. De acuerdo al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en 2014, aproximadamente tres estudiantes (35% del total) logró finalizar el liceo.
Incluso lo reconocen los técnicos que constituyen los órganos de evaluación como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y que en algunos casos resolvieron dar un paso al costado u otros, que debieron renunciar a cargos ministeriales.
En el Ineed saben que solo el 6% de los estudiantes que participaron en las pruebas PISA 2009 con episodios de repetición, terminó el bachillerato cinco años después, porque se sabe que en Uruguay cuatro de cada 10 liceales tiene extraedad.
En Primaria, por ejemplo, se sostiene un sistema centenario y en cuatro horas se enseña básicamente “todo”, con énfasis en los programas, antes que en las capacidades cognitivas. Paralelamente, la escuela debe encargarse de una diversidad de asuntos sociales --en esas cuatro horas-- distribuidas en 180 días. El tiempo completo será un objetivo a largo plazo, en tanto se requieren mayores recursos humanos, económicos y edilicios. Si el 60% de la población no finaliza sus estudios, no es imposible pensar en un futuro desalentador en las próximas generaciones e incluso del país, que deberá afianzar sus mecanismos de producción y desarrollo, conforme al paso de la globalización. Y es más preocupante aún, si se toman en cuenta que la prioridad del gobierno de Tabaré Vázquez al finalizar el quinquenio, es la inclusión del 100% de los estudiantes de la enseñanza media, cuando a nivel global es la inclusión en la educación terciaria.
Es que la influencia política en las resoluciones pesa y se presenta como evidente. El Congreso Nacional de Educación, que por ley debía llevarse adelante este año --centrado en la universalización de la educación media y la generalización de la terciaria--, se aplazó para 2017-2018, apelando a una mejor organización y efectividad para considerar el tema central que será el cambio educativo. Paralelamente, se interpretó que será “convocado” y no “realizado” en este período, de acuerdo a la subsecretaria del MEC, Edith Moraes.
La jerarca remarcó que “no queremos más diagnósticos”, sino que el Congreso se transforme en una instancia “de producción y que aporte”, “lo que las familias, los estudiantes y las empresas quieren y esperan del sistema educativo”. Sin embargo, las resoluciones productivas, sin diagnósticos y efectivas, no son vinculantes de las decisiones del gobierno. Por lo tanto, el aterrizaje de las propuestas de las comunidades consultadas necesitarán de asignaciones presupuestales para que sirvan más allá de los papeles, porque el carácter “consultivo” de la mencionada instancia no asegura nada. O sea, el cambio del ADN en la educación quedará relegado a otros planes, si no se tiene mucha de idea de dónde comenzará.
En realidad, desnuda aún más las diferencias de apreciación y tironeos de poder, entre las autoridades del MEC, con el Codicen, algunos consejos desconcentrados --como el de Secundaria-- y los sindicatos de docentes.
La problemática edilicia se presenta como un capítulo aparte, y de acuerdo con las evaluaciones presentadas por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), existe un déficit importante en liceos de Montevideo y la zona metropolitana. Sin embargo, las movilizaciones y paralizaciones docentes no tienen la respuesta deseada --al menos en el Interior-- que registra bajas adhesiones a las medidas y el consiguiente desgaste de la herramienta. Fue el caso de Paysandú, que en el último paro tuvo una respuesta cercana al 50%, con el reconocimiento de los profesores de que, en comparación, “faltaron más los estudiantes que los docentes”.
Es así que la discusión no se centra en clave de igualdad de derechos, tantas veces reiterados desde los tecnicismos idiomáticos que se plantean en las últimas décadas, porque la persistencia de los resultados negativos acarreará mayores desigualdades y no será posible apelar a la “herencia maldita” ni a regímenes neoliberales de corte conservador, que perjudicó a los rasgos estructurales de Uruguay, como sociedad de clases.
O, como dijo el asesor de la Unesco, Renato Opertti: “No hay mejor política económica que la política educativa”, porque “la educación es una política social, cultural y económica”. En realidad, “la reforma educativa no pasa por cuántos liceos o escuelas voy a construir, sino por definir qué país queremos dentro de 20 años”.