Opinion | 17 Ago La primera etapa que instrumentará la venta de marihuana estatal a través de las farmacias se complica para el gobierno, en tanto estima que no será suficiente para cubrir la demanda y mientras no comenzó la inscripción de usuarios, el Poder Ejecutivo desconoce cuándo comenzará la venta en estos comercios.
El camino que parecía de fácil regulación y simple aplicación generó zonas grises porque las dudas empiezan en el autocultivo y finalizan en el expendio ante mostradores que fueron afines en otro momento, pero que ahora retroceden. El aumento sostenido del consumo de esta droga pareciera que tampoco estaba en los cálculos, cuando la realidad en América Latina indica un incremento de al menos el 17% en Uruguay, sin olvidarnos de la baja percepción del riesgo existente entre adolescentes y jóvenes.
Uruguay se ubica como un modelo a nivel internacional, sin embargo, no puede resolver cuestiones contenidas en una ley, y mientras el entonces secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, anunciaba en junio que “en pocos días” comenzaría el registro de usuarios en las farmacias, ya transcurrieron dos meses y las autoridades desconocen cuándo comenzará.
A todo esto, el país se presenta como líder en estas cuestiones y bajo la creencia de que la marihuana se fuma y se vende casi sin restricciones. Tampoco a nivel internacional –como en Estados Unidos, donde rige en algunos estados el decreto de marihuana medicinal-- se han resuelto aspectos inherentes a los impuestos que se aplicarán, las variedades que se cultivarán, las organizaciones o entidades que la venderán y quiénes estarán habilitados para su uso. Son, tal vez, los asuntos imprescindibles para que esta política de Estado en Uruguay sea al menos exitosa y no se transforme en un nuevo problema social.
A esto se agregará la coherencia desplegada en las políticas del gobierno que, por un lado, restringe y aplica fuertes impuestos al tabaco, y por otro, encuentra escollos para aterrizar una iniciativa que proviene de un gobierno frenteamplista para la regulación del mercado del cannabis, pero que sin embargo sostiene un subsidio a la cerveza, en un territorio que se ubica octavo en el consumo de alcohol en el continente con más de 260.000 personas con consumo problemático. Por eso el presidente Tabaré Vázquez ha sido cauteloso en sus declaraciones y no se ha mostrado entusiasmado con esta ley que impuso su antecesor, José Mujica.
El prosecretario de Presidencia y presidente de la JND, Juan Andrés Roballo, debió reconocer en el Parlamento que la aplicación de esta ley “es un tema complejo”, ante la intervención de varios organismos y la elaboración de un software para el registro de los usuarios. En el mismo sentido, las autoridades previeron la venta en unas 40 o 50 farmacias (de un total de 1.100 instaladas en el país), pero esa cifra variará y tampoco se extenderá el expendio a los Abitab o supermercados, porque la producción prevista apenas alcanza para los comercios que firmaron el preacuerdo. Es que las farmacias solicitan garantías en la vigilancia, guardias de seguridad y costos extras, en tanto deberán adquirir un cofre donde ubicarán a la marihuana separada de los medicamentos, si se considera que recibirían una ganancia entre 90 y 120 pesos.
Lo que se sabe es que los usuarios estarán habilitados a la compra de 10 gramos por semana o 40 gramos mensuales y las dos empresas productoras, seleccionadas por licitación, venderán cannabis a las farmacias a U$S 0,90 el gramo y a su vez, los comercios ganarán 30%, hasta expenderlo a U$S 1,17. Las empresas producirán 4.000 kilos anuales y cada farmacia habilitada puede tener un stock de 2 kilos.
Es decir, la cosecha no saldrá a la venta en su totalidad, al tiempo que preocupa su oxidación y pérdida de una parte de la producción. También aflige el hermetismo que no plantea los problemas existentes para su instrumentación, mientras que las empresas invierten en los distintos procesos de secado y recolección.
No obstante, se incrementa la cantidad de productores privados con unos 5.000 cultivadores y unos 20 clubes de membresía, pero el panorama se ensombrece con una distribución desequilibrada para pocas decenas de farmacias habilitadas en Montevideo y la zona costera. Y el canal alternativo de venta tampoco se presenta como una solución rápida a casi tres años de aprobada la iniciativa parlamentaria, porque se deberían introducir cambios a los decretos que regulan la ley, los protocolos de seguridad y sistemas de distribución.
Paralelamente, aún hay denuncias de allanamientos, incautaciones y destrozos en plantaciones legales y los proyectos que apuntan al uso medicinal de marihuana, no tienen la aprobación gubernamental.
Por eso, tal como lo dijo Romani, el proceso uruguayo está “lleno de paradojas” y debilidades, con fuertes resistencias entre médicos, jueces y políticos pertenecientes a la propia fuerza política.
Por su lado, Roballo también anunció una fuerte campaña para un consumo responsable. Pero eso conforma el paquete de aspectos resueltos y que se resumen a una bolsa de polietileno de tres capas, con cierre ziploc y nada transparente, que será genérico y no incluirá estímulos al consumo ni se presentará a la vista del comprador. Tampoco incluirá los nombres de las empresas habilitadas, como ICCorp y Simbiosys.
Más allá de los mitos y leyendas existentes, además de la formación en “higienismo médico” del siglo pasado que delimita una batalla cultural y científica para demostrar que las sustancias controladas son beneficiosas, según Romani, aparece por un lado la duda natural que cuestiona si de verdad se acabarán las mafias del narcotráfico y, por el otro, el hecho de que la mayoría de los uruguayos no aprueba la iniciativa que impulsó el expresidente Mujica, con una fuerte estigmatización a sus usuarios.
En julio pasado, más de un centenar de médicos y universitarios recibieron capacitación en los usos terapéuticos de la planta, con el objetivo de la promoción de una mayor apertura hacia el tema. El problema no se encuentra en el concepto liberal de estos asuntos, sino en su instrumentación, donde ha encontrado mayores resistencias que se convergen, sujetas, entre los tres poderes del Estado.
Hace algunos meses, Romani se mostraba confiado en que los uruguayos se acostumbrarían a comprar la marihuana en las farmacias y que ese sería el camino de inicio hacia una naturalización que vencería las resistencias. Sin embargo, el paso de tiempo encontró una ventanilla cerrada por la burocracia, con plazos incumplidos, aspectos no resueltos, temores que no fueron sanados y operativos que aún no se han dispuestos para los casos de consumos problemáticos, cuyo porcentaje asciende. Es así como la realidad expone su cara oculta y perversa.