Nacionales | 22 Ago La Junta Anticorrupción solicitó en la Comisión de Presupuesto del Senado un incremento del 50% de su presupuesto anual y cinco funcionarios en pases en comisión (no generan un costo adicional) para poder cumplir con sus cometidos de combatir la corrupción en el Estado uruguayo. Si bien en porcentaje parece mucho, en dinero representa $ 27.000 más por día, claves para el cabal cumplimiento de su cometido. El gobierno no le otorgó recursos en esta Rendición de Cuentas, según El País.
El jueves 18, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Luis Alberto Yarzábal, y el vocal Carlos Soares de Lima, concurrieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para informar sobre los requerimientos presupuestales de la oficina, convertida desde hace un año en servicio descentralizado.
Yarzábal dijo que la Jutep cuenta con un presupuesto anual de $ 19.000.000 (unos U$S 655.000), de los cuales más de $ 13.000.000 (U$S 448.000) están destinados al pago del personal y algo más de $ 5.000.000 (U$S 172.000) se gastan en funcionamiento.
“En el transcurso de la próxima Rendición de Cuentas se solicitará, para cumplir con los objetivos diseñados por la ley, un incremento del orden de los $ 9.800.000 (U$S 337.000)”, señaló Yarzábal. El presupuesto actual implica que, en líneas generales, la Jutep dispone de un presupuesto diario de $ 52.000 y pide que el Parlamento le apruebe un incremento diario de $ 27.000. La Junta necesita $ 1.500.000 para la contratación de asesores externos que permitan mejorar la capacidad de elaboración de informes técnicos; $ 500.000 para la contratación de docentes externos; requiere de horas docentes administrativas y para ello pide $ 1.000.000; también necesitaría un monto de $ 5.000.000 para otorgar una compensación a los funcionarios que ingresan al organismo y se desempeñan en funciones especializadas y $ 1.800.000 para mantener en condiciones aceptables los sistemas informáticos que están funcionando actualmente y que están desactualizados. Además, la Junta carece de habilitación legal para potenciar su accionar. Con apenas 19 funcionarios, el trabajo de la Junta fue intenso en 2015, en tanto el organismo evacuó 4.000 consultas efectuadas por jerarcas de reparticiones estatales antes de tomar decisiones en ámbitos administrativos. Por su parte, la Justicia Penal le solicitó informes en ocho oportunidades y la Jutep envió los datos requeridos.

OFERTAS POR PARADORES SUPERAN EXPECTATIVAS
Las ofertas de licitación para explotar paradores de playa en Punta del Este durante la temporada estival colmaron las expectativas de la Intendencia de Maldonado, que percibirá cánones superiores a los que se había previsto. Hubo nueve ofertas realizadas por firmas y empresarios nacionales en la primera parte del proceso de adjucación, que se limitó a los paradores que serán concesionados hasta el fin de la presente administración.
Los interesados se comprometieron a instalar en cada parador inhibidores de rayos y cámaras de vigilancia en cada estacionamiento. Para una segunda oportunidad quedó la apertura de ofertas para el parador Mantra de Manantiales, los locales en las paradas 1 y 12 de Playa Brava, y el de Isla Gorriti.
La intención es que en esos paradores se lleven adelante inversiones por montos elevados que permitan, entre otros servicios, funcionar como discotecas de lujo y la explotación será concedida por dos períodos de gobierno.

INDDHH HARÁ VISITAS A COLONIAS PSIQUIÁTRICAS
Desde fines de 2013 la salud mental fue marcado en la agenda de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) como uno de los temas de mayor importancia. El principal motivo era la legislación vigente que --al tener 80 años-- se quedó en el tiempo y, según entendían desde la institución, no respetaba derechos humanos básicos. Al año siguiente comenzó a funcionar un primer grupo de trabajo conformado por instituciones públicas de salud, organizaciones de usuarios, familiares, el Poder Judicial, sociedades científicas, la Inddhh y la Universidad de la República.
Pocos meses después, la muerte de un paciente en la colonia psiquiátrica Bernardo Etchepare por las mordeduras de una jauría volvió a dejar en evidencia que la situación de las instituciones de salud mental en el país debía ser revisada con urgencia y el Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó a trabajar, junto a esos mismos colectivos que ya se habían reunido, en una nueva legislación que actualmente está siendo analizada por la Comisión de Salud del Senado.
Mientras la nueva ley es analizada en el Parlamento, la INDDHH planifica un cambio en su forma de trabajo con respecto a las instituciones psiquiátricas. A partir de 2017, el Mecanismo Nacional de Prevención del instituto instalará un monitoreo constante de centros de salud mental, como las colonias psiquiátricas. Esas visitas sistemáticas son realizadas, por ejemplo, en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (ex Sirpa) y tienen como objetivo realizar observaciones y recomendaciones para mejorar la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos de las personas que están en esas instituciones.
“Hasta ahora el monitoreo (en centros psiquiátricos) se ha hecho, pero cuando hay algo concreto. No ha sido sistemático. Si la ley se aprueba, será el marco desde el cual se estarán mirando y controlando esas instituciones”, explicó a El Observador Mariana González, directora de la institución.
Para la INDDHH, el proyecto de ley implica “un cambio paradigmático” sobre cómo se concibe la enfermedad mental en Uruguay, aunque el "salto no termina de concretarse", según dijo González, directora de la institución.

PADRES BUSCAN SENSIBILIZAR A SCJ PARA VER A SUS HIJOS
Este lunes a las 14.30, decenas de padres que no entregaron los regalos del día del niño a sus hijos durante la víspera porque no saben dónde están o porque la justicia los alejó de ellos llevarán sus obsequios a la puerta de la SCJ para que la corporación tome cartas en las demoras excesivas en los juzgados de familia.
Reclaman celeridad en los tratamientos de estos temas, piden legislar sobre las falsas denuncias que reciben y que los separan automáticamente de sus hijos. La convocatoria no es espontánea, se hace varios años con el objetivo de sensibilizar a las autoridades sobre una problemática que está presente en nuestro país pero ante la que muchos prefieren mirar para otro lado.
En ese sentido, este 2016 el Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley sobre custodia compartida que busca llevar la igualdad en la crianza del hijo a su significado real, algo que hoy no ocurre. La convocatoria es impulsada por la Organización Todo por Nuestros Hijos, autores del proyecto que hoy está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Una de sus integrantes, Delia García, explicó a El Espectador que el gran responsable es el Poder Judicial a través de los juzgados de Familia, y la saturación en los expedientes es lo que empieza a generar situaciones de injusticia.