Opinion | 19 Ago Además de resultar nefasta para la propia Argentina, la política económica desarrollada por los gobiernos “K” tuvo como consecuencia expulsar capitales e inversiones de argentinos sobre todo hacia los países vecinos; y uno de los principales receptores ha sido precisamente Uruguay, por espacio de más de una década, con una serie de consecuencias beneficiosas en este caso.
Debe tenerse presente para esta valoración la gran diferencia de tamaño de las economías de los vecinos del Plata, porque capitales de relativa importancia para Argentina por su magnitud son sin embargo de gran impacto en nuestro medio, y eso precisamente ocurrió en lo que los gobiernos kirchneristas consideraron como la “década ganada”.
La realidad descarnada era que para sostener el “modelo” de las administraciones del matrimonio Kirchner se necesitaba mucho dinero, porque la economía estaba basada en subsidios para mantener deprimidos determinados precios de artículos de uso diario, así como la energía y encima de todo estaban las políticas asistencialistas populistas, que consumían enormes recursos del Estado.
Ergo, ante el déficit fiscal creciente, el campo representaba la tabla de salvación en el corto plazo para mantener estas políticas y tratar de retener el poder, por lo que gradualmente se fueron aplicando más retenciones a las exportaciones de productos primarios, como la soja. De esta forma los productores percibían menos dinero por sus ventas al exterior, desde que el Estado se quedaba con una porción cada vez más grande de la torta.
La reacción de los productores argentinos fue de rechazo a esta apropiación y como resultado obvio, los que pudieron sacaron gran parte de sus capitales e invirtieron en campos en Uruguay, tanto en compras como en arrendamientos, porque si bien los suelos por regla general son inferiores para la actividad agrícola, en contrapartida con menos rendimiento igualmente obtenían más ingresos. Por supuesto que ese fue solo el comienzo, y en los últimos años en gran beneficiario fue Paraguay, país con menor voracidad fiscal incluso que Uruguay, sin la constante presión sindical y como yapa, con el precio de la tierra infinitamente más barato. No es de extrañar entonces que hasta los propios productores uruguayos fueran en masa a comprar campos productivos a tierras guaraníes.
En el corto y mediano plazo, hubo dos consecuencias ostensibles en una y otra orilla: las inversiones de los argentinos permitieron revertir la grave crisis del agro que vivía nuestro país a principios de este siglo, porque junto con las inversiones vino la explosión de los precios internacionales de los commodities, muchos productores pagaron sus deudas vendiendo parte de sus campos o arrendándolos, al tiempo que se vieron beneficiados por los elevados precios.
En cambio en la Argentina se dio que la voracidad fiscal y el destrato de los gobiernos K desmotivara la producción agrícola, que perdía inversión, de la misma forma en que se perdió la capacidad de producir y distribuir gas, electricidad y petróleo, hasta que el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri y su cambio radical en la política económica, hizo que se volviera a apostar al agro y las condiciones cambiaran sustancialmente en la vecina orilla en la actual coyuntura.
Paralelamente, para recuperar los miles de millones de dólares que tienen los argentinos en el exterior, el gobierno de Macri habilitó una ley para blanqueo de capitales que entre otros aspectos no apunta que quien tiene bienes y capitales no declarados los repatrie, sino que los declare, dejándolos en blanco, y pague a su vez un porcentaje de ese capital para dejarlo regularizado ante los organismos de control.
Naturalmente, se trata de una jugada con vistas a hacerse de efectivo para enjugar el fuerte déficit fiscal y a la vez generar una vía de regreso potencial de los capitales llegado el caso, cuando el capitalista considere que están dadas las condiciones de caída del riesgo para tener todo en regla en su país, sobre todo cuando se han incrementado sustancialmente los controles a los capitales en las entidades financieras de todo el globo, en el marco del combate contra el lavado de dinero por el narcotráfico, fundamentalmente.
En esta vuelta de tuerca de escenario hay por lo menos como consecuencia directa el freno de las inversiones en campos e inmuebles de nuestro país por argentinos, que ya no se sienten perseguidos como durante los gobiernos K. Es así que como está aconteciendo con los argentinos que tienen inmuebles en Maldonado y Punta del Este, los propietarios de campos de la vecina orilla también están consultando a operadores inmobiliarios y estudios jurídicos en Uruguay para adherirse al plan de blanqueo de activos que acaba de lanzar el gobierno de Mauricio Macri.
Según da cuenta El Observador, en los últimos 15 años, unas 7,8 millones de hectáreas en Uruguay --casi la mitad de las 16,4 millones ha del total del área agropecuaria--, cambió de manos, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). Como consecuencia de la fuerte transformación productiva y tecnológica que tuvo el agro en ese período en rubros como la agricultura y la forestación, una porción importante de esa superficie pasó a manos de capitales extranjeros, sobre todo argentinos.
De acuerdo a los últimos datos disponibles de las operaciones de tierras por nacionalidad de la DIEA en Uruguay, entre los años 2000 y 2012, los argentinos lideraron la compra de campos con 243 mil ha por un monto de U$S 518 millones. En un segundo escalón aparecen los brasileños con 147 mil ha por un monto de U$S 145 millones.
Sin embargo, el grueso de las operaciones de venta de campo se realizó en ese período a través de sociedades anónimas, donde la DIEA no pudo tener acceso al origen de la nacionalidad de sus propietarios. Bajo ese formato jurídico, entre 2000 y 2012 se adquirieron 3,4 millones de ha por un monto de U$S 4.726 millones.
Si bien el plan de blanqueo se lanzó hace una semana, hay propietarios de tierras en Uruguay que ya se están moviendo para regularizar su situación, pero el giro político-económico y las muestras de cercanía que la impronta del gobierno de Macri viene mostrando con el campo argentino, han provocado un "impacto acotado" en la retirada de argentinos con campos en Uruguay, para volver a apostar a su país natal, según coincidieron los operadores.
Para el director de Da Silva Agroinmuebles, "no se procesó una retirada masiva" de propietarios argentinos en Uruguay. "El argentino está muy adaptado a la realidad uruguaya", aseguró. De todas formas, sí se aprecia que no hay interés por realizar nuevas operaciones de compra. "Seguramente hoy (por los inversores argentinos) estén enfocados en la realidad de su país, ya que potencialmente sus suelos son superiores", apuntó.
Pero por lo demás, aunque no haya condiciones ni desequilibrios como para que se procese un retorno masivo ni nada parecido, la lectura que se desprende de este proceso es que la voracidad fiscal termina por ahuyentar a los inversores, porque el capital requiere reglas de juego claras y trata de evitar los riesgos inútiles si no tiene la contrapartida de obtener ganancias acordes a la inversión.
Uruguay, pese a los planteos extremos de grupos radicales de izquierda en el seno del propio gobierno, ha tenido la virtud, aún con muchos errores, de asegurar un mínimo de reglas de juego y sentido común ante planteos maximalistas y populistas que tanto daño han causado en la vecina orilla y que estaban llevando al corto plazo a la “venezolización” de la Argentina.
Y a la vista de los resultados, este es un activo que debemos preservar como una política de Estado, por encima de la rotación de partidos en el poder, porque es una garantía de estabilidad que es fundamental sobre todo para un país pequeño y como tal altamente vulnerable a los avatares externos, en el que ofrecer determinadas seguridades hace la diferencia a la hora en que prima la incertidumbre.