Opinion | 26 Ago En las últimas horas, el Poder Judicial resolvió que no participará en la próxima edición del Día del Patrimonio, el 1º y 2 de octubre, para evitar el pago de horas extra a su personal. Es decir que la magnífica construcción del Palacio Piria, inaugurado en 1917, permanecerá cerrado al público por falta de presupuesto, además del Palacio de los Tribunales.
El Día del Patrimonio lleva este año el lema de “Educación Pública”, pero ante un panorama financiero deficitario, uno de los tres poderes del Estado y por tanto --también-- gobierno, permanecerá cerrado.
La situación ha llegado a tal punto, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, solicitó la semana pasada al Poder Ejecutivo una partida especial de 26 millones de pesos para “cubrir gastos hasta el 31 de diciembre” (en realidad son necesarios 62 millones) y aún no obtuvo una respuesta del gobierno.
Es que la Rendición de Cuentas no aumentó los fondos para el Poder Judicial y solo se otorgarán 424 millones de pesos para poner en marcha el Código de Proceso Penal, en julio de 2017. Es así que las medidas de ahorro alcanzarán a la reducción de horas de limpieza, pagos informáticos, la imposibilidad del ingreso de nuevos funcionarios con destino a sedes judiciales creadas por ley, el no pago de determinados aportes al Banco Previsión Social y la supresión --hasta el momento-- de trece juzgados de paz en el interior del país, como una forma de “redireccionar” cuatro millones de pesos anuales. Sin mencionar las facturas vencidas que “no podemos pagar”, según el presidente de la SCJ.
“Es la cuarta Rendición de Cuentas en la que no recibimos un centésimo”, aseguró Pérez Mnrique, cuyo órgano que preside deberá afrontar el conflicto con los funcionarios judiciales, que cuenta con un dictamen en segunda instancia a favor del reclamo presentado y que condenará al Poder Judicial, al pago del 21,6% de aumento, o unos 90 millones de dólares, en tanto sigue en curso el recurso de inconstitucionalidad que impugna la postergación por ley del pago correspondiente.
Pero esta situación no resulta novedosa y como se recordará a comienzos del año, tras su asunción, Pérez Manrique había alertado que si no obtenían un refuerzo presupuestal, no se cubrirían gastos de funcionamiento hasta fin de año. El jerarca vaticinó las complicaciones que se comprobaron meses después, además del conflicto salarial que arrastraban desde 2015, con una clara influencia presupuestal y las dificultades existentes en el diálogo con el sistema político.
La definición de lo que acontece en este poder del Estado es clara: “Es como si una familia no tiene aumento por inflación en cinco años. Nosotros tenemos valores presupuestales a valor de 2010, pero con una inflación de 40% en el quinquenio y con el costo de vida del año 2016”, remarcó el jerarca judicial.
Todo esto, a pesar de las consideraciones internacionales que ubican a Uruguay como una de las 20 democracias plenas a nivel mundial con uno de los poderes judiciales más independientes y uno de los peores presupuestos desde la apertura democrática. Las definiciones presupuestarias pasaron del 1,49%, en 2009, al 1,17 y ahora, se destinarán 0,8% del total.
Para tener otra idea clara del protagonismo de la justicia en nuestro país: los juzgados de Familia tienen el 30,13% de los casos; Familia Especializada o Violencia Doméstica, el 14,63% y Penal, el 15,56% de los casos. Con la suma de las tres materias se abarca a la mayoría de la población, por lo tanto, el 70% de los asuntos del Poder Judicial atiende a personas de menores recursos. Bajo un gobierno que ha sostenido el relato de la igualdad y equidad, ya no debatimos un asunto respectivo a la inversión, sino al nivel de justicia que le otorgamos a la población.
Los ministros de la corporación se reunieron en febrero con el presidente Tabaré Vázquez y allí le reclamaron 50 millones de pesos para el rubro inversión y 76 millones para gastos de funcionamientos, de los cuales recibieron 46 millones, que ya fueron consumidos. Según Pérez Manrique “se pagan los tributos en la medida en que se puede”, con multas por atrasos al BPS o sobre el filo del vencimiento, y “ni hablar de cambios o mejoras que impliquen costos económicos porque no hay fondos previstos”, además de “otras facturas que se encuentran en Contaduría a la espera de nuevos recursos”.
Incluso hay incertidumbre en la finalización de las obras del Centro de Justicia de Maldonado en el período previsto de 20 meses y aunque harían “un esfuerzo enorme” para su concreción con recursos propios, no se concretaría dentro del plazo establecido.
Es así que para aliviar la carga, se suprimieron los juzgados de Piedras Coloradas, en Paysandú; Bernabé Rivera, Colonia Palma y Pueblo Sequeira, en Artigas; el juzgado de Plácido Rosas, en Cerro Largo; las sedes que se encontraban en Paraje Polanco y Pirarajá, en Lavalleja; el de Sarandí de Navarro, en Río Negro; se cerraron los juzgados en Villa Soriano y Pueblo Agraciada, en Soriano; y los de Poblado Rincón e Isla Patrulla, en Treinta y Tres, además de la reorganización de las funciones que cumplía el juzgado ubicado en la sexta sección de Salto. Manrique reconoció la influencia de estas sedes en sus pobladores, en tanto cumplían un rol de acercamiento o de mediación cuando existían problemas y así fue planteado por las fuerzas vivas de las localidades. Sin embargo, también pesó el avance de las comunicaciones, carreteras o medios de transporte y la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal, donde ningún juzgado de paz tendrá competencia en las decisiones penales, “salvo circunstancias excepcionalísimas”, aclaró el jerarca.
En los últimos días, la Corte inauguró una cámara Gesell para recabar los testimonios de niños víctimas de abuso, con presupuesto propio. Esta habitación dotada de equipos de audio y video, con un vidrio espejado oscuro para evitar contactos con el exterior, evitará una revictimización de los menores que deben ser reinterrogados por casos de hechos violentos.
La independencia y separación de los tres poderes, proveniente de la Antigüedad, es la base de una república que se precie como tal y los avances en sus decisiones nos garantizará el cuidado de los derechos y obligaciones ciudadanas. Sin embargo, la dependencia de uno con respecto a otros, puede hacer la diferencia.