Nacionales | 31 Ago Desde que el Hospital de Bella Unión contrata con la empresa de traslados de ambulancias Siemm, cuyos dueños son dos directores del Hospital Pereira Rossell y el jerarca del centro de salud, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) multiplicó por 20 el gasto que le implica este servicio.
Según documentación presentada a El País por el diputado nacionalista Martín Lema, mientras los traslados comunes y especializados que ASSE contrata a privados implicaban para la institución de Bella Unión un gasto de 28.500 dólares, en 2013 la cifra pasó a ser de 400.000 dólares (14 veces más), al tiempo que en 2014 el monto continuó creciendo, llegando a 560.000 dólares (casi 20 veces más).
“Esta es una evaluación que hice con los datos del Sistema Integrado de Evaluación Financiera (SIIF). No voy a hacer un juicio de valor sobre el tema, pero quiero que ASSE explique el porqué de esta diferencia”, declaró el diputado blanco. El legislador también destacó que en dos pedidos de informes diferentes que hizo a ASSE se le dio información contradictoria, y se le contestó en una oportunidad que el centro de Bella Unión cuenta con tres ambulancias comunes propias, mientras que en el otro se le dijo que eran cuatro.
“Parece una tontería pero no lo es. Según la cantidad de ambulancias que tengan calcularán la cantidad de las que contratan. Pero ASSE no sabe responder a esto”, se quejó. Lema, además, advirtió que mientras en 2008 ASSE gastó 1.200.000 dólares en el contrato de ambulancias para usar en sus hospitales, esta cifra pasó a 11.700.000 dólares en 2015.
El director del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren; el del Hospital Pediátrico de la misma institución, Rodrigo Barcelona; y el del Hospital de Salto, Marcos García, figuran como socios titulares de la empresa Siemm, que le vende al Hospital de Bella Unión servicios de ambulancias especializadas desde el año 2013, según figura en el Registro Único de Proveedores. Eguren y García, además, fueron directores del Hospital de Bella Unión, el primero durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y hasta 2011, y el segundo en 2013 y 2014, cuando la empresa trabajaba en el centro. Luego de que una auditoría interna alertara sobre la situación de García, este renunció a su parte de la empresa legándosela en partes iguales a Eguren y Barcelona; en 2014 renunció a su cargo en el Hospital de Bella Unión y en 2015 Eguren y Barcelona le devolvieron su cuota de la firma, según figura en publicaciones del Diario Oficial.

AMENAZAN CON PAROS EN HOSPITAL DE SAN JOSÉ
La reunión de la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, con el directorio del Hospital de San José para intentar solucionar un conflicto por falta de recursos humanos que llevó a que los cuatro ginecólogos que realizan guardias presentaran su renuncia, generó malestar entre los médicos del interior y motivó al jefe del Servicio de Ginecología de San José, Alejandro García, a también renunciar a su cargo. García dijo en diálogo con El Observador que se sintió “extrañado” porque ningún ginecólogo fue convocado a esa reunión.
A raíz de su renuncia, que deja sin jefe de ginecología al hospital maragato, los médicos de San José realizarán una asamblea mañana y la Federación Médica del Interior (FEMI) se reunirán el viernes para definir si realizan un paro en los hospitales que no están en Montevideo. El gremio médico del interior considera que ASSE está tomando decisiones de forma “unilateral”, lo que lleva a que se analice la posibilidad de un paro, algo que en el interior rara vez sucede. Los ginecólogos del hospital de San José presentaron una carta al director del centro en la que anuncian que desde mañana, 1º de setiembre, dejarán de hacer guardias porque la maternidad “se ha vuelto sumamente insegura”. “Es insegura fundamentalmente, pensando en las usuarias y su feto y/o recién nacido, en las implicancias médico-legales en que podemos estar envueltos”, dicen en la nota.
El reclamo de los médicos es por falta de pediatras, anestesistas y ginecólogos. A modo de ejemplo, García afirmó que en las últimas 24 horas no hubo anestesista de guardia.

INICIAN PAGO DE EXCEDENTE DE FONASA
A partir del 19 de setiembre se inicia la devolución de aportes pagados de más al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y se estima que se repartirán $ 3.000 millones entre 135.929 personas, al tiempo que la fecha se extenderá hasta el 23 del mismo mes.
Cada trabajador aporta el 4,5% de su salario al Fonasa si no tiene menores ni cónyuge a cargo, y 6% si los tiene. Ese monto tiene que alcanzar para pagar el costo promedio que las mutualistas le cobran al Estado por el servicio y un 25% adicional que es considerado aporte “solidario”. Así es que el Banco de Previsión Social (BPS) devuelve al cotizante dinero cuando lo retenido para el Fonasa es todavía superior a todos esos descuentos.
Esta devolución corresponde a los aportes efectuados en 2015 que son entregados un año después. La devolución “es algo más del 7% en cantidad de personas y algo más del 23% en dinero con respecto a lo entregado el año pasado”, indicó a El País, hace algunas semanas, el presidente del BPS Heber Galli.
El año pasado, la devolución promedio implicó $ 19.178 por persona, mientras que este año la cifra aumentará a $ 22.084, dijeron a El País fuentes del organismo estatal.
Para consultar si corresponde o no la devolución de aportes de Fonasa, las personas sin contrato pueden averiguar en el enlace: “Consulta devolución Fonasa” y los trabajadores con contrato en “Consulta Mis Aportes”, en ambos casos a partir del 19 de setiembre y hasta el 23. O por medio de la línea telefónica 0800 2016. Además, el BPS dará a conocer ejemplos de los beneficiarios. Si tiene una cuenta bancaria, la persona puede pedir al banco que prefiera que se deposite la devolución o con cédula de identidad presentarse a cualquier agente de pago en los días indicados en el calendario que difundirá el BPS.

DEUDA PUEDE PASAR A HIJOS DE EMPLEADOR
El presidente del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, advirtió que más de un 30% de las empleadas domésticas siguen trabajando en negro, es decir, sin estar registradas en la seguridad social. Galli aseguró que cuando una doméstica se quiere jubilar y reclama los años trabajados, aún cuando no haya aportado por ellos, la deuda que deben pagar los empleadores puede ser muy grande.
Aseguró que en estos casos el BPS calcula lo adeudado e intima el cobro. Si la empleada no estuvo siempre regularizada, sino solo los últimos años de trabajo, se le exige al empleador 10 años de aporte. El presidente del BPS aseguró que hay casos en los que el empleador fallece y le pasa la deuda a sus hijos o herederos, que “tienen que enfrentar la situación”, dijo Galli en el programa Contrapunto de TCC.