Nacionales | 30 Ago El Senado aprobó ayer prorrogar la obligatoriedad de cobrar sueldos, pasividades y beneficios sociales por vía electrónica en las localidades del Interior que tengan menos de 2.000 habitantes, hasta que cuenten con puntos de extracción, informó El Observador.
La iniciativa es del senador del Partido Independiente Pablo Mieres, quien alertó que en varios pueblos, los trabajadores y jubilados debían trasladarse hasta 100 kilómetros para poder cobrar. El cambio que explicó la senadora Patricia Ayala (Frente Amplio) y logró el apoyo de todo el plenario, es de “estricta justicia”, opinó Mieres.
Los senadores, en acuerdo con el Ministerio de Economía, votaron la prórroga para las localidades de menos de 2.000 habitantes hasta que cuenten con cajeros automáticos o redes de cobranza. La ley prevé que a partir de mayo de 2017, todos los pagos de remuneraciones del país se deben realizar por medios electrónicos (tarjetas de débito o prepagas).
En sala, el senador Carlos Camy (Partido Nacional) dijo que, según datos oficiales, hay 442 localidades “con dificultades” para ser parte del sistema de inclusión financiera que impulsó el gobierno. Las dificultades son porque carecen de cajeros automáticos o algún mecanismo similar.
Desde esa bancada, Luis Alberto Heber recordó que los centros comerciales del Interior plantearon “muchísima resistencia” a la ley, mientras que el senador Alvaro Delgado, que apoyó la prórroga, señaló que se está ante la “primera perforación” a la ley de acceso a servicios financieros.
La senadora Lucía Topolansky (Frente Amplio) dijo que “la flexibilización” que se impulsó para los pueblos pequeños “no perfora la ley” votada en el año 2014, cuya implementación requiere “de un proceso”.
El Ministerio de Economía había anunciado su disposición a ser "flexible" con algunos desafíos planteados en la ley. Viendo las dificultades que surgieron en el Interior, el asesor de Economía, Martín Vallcorba, dijo a comienzos de este mes que se otorgarán incentivos para llevar la infraestructura de cobro a los pueblos pequeños. El texto aprobado en el Senado pasó ahora a la Cámara Baja. El diputado colorado Walter Verri presentó ayer un pedido de informes dirigido a Economía para que detalle el impacto de la ley de inclusión financiera y diga qué hará para incorporar a los pequeños comercios que quedaron por fuera del sistema.
El Senado aprobó además la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, suscrito por el gobierno en París (Francia) en junio de este año que, según se mencionó en el plenario, tendrá repercusión sobre el secreto bancario. También se aprobaron convenios de intercambio de información tributaria con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con los Estados de Guernsey.
Otro acuerdo votado fue con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y el Patrimonio.
Por otro lado, el Senado aprobó las venias para que Juan José Domínguez sea el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos; Gloria Seguessa ministro de Tribunal de Apelaciones y Mariel Nuñez fiscal letrada departamental.

UBER TENDRÁ QUE CUMPLIR
El presidente Tabaré Vázquez dijo que Uber deberá funcionar en el marco de la normativa del país, pagando los impuestos y respetando los derechos laborales de sus trabajadores.
Vázquez dijo que se trata de un asunto que se está dando en las principales ciudades del mundo y recordó que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento no trata solo de Uber, sino de todas las nuevas modalidades de aplicaciones que se están introduciendo en la economía mundial. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, señaló el mandatario, recordando uno de los lemas de sus gobiernos.
El proyecto se está discutiendo en la cámara de Diputados y cuenta con apoyo de la oposición. Sin embargo el Movimiento de Participación Popular expresó sus dudas sobre el asunto, considerando la legislación como una forma de legitimar el nuevo servicio.

RECHAZAN CIERRE DE JUZGADOS EN EL INTERIOR
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se sumó ayer al reclamo de los funcionarios judiciales por el cierre de varios juzgados de paz de localidades pequeñas del Interior, medida resuelta por la Suprema Corte de Justicia en virtud de los problemas presupuestales que afronta el Poder Judicial.
A través de un comunicado, la organización que nuclea a los jueces expresó su “honda preocupación por la supresión de juzgados”, asegurando que la medida “supone un importante cercenamiento al derecho humano de acceso a la Justicia de las poblaciones afectadas”.
Los magistrados lamentaron que el Parlamento no haya dispuesto recursos para evitar los cierres en la última Ley de Presupuesto, aún cuando esas consecuencias fueron advertidas por la AMU. “Esta Asociación no cesará en la búsqueda de soluciones que, a pesar de estas adversidades, garanticen a la población el acceso a la justicia”, agrega la declaración.
El reclamo ya había sido hecho por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que apenas se conoció la resolución emitieron una declaración para advertir que a partir de ahora en las localidades pequeñas “todas las acciones que demanden la presencia judicial implicarán para las personas el traslado a otras localidades para ejercer efectivamente sus derechos, lo que no siempre es posible por no contar con los medios necesarios”.
El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó a Montevideo Portal que la resolución eliminó varios juzgados de paz del Interior, haciendo que los jueces de paz que permanecen en funciones deban encargarse de varias secciones jurisdiccionales. La SCJ aclaró que la modificación obedece a los problemas presupuestales que afronta el Poder Judicial, debido a que no se incluyeron incrementos en la última Ley de Presupuesto.

DINERO DE INTERIOR PARA LA EDUCACIÓN
Los senadores del Frente Amplio anunciaron que dentro de la Rendición de Cuentas pasarán 150 millones de pesos del Ministerio del Interior al presupuesto de la educación, informó Subrayado.
Interior tenía asignado ese monto para contratar personal en una nueva cárcel, pero como no estará pronta en 2017 esos fondos se pueden resignar y adjudicarlos a la educación.
El objetivo es reducir el recorte en el presupuesto educativo, que quedó en 530 millones luego de los cambios que hizo el Frente Amplio en la Cámara de Diputados. La Rendición de Cuentas llegó del Poder Ejecutivo con un recorte de 1.500 millones de pesos en educación.
Luego de un tenso debate con el gobierno y dentro de la bancada oficialista, se reordenaron gastos y el recorte en la educación quedó en la mitad. Los senadores del Frente Amplio sacaron recursos de otros rubros y aún quedan por cubrir 530 millones de pesos para que la educación tenga su presupuesto completo, sin recortes, en 2017.