Opinion | 28 Ago La disponibilidad de capital y su uso criterioso para multiplicar riqueza, la creación de fuentes de empleo y la distribución de recursos con criterios que permitan mejorar la calidad de vida de la población son, en líneas generales, los parámetros por los que históricamente ha pasado la discusión o el desafío para un subcontinente sudamericano que cuenta con enormes recursos naturales, la mayoría mal explotados, subexplotados o sobreexplotados, según el caso.
Naturalmente, en el Cono Sur hay situaciones muy distintas según el país o región que se trate, pero existe un común denominador en los conceptos a los que nos referíamos. Sobre todo, porque cuando hablamos de capitales es notorio que la fuente de dinero no está en este lado del mundo y que existe un potencial desaprovechado en cuanto a recursos naturales, para los que se necesitan capital, recursos humanos, proyectos y tecnología para posibilitar su uso como instrumento de desarrollo y bienestar de la región.
Estos han sido sometidos a avatares desde el fondo de la historia y, lamentablemente, muchas veces embarcados por sus gobernantes y dirigentes políticos en aventuras populistas que han traído más problemas que soluciones.
Es oportuno, en este razonamiento, traer a colación un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que surge que América Latina y el Caribe ahorran menos que cualquier otra región del mundo, con la excepción del África Subsahariana. Eso atenta contra el crecimiento económico y sus oportunidades de inversión.
En ese estudio, el organismo interamericano dio cuenta de que Latinoamérica tiene una tasa de ahorro inferior al 20% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, entre 10 y 15 puntos porcentuales menos que los países de Asia emergente.
En el informe Desarrollo en las Américas 2016 se indica que “es urgente promover más y mejor ahorro para resolver problemas acuciantes, entre ellos, bajo crecimiento, escasa inversión y la necesidad creciente de cuidar de una población que envejece”.
Ello refiere a puntos medulares del escenario regional y sus falencias históricas, tan pronto se haga un repaso de las vicisitudes que se han dado en la región, sobre todo en el último siglo. Sin duda, su identificación marca por dónde pasan las vulnerabilidades que repercuten en la situación de cada país, a partir de la dirección que toma la economía en el mundo en determinado período y que repercuten con fuerza en nuestro subcontinente, que es netamente tomador de situaciones.
En cuanto al camino que sigue el dinero en Sudamérica, el organismo evaluó que el gasto público es demasiado elevado en subsidios y muy bajo en inversiones de capital, lo que indica que hay áreas clave en las que los gobiernos podrían ahorrar más y ser más eficientes en el uso de sus recursos.
El informe considera que la asistencia social, gastos tributarios (exenciones fiscales) y subsidios energéticos sufren “filtraciones” más prominentes, entendiendo por esto que “acaban beneficiando más a los ricos que a los pobres”. En este sentido, el BID estimó en unos 100.000 millones de dólares al año los ahorros potenciales si los gobiernos fueran más eficientes en su gasto público. Explicó que por cada punto porcentual adicional de ahorro, la inversión interna crecería en casi 0,4 puntos porcentuales o unos U$S 20.000 millones.
En tanto, destacó que solo las ineficiencias en salud y educación representan unos 50.000 millones de dólares en potenciales “desahorros” anuales, lo que se agrava con una evasión estimada del 52% en la recaudación potencial en América Latina.
Es decir, hasta acá llega una especie de diagnóstico sobre el destino de los recursos que trabajosamente se logran y se reciclan en la región, y que mayoritariamente no tienen el destino que deberían tener para que cada peso o dólar rinda más y mejor en beneficio de cada habitante de la región, pero sobre todo de sus descendientes en el mediano plazo.
Para el organismo multilateral de crédito, el problema, entre otros aspectos, pasa porque en América Latina y el Caribe los mercados financieros no están lo suficientemente desarrollados como para ofrecer instrumentos de inversión que canalicen el ahorro público y privado a largo plazo hacia sectores como la infraestructura.
Consideró que la región debería aumentar la inversión en infraestructura en entre dos y cuatro puntos porcentuales del PBI anual (entre U$S 100.000 millones y U$S 200.000 millones) durante décadas para asomar con otras perspectivas de crecimiento en desarrollo, que es el gran reto, pero nos encontramos con que el bajo nivel de ahorro restringe el financiamiento necesario.
“Si la inversión está bien planificada y ejecutada, los retornos a la inversión en infraestructura son muy altos y permiten potenciar la inversión privada en la economía”, afirmó el BID, al considerar que no se puede hablar de ahorro en América Latina sin referirse a las jubilaciones. En este punto, las alternativas de los gobiernos son “verdaderamente pobres”.
Cuando los esquemas están mal presentados o tienen fallas de base que resultan imposibles de corregir sobre la marcha sin decisiones traumáticas, nos encontramos con que, en lo inmediato, la opción es extraer mayores recursos de una población en edad de trabajar a través de impuestos más altos o enfrentarse a la perspectiva, ante la falta de opciones, a condenar a en los hechos a una amplia parte de la población de edad avanzada a vivir en mayor pobreza.
Según el estudio, en el marco de estos condicionamientos el debate en la región debe dirigirse a que menos de la mitad de la población aporta a algún sistema previsional y no perder tiempo en discutir sobre si los sistemas de pensiones deben ser de capitalización o de reparto, teniendo en cuenta que la población “está envejeciendo rápidamente”. Si no se actúa ahora, no se dispondrá de los recursos para atender las necesidades crecientes.
Deben atacarse, por un lado, la evasión y el informalismo como factores que contribuyen a la falta de recursos financieros para las áreas sociales, pero sobre todo, promover reformas profundas del funcionamiento del Estado en cuanto al uso de los dineros públicos, apuntando a utilizar subsidios solo en forma temporal y en áreas estratégicas.
Ello redundará en tener otros horizontes en cuanto a canalizar los ahorros posibles hacia la infraestructura y estímulos a la inversión que generen sustentabilidad. Un círculo virtuoso en la economía, en lugar de seguir rifando dinero en facilismos sin retornos.