Locales | 29 Ago La brecha con las tarjetas. Ese es el punto de preocupación de los miles de pequeños comercios del país frente a la ley de inclusión financiera que avanza hacia una incorporación masiva. Si bien apunta a combatir a la evasión fiscal y genera una mayor formalización, los costos que acarrean los bancos por las tarjetas afectan la ecuación de estos comerciantes que deben, a su vez, trasladar a precio lo que pagan por el plástico. No es negocio para ellos.
El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Mario Menéndez, afirmó a EL TELEGRAFO que “cada vez” se complica más la situación de los comercios más chicos. “Siempre es en desmedro de los pequeños comerciantes; los grandes tienen otra manera de revolverse, de trabajar”, continuó. “Muchas veces no ganás nada y todavía hay que pagarle a los bancos, que se llevan toda la plata. Es una pena”.
La ley de inclusión financiera establece una serie de cambios tendientes a una mayor bancarización de la economía, lo que implica disminuir el efectivo a favor del dinero electrónico. La norma es muy abarcadora y altera desde la forma en la que hasta ahora se cobraban los salarios --donde estarán incluidos las poblaciones rurales y todo trabajador de cualquier tipo-- a cómo se realizan las operaciones inmobiliarias o se adquieren vehículos. Afecta también el volumen de las compras que se realizan con tarjetas (a través de incentivos como la rebaja del IVA, que al lanzarse la ley era del 4% para débito, en la actualidad es del 3% y a partir del 1° de agosto es del 2%).
También fija el abandono del pago en efectivo en los taxis (medida que todavía no se sabe cuándo entrará en vigencia) y en las estaciones de servicio, en las que el retiro del dinero físico comenzó a regir en la noche del domingo 15 de abril en Montevideo y Canelones, y desde el 15 de agosto funciona en todo el país y en todos los horarios.
El artículo 64º de la Ley 19.210, promulgada a fines de 2014, prevé la “equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico”. Dice que los comercios no podrán cobrar un precio mayor por pagar con tarjeta y también prohíbe ofrecer beneficios exclusivos, “monetarios o no”, por el pago en efectivo.
Existe una rebaja del costo de las transferencias interbancarias, mientras que el usuario puede elegir con qué banco operar al momento de ingresar al sistema. Las pequeñas empresas pueden abrir una cuenta bancaria gratis. A su vez, el trabajador que ya cobra de manera electrónica podrá cambiar de banco desde octubre de 2016 después de un año de permanencia.

COSTO DE LAS TARJETAS
La polémica está centrada en el arancel que piden los bancos por la utilización de las tarjetas de crédito y de débito. En la actualidad, el arancel que se cobra con tarjeta de débito es el 2,35% y para tarjeta de crédito es 4,5% en un pago, y un 4,9% en cuotas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cronograma de rebaja de aranceles prevé que en el caso de la tarjeta de débito baje hasta el 1,5% a medida que aumente la utilización del medio electrónico. En las tarjetas de crédito se prevé alcanzar el arancel al 3,5%.
En cuanto a los plazos de acreditación del dinero de la transacción, las tarjetas de débito lo reintegran en 48 horas, mientras que las de crédito y los tiques alimentación, en 21 días. Por su parte, alquilar un POS (aparato para efectuar la transacción por débito, crédito o tique --ahora que son electrónicos--) tiene un costo de 900 pesos mensuales. Los POS han aumentado de 13.157 en 2011 a 45.488 en 2015.
“Como dice el tango, que la razón la tiene el de más guita”, se lamentó Menéndez. “Viene del Ministerio de Economía y hay que cumplirlo. Te obliga a perder. Ya se ha hablado todo lo que hay que hablar. Te la tenés que fumar. Los que hemos tenido algún tipo de comercio, como almacén, estamos limitados porque por algo elegimos este camino. Pero si te lo sacan, decime qué hacés. Mientras el cuerpo aguante, hay que seguir”, añadió con pesadumbre el titular de Cambadu.
A su vez, se manifestó acerca del proyecto de ley del gobierno que prohibirá a los vendedores imponer un mínimo de gasto a quienes quieran pagar con tarjeta de débito y advierte que, de aprobarse el cambio en la legislación, habrá ventas que dejarán de ser rentables. “No es bueno que no puedan fijar un mínimo. Vendés cuatro pesos y lo que ganás lo perdés en el arancel”, concluyó.

EL NEGOCIO CAMBIÓ
La misma preocupación tiene el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), Jorge Ledesma. De acuerdo con el empresario, los descuentos y condiciones especiales que ofrecen las tarjetas a los grandes emprendimientos dejan en inferioridad de condiciones a los comercios más pequeños “y además están los aranceles que les otorgan las emisoras a las grandes empresas, que son diferentes a los del pequeño comercio. Siempre se está utilizando al pequeño para que subsidie al grande”.
“Mediante esta ley promovíamos que los aranceles sean similares, que no hubiera una diferencia mayor a un 1% entre el grande y el chico. Hoy la diferencia está mucho más marcada, porque hay comercios que trabajan con aranceles muy bajos y otros con aranceles muy altos. Hay una brecha de 7% y 8% entre unos y otros, y no podemos dejar que se dé ese tipo de desventajas”, ha dicho a EL TELEGRAFO.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, se debe tener en cuenta cómo la ley afecta a los comercios de menor tamaño y que están en el Interior o en zonas remotas, lo que implica rever los aranceles porque “el negocio cambió”. “Faltó que la ley se hiciera no como una imposición, sino como algo más consensuado entre las partes, porque el que tiene que cumplirla es el comerciante”, dijo su economista asesora, Ana Laura Fernández. Al año 2014, el 84% de las empresas en el país son micro (1 a 4 trabajadores) y el 12,3% son pequeñas (de 5 a 19 trabajadores). Ambas suman el 96,5% del total.

ECONOMÍA MUESTRA RESULTADOS
Para el MEF, los resultados de la ley de inclusión financiera o de bancarización, según le dicen algunos, están a la vista. “Los últimos datos que tenemos en tarjetas de débito es que cuando las comparamos con dos años para atrás, su uso se ha multiplicado casi por diez, tanto en el monto como en cantidad de operaciones. Todavía no tenemos una información que abarque todo el sistema, pero sí sabemos que el Banco República ha abierto desde octubre del año pasado más de 100.000 cuentas en el marco de la Ley de Inclusión Financiera. A eso hay que agregarle la cuentas que han abierto los bancos privados y los instrumentos de dinero electrónico”, dijo a El País el responsable de inclusión financiera del MEF, Martín Vallcorba.
En este momento hay nueve empresas que figuran como emisoras de dinero electrónico en la web del Banco Central del Uruguay (BCU), entre ellas Prex, Redpagos y Anda, pero hay otras que se les agregarán en un futuro cercano, como Abitab. A esto se suma los dos emisores de dinero electrónico para la alimentación, que son Sodexo y Edenred.
Vallcorba también defendió el hecho de no aceptar más efectivo en las estaciones de servicio. Adujo un tema de seguridad: “Sin duda, hay una limitación a la libertad del consumidor a decidir qué medio de pago a utilizar, pero esa restricción obedece a una razón de interés general muy potente, que es la de salvaguardar la vida de las personas que trabajan en esos lugares”.
Consultado por cuánto dejó de recaudar el Estado por la rebaja del IVA por las compras con las tarjetas, que rige desde 2014, Vallcorba indicó que el monto es de 100 millones de dólares anuales.