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Paysandú, Domingo 04 de Septiembre de 2016

REUNIÓN “RESOLUTIVA” EL 7 DE SETIEMBRE

La reducción de las bonificaciones de Ancap a los estacioneros influirá en los puestos laborales

Locales | 28 Ago La Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) encomendó a la consultora CPA Ferrere un estudio basado en la paramétrica que utiliza Ancap para fijar el precio de los combustibles y su incidencia en las ganancias reales de las empresas, donde pesan el Índice de Precio al Consumo (IPC), los aumentos salariales, el valor del dólar, la Unidad Reajustable (UR) para los alquileres, costos de mantenimiento, horas extras, pago de seguridad, aranceles por tarjetas de crédito o débito, entre otros aspectos.
El informe de los economistas Gabriel Oddone, Cecilia de Brun y Santiago Rego se presentó ante el directorio del ente petrolero y el Ministerio de Economía, al tiempo que se movilizan porque sostienen que el proyecto de Rendición de Cuentas --que tiene media sanción de la Cámara de Diputados-- reducirá “como mínimo un 10% el costo de distribución secundaria de combustible” o el equivalente a unos U$S 38 millones.
Fuentes del sector consultadas por EL TELEGRAFO reconocieron el deterioro de las ganancias y su afectación futura, vinculada con las fuentes laborales y recordaron que “desde hace un mes, se gesta un juicio con el organismo”, ante el cambio de la liquidación de la paramétrica que deteriora las bonificaciones y de acuerdo con el informe de la consultora se encuentra “un 66% por debajo de lo que debería ser”.
DATOS DEL SECTOR
Según los datos aportados por el Banco de Previsión (BPS), hay 8.342 trabajadores en las estaciones distribuidas a nivel nacional, donde el 80% de los comerciantes son propietarios de una sola empresa, que en su mayoría cuentan con dos o más socios.
De ese total, el 62% son micro o pequeñas empresas y el 38% restante se declararon medianas empresas que expenden combustible todos los días del año, con una baja conflictividad y sin desabastecimiento.
El estudio coincide en una desaceleración de la venta de combustible, que ha sido directamente proporcional al nivel de la economía o demanda interna. Entre 2005 y 2013, el Producto Bruto Interno creció (en promedio) 5,6% y las ventas lo hicieron un 5%, con un comportamiento disímil, en comparación con los distintos tipos de combustibles. El gasoil presentó aumentos moderados y creció menos de la mitad del incremento registrado en la venta total (2,1% en el mismo período analizado), por tanto la nafta sostuvo el dinamismo del negocio de los estacioneros, con un crecimiento promedio superior al 10%. En los últimos dos años se contrajo la venta de gasoil y el expendio de las naftas creció por encima del 6%, en tanto representaron casi el 50% de las ventas correspondientes a 2015.
Las bonificaciones surgen de la diferencia entre el precio de venta al público y el precio del costo de los combustibles para las estaciones y toma como referencia los costos de una empresa tipo. Es así que, ante un descenso en las ventas, las bonificaciones evolucionan por debajo de la inflación desde mediados del año pasado y se contraen desde los últimos tres trimestres. En 2015, la bonificación por litro para cada establecimiento descendió 1,1% con respecto al año anterior y bajó casi 5%, desde la entrada en vigencia de la nueva paramétrica que Ancap estableció --de manera unilateral-- en julio de 2013.

LA PARAMÉTRICA ACTUAL
La actual paramétrica fijada por el ente se basa en el IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el salario del pistero según los convenios salariales vigentes, la UR, la cotización del dólar interbancario, el precio de la nafta Súper 95 y un “ponderador” que relaciona costos y ventas.
La consultora señala que los costos que reconoce Ancap se encuentran por encima del millón de pesos, a valores calculados en enero de 2014, seguido por el IPC que representa un 45% del total, mano de obra que corresponde a un 30% y los costos de la moneda estadounidense que tiene una ponderación del 1%.
Sin embargo, esta paramétrica registró modificaciones en enero de 2014 y desafectó de la bonificación el concepto de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los dividendos e incorporó el ajuste salarial vigente, por tanto, se reliquidaron los valores.
Seguidamente, a comienzos de 2015 el ente aumentó el porcentaje de litros vendidos con tarjetas de crédito, enmarcado en la Ley de Inclusión Financiera y el monto reconocido pasó de 24,3% a 35,5% del total de litros vendidos, con las modificaciones consiguientes en el cálculo del tipo de cambio y del método de cálculo, entre otras variables.

“REUNIÓN RESOLUTIVA”
Los estacioneros consultados por EL TELEGRAFO desconocen “a partir de cuándo” se adoptará dicha medida, “ni cómo bajará Ancap el 10% del costo de la distribución”, pero “obviamente afectará a los transportistas y a las distribuidoras”.
La Unvenu está convocada el 7 de setiembre, en el marco de “una reunión resolutiva” de la gremial y “allí se resolverá de acuerdo con lo que informe Ancap, en relación con las últimos encuentros que se realizarán previo a ese día”.
El documento de CPA Ferrere resalta que la decisión del Poder Ejecutivo se adoptó para “evitar nuevas pérdidas patrimoniales” del ente petrolero y analizó que no se busca un descenso en el precio de venta al público, sino una mejora de Ancap, a través de la afectación de los ingresos de actividades que no realiza directamente y define que “conceptualmente es una verdadera confiscación”.
Paralelamente, a finales de 2015 una tripartita firmó el nuevo convenio colectivo. Sin embargo, a pesar de los acuerdos, Ancap notificó a Unvenu el 29 de julio pasado de la suspensión hasta el 1º de setiembre del ajuste de la paramétrica que debería regir hasta el 1º de agosto. Los estacioneros estiman que dicha resolución desconoce el aumento salarial del sector y lo acordado con los representantes del Poder Ejecutivo.
Es así que el consejo directivo de la entidad empresarial recurrió por vía administrativa la resolución del organismo y decidió la citación de Ancap y del Consejo de Salarios a la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para informar a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) --el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector-- y la intervención del ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

AFECTARÁ FUENTES DE TRABAJO
“Con esta decisión de Ancap, tendríamos que comenzar a bajar los costos y posiblemente el primer paso sean las fuentes laborales o al menos temporarias, con el envío al seguro de paro para evaluar cómo se desarrolla la situación. Ya están afectadas nuestras ganancias y si esta reducción se materializa, se verán aún más reducidas”, señalaron las fuentes.
De acuerdo con una encuesta correspondiente a 2012, hay un promedio de 11 pisteros por estación de servicio (son el 72% de la plantilla), en promedio cada uno vende 24.605 litros mensuales y realizan horas extras que se describen como “un fenómeno común” en dichas empresas, además de un encargado y dos administrativos.
Los estacioneros declararon que los pisteros trabajan un promedio de 190 horas extra mensuales, un pistero adicional, a un costo de $29.320 por mes o un incremento del 9,4% de los costos salariales, al tiempo que destacan el impacto positivo de las horas extras por litro vendido. En tal sentido, el reconocimiento de dicho cálculo en la paramétrica es “una subestimación de la bonificación”.
Los mismos datos relevados, resaltaron que la totalidad de las estaciones de servicio presentan “al menos una medida de seguridad y el 48%, al menos dos”, que consideran “necesarias para adecuarse a las exigencias actuales” e involucran “un cambio total del enfoque del negocio”.
Los empresarios consultados aseguraron que las nuevas medidas que prohíben las ventas con dinero en efectivo en horas de la madrugada “nos afectan a todos y depende de cada estación o la zona de influencia donde se encuentra, pero no es un buena medida. De hecho, hay estaciones que están complicadas”.
En tal sentido, efectuaron contactos con representantes del Ministerio de Economía, a quienes solicitaron la eliminación o rebaja de la retención del 2% que realizan las tarjetas y acortamiento de los plazos de pago.


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