Locales | 02 Sep Las autoridades del Banco República acordaron con el sindicato bancario (AEBU) la suspensión por 60 días del cierre parcial de unas veinte sucursales y acordaron la creación de una comisión bipartita para analizar el tema. Los integrantes del sector banca oficial, Ernesto Palomeque y Darío Mendiondo, realizaron una nueva gira por el Interior del país para reunirse con ediles de las comisiones de Asuntos Laborales de las Juntas Departamentales, a fin de posicionar esta resolución a nivel político.
“El sindicato ha sido un impulsor de la inclusión financiera o bancarización, en la medida que se mantenga y mejore el servicio a los usuarios”, sin embargo, “algunos aspectos de su implementación no van en esa dirección, por lo cual nos oponemos al cierre parcial de estas sucursales que perjudicarían a pobladores de pequeñas localidades”, señaló Palomeque.
Explicó que en Uruguay se ha cerrado el 10% de las sucursales y “ese proceso no es sano, en tanto, no se prevé una sustitución de los servicios que se dejan de brindar. Aspiramos a discutir con el directorio del Banco República el proceso de un cambio --en caso de ser imprescindible-- y de la misma forma exigimos la instalación de un ámbito con el gobierno para discutir el impacto en el empleo, con la implementación de las nuevas tecnologías en el sistema financiero”.
En los próximos días se aprobará un documento basado en estos aspectos, que “no incluyen a los uruguayos como por ejemplo la implementación de las llamadas corresponsalías bancarias que redireccionan algunas tareas del sistema financiero hacia otras empresas, donde los trabajadores no perciben buenas remuneraciones ni están sindicalizados”, dijo Palomeque.
Mendiondo, por su lado, rechazó la imposición de la innovación tecnológica “si no se da de una forma natural para que lo reciban los destinatarios de los servicios” y resaltó “la presencia del Banco República en términos de eficiencia social”.
Según el dirigente, “hoy se da una actitud coercitiva de sacar a los usuarios del banco hacia canales alternativos, pero no vemos que estos canales se encuentren en condiciones de ofrecer la totalidad de los servicios y reciban la inclusión financiera en términos de desarrollo social”. Asimismo, “un capítulo aparte merece la presencia física del Banco República en enclaves o determinados lugares geográficos, donde las actividades comerciales requieren de agentes del mercado de financiamiento. Es así que se deja espacio para la instalación de otros agentes que no tiene el mismo compromiso social que tiene el banco como institución del Estado”. A dos años de la aplicación de la ley de inclusión financiera, AEBU, el secretariado departamental del Pit Cnt y el Instituto Cuesta Duarte analizarán el proceso, sus alcances e impacto a nivel ciudadano y su instrumentación en el sistema comercial, “donde se observa que muchos negocios no usan el débito o imponen un mínimo que no se debería imponer para la compra con este sistema”, anunció el delegado local Sebastián López.