Opinion | 31 Ago La Federación de funcionarios de OSE (Ffose) se movilizó ayer y denunció que los recortes presupuestales en el organismo afectarán la calidad del agua para los usuarios, al tiempo que evalúan la concreción de paros en rechazo a la violación de convenios ya firmados y que refieren a pagos de partidas especiales.
La Ffose cuestiona, además, que el organismo elaboró su presupuesto para 2017 sin tomar en cuenta los planteos sindicales y advirtieron que las restricciones repercutirán en las inversiones e ingreso de personal y, por consiguiente, en la prestación de los servicios.
El sindicato advirtió en el año 2000 que la problemática del agua era un asunto global y que tanto Uruguay, como el resto del continente no visualizaban el crecimiento de sustancias químicas y la sojización de la economía. Con el paso de los años, los episodios de mal gusto en la cuenca del Santa Lucía fueron el corolario a una situación que se registraba desde hacía años, sin controles efectivos de impacto ambiental de los emprendimientos instalados en su cuenca.
También presentaron los impactos de la forestación, la megaminería, la ex Botnia, hoy UPM, y el uso de agrotóxicos en áreas cercanas a las toma de agua del organismo, enmarcado en un proceso de acelerado deterioro, con mayores dificultades para una correcta potabilización y las consecuencias de un gasto mayor que se transcriben en las tarifas.
A los reclamos sindicales, se sumaron los estudios académicos provenientes de la Facultad de Ciencias, que respaldan el deterioro a nivel nacional. Paralelamente, el incremento de las urbanizaciones espontáneas que no cuentan con apropiadas redes de saneamiento y un inadecuado vertido de los desechos suman a todo esto una problemática social de difícil resolución, en tanto dichas poblaciones acostumbran a instalarse en zonas cercanas a los cursos de agua.
A partir de la reforma constitucional, el gremio de los funcionarios reconoció que ese documento no se aplica en toda su extensión, porque detalla que el Estado es el único que puede hacer uso y administración del agua, sin embargo, múltiples empresas la utilizan en su beneficio y la vierten nuevamente a los cursos de agua en estado de contaminación, sin un control suficiente de ese mismo garante.
A comienzos de 2015, el dirigente Carlos Sosa dijo a EL TELEGRAFO que el sindicato sostenía su postura contraria a la instalación de emprendimientos contaminantes de los cursos subterráneos y apeló a la vulneración del principio constitucional de que el agua debe preservarse para las generaciones futuras y así rechazó a los proyectos mineros y de fractura hidráulica para la búsqueda de hidrocarburos.
La inquietud también pasa por las medidas de mitigación de la contaminación, adoptadas por el Poder Ejecutivo, y que de acuerdo con la dirigencia no alcanzan porque el seguimiento de los planes se efectuaba “en cuentagotas” y, por tanto, se tornaba muy difícil una valorización certera de los resultados.
De hecho, las medidas se dispararon a partir de una denuncia ciudadana por el fuerte olor a Gamexane en el Santa Lucía, en el año 2013. Es decir, no se actuó basado en un plan previo de prevención y cuidado del medio ambiente en una zona densamente poblada para evitar lo que se amplificó después y contrajo otras consecuencias, como la investigación de otros cursos en el resto del territorio nacional.
A todo esto, se han movilizado junto a las poblaciones afectadas contra los monocultivos –principalmente de soja--, donde persiste la siembra a escasos metros de una cuenca o la fumigación a poca distancia de los centros poblados, cuando la normativa existente lo impide.
Tales posturas generaron visiones diferentes hacia la interna de la central de trabajadores, donde Ffose no presentó una fundamentación correcta en el congreso realizado en 2014 y otras posiciones se mostraron conformes con la iniciativa aprobada en el Parlamento, según Sosa. No obstante, también recordó que estos emprendimientos no han sido determinaciones del Gobierno, “sino que vienen desde fuera bajo los planteos del mercado internacional que influyen en las decisiones internas”.
Paralelamente, los expertos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República hallaron similares signos de contaminación al Santa Lucía, en las aguas de los ríos Uruguay y Negro, con la instalación de cianobacterias, que permanecen en prácticamente la totalidad de los ambientes acuáticos urbanos y suburbanos.
Advirtieron, incluso, que si no se apela a un fuerte control de la contaminación de los cursos de agua, se detectarán toxinas que comprometerían su potabilidad futura.
En el caso del río Uruguay, las cianobacterias ya cumplieron más de tres décadas en nuestro medio, pero la visibilización de esta problemática a nivel nacional, solo ocurrió con los episodios constatados hace tres años en la zona metropolitana.
El ingeniero agrónomo, grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y Coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales, Daniel Panario, se ha transformado en la espada de Damocles para la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Eneida de León. El académico ha reiterado que en su casa no utiliza agua de OSE “ni para tomar mate”, explicó que con la utilización de los filtros “uno se da cuenta que está todo sucio, verde y azul” y advirtió que esta problemática no se detecta de un día para el otro en el organismo humano, sino cuando pasan al menos 50 años de consumo permanente.
El director de la División de Evaluación de la Calidad Ambiental, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Luis Reolón, coincidió con la postura de Panario, y reafirmó que se necesitarían al menos cinco años para que mejore la situación del Santa Lucía.
Es decir que, en líneas generales, los expertos son conscientes de la inexistencia de un “Plan B” al tiempo que se observa un aumento de la producción agropecuaria e industrial. También el doctor Luis Aubriot, experto en Liminología de la Facultad de Ciencias, reconoce la afectación de los sistemas acuáticos “en casi todas las poblaciones del país”, donde se constatan “floraciones de cianobacterias, en muchos casos tóxicas como en la Cuenca del río Negro o del río Uruguay. Entonces, la búsqueda de nuevos sitios para obtener agua son en vano”.
Los planes de acción requieren de mayores definiciones presupuestales, ejecuciones tempranas y fundamentalmente voluntad política para enfrentar una problemática que ya no se presenta a largo plazo, sino en lo inmediato, y tampoco en una comunidad específica, sino en todo el país.