Opinion | 08 Sep La superficie forestal mundial ha experimentado una disminución de 129 millones de hectáreas (un 3,1%) en el período comprendido entre 1990 y 2015, y actualmente se encuentra por debajo de los 4.000 millones de hectáreas.
El empeño por ser más productivos a toda costa, los nuevos hábitos de consumo o la constante presión para alimentar a la población mundial son algunas de las razones por las cuales las zonas tropicales del mundo han perdido 2,2 millones de hectáreas de bosques en los últimos diez años en favor de 3,5 millones de tierras destinadas a cultivos. La mayor parte de esta pérdida de bosques, y el incremento de la superficie agrícola, se produjo en América del Sur, además del África subsahariana y Asia meridional y sudoriental.
El informe SOFO 2016 (Estado de los bosques, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala claramente a los cultivos a gran escala como uno de los grandes culpables de la tala de superficies boscosas. A primera vista la situación pareciera que solo podría agravarse ya que la población mundial ha aumentado un 37% desde 1990 y un 40% el consumo de alimentos. Este último seguirá incrementándose a medida que crezca la población y cambien los modelos de consumo. Asimismo, también es probable que aumente la demanda de tierras para producir otros productos como los biocombustibles.
Ahora bien, el documento de la FAO también enfatiza en que la posibilidad de hacer frente a la creciente demanda global de alimentos la respuesta está lejos de la reutilización de áreas forestales. En su lugar, bastarían “territorios altamente productivos gestionados de forma sostenible”. En este sentido, cabe recordar que la Agenda de Desarrollo 2030 plantea una visión integrada, coordinada, e indivisible de sus objetivos para el desarrollo sostenible.
La sostenibilidad, dice el informe, no es un elemento aislado, sino un prisma en el que confluyen, de forma coherente y equilibrada, la alimentación, la gestión de los recursos medioambientales, y los medios de vida, por lo que aunque fuese cierto que la agricultura extensiva pudiera responder de manera eficiente a la creciente demanda alimentaria a escala global, ello implicaría un gran sacrificio de recursos naturales.
Detener la pérdida de bosques beneficiará a cientos de millones de personas, incluidas muchas de las personas más pobres del mundo, cuyos medios de vida dependen de los bienes y los servicios ambientales de los bosques, pero además ayudará a combatir el cambio climático, proteger los hábitats del 75% de la biodiversidad terrestre a nivel mundial y mantener la resiliencia de los ecosistemas, respaldando de esta manera la agricultura sostenible.
Y, aunque la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la gestión forestal sostenible son prioridades mundiales, el análisis de los documentos de políticas presentados en el informe 2016 de la FAO sugiere que las decisiones sobre las prioridades relativas al uso de la tierra y los recursos naturales no siempre se abordan de forma integrada a nivel nacional.
A pesar de este panorama y del hecho contrastado de que el 70% de la deforestación en los últimos 10 años ha sido ocasionada directamente por la agricultura comercial a gran escala, hay margen para albergar optimismo.
En este sentido, se destacan algunos países que han logrado mantener intacta o incluso incrementar la superficie forestal sin que su producción agraria se resienta, o la seguridad alimentaria se ponga en riesgo. Uruguay y Chile son los únicos países de América del Sur --y 2 de los 29 en todo el mundo-- en que se registró un aumento de la superficie forestal y una disminución de la superficie agrícola, lo que implica el aumento de la cantidad de bosques plantados.
Los factores que contribuyeron al aumento neto de la superficie forestal fueron la reducción de la presión sobre los bosques como resultado del crecimiento económico, el descenso de las poblaciones rurales o la mejora de la productividad agrícola, y la ejecución de políticas eficaces destinadas a ampliar la superficie forestal. En particular en Uruguay, esta expansión ha estado dada en buena medida por el crecimiento de la superficie forestada con eucaliptus utilizado para la fabricación de pasta de celulosa en las dos mega industrias existentes en el país, lo que, a su vez, genera otro tipo de tensiones sociales y productivas. Otro tema es el bosque nativo, que también está sujeto a algunas presiones productivas y representa un tema del cual es necesario ocuparse. Hasta 1987 el bosque se cortaba libremente, hoy esto no sucede.
Uruguay cuenta con una herramienta legal --la Ley Forestal-- que prohíbe expresamente el corte de monte nativo, salvo autorización expresa de la Dirección General Forestal, para lo cual se requiere la inscripción en un registro. En el marco de esta ley, se desarrollaron mecanismos de control --inspecciones, imágenes satelitales, vuelos y coordinaciones entre organismos nacionales y departamentales--, para lograr un manejo forestal sostenible. Desde 2010 se elevaron notoriamente los montos de las multas por incumplimiento y desde el gobierno se apunta a corregir lo que se deterioró y educar sobre la importancia de nuestros montes.
Como suele suceder en temas en que es imposible un control permanente in situ de los dispositivos del Estado, la participación y el control ciudadano, son en este sentido, herramientas muy necesarias. A pesar de esto, las 800.000 hectáreas de bosques naturales que tiene Uruguay deben ser objeto de especial cuidado ya que son claves para el desarrollo sostenible. Unido a esto, otras herramientas como los planes de manejo de suelos, contribuyen al objetivo de seguir creciendo en compatibilidad con la sostenibilidad.