Nacionales | 09 Sep El Directorio de Ancap rechazó por unanimidad el acuerdo negociado por la gerencia de ALUR con el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA) y los trabajadores de Agroalur. Además, se resolvió separar del cargo al gerente general de ALUR, Manuel González, uno de los firmantes del acuerdo salarial, quien será sustituido en forma interina por Victoria Hernández, informó El País.
El directorio fundamentó su decisión de rechazar lo firmado por ALUR al considerar que “no se adecua a la situación del grupo Ancap ni del país en general y no tiene en consideración las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo”.
Asimismo se anunció que las negociaciones continuarán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ancap anunció en un comunicado que hará cambios en la estructura de la empresa subsidiaria “con el espíritu de buscar un relacionamiento más fluido con todas las partes vinculadas o interesadas en ALUR”.
Por otro lado, se reafirmó “el compromiso de la petrolera de adecuar la gestión integral del grupo bajo lineamientos comunes, priorizando la optimización de costos, la implementación de los controles internos y las inversiones en materia de seguridad industrial y medioambiente”, sentenció el comunicado de Ancap.

MUJICA DECLARARÁ SOBRE LIQUIDACIÓNDE PLUNA
El expresidente y actual senador José Mujica deberá declarar ante la Justicia en calidad de testigo sobre la liquidación de la aerolínea Pluna, a pedido de la defensa de uno de los procesados del caso, el extitular del estatal Banco República, Fernando Calloia.
El abogado de Calloia, Gonzalo Fernández, señaló al semanario Búsqueda que citó a Mujica debido a las “profusas declaraciones” que realizó “por todos los medios”, diciendo que “asumía la responsabilidad de lo sucedido”.
“No es Calloia el responsable, el responsable era yo en última instancia, como corresponde. Y lo dije públicamente. Entonces no se puede agarrar a Calloia como cabeza de turco”, declaró en junio de 2015 Mujica.
Tanto Calloia como el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fueron procesados sin prisión en 2014 acusados de “abuso de funciones” por el caso de la quiebra de Pluna, cuya aerolínea el Estado administraba un 25% de las acciones en el momento de su liquidación, en 2012.
A Calloia se le acusa de tramitar el traspaso por 137 millones de dólares de los siete aviones de la exaerolínea Pluna a la empresa española Cosmo, una desconocida en el mundo de la aeronáutica que se presentó por sorpresa en la subasta.
El aval que Cosmo recibió del Banco República terminó en fracaso y con indicios, según dijo la Justicia, de que Calloia y Lorenzo cometieron “excesos sobre el marco legal de sus funciones”, por lo que ambos acabaron dimitiendo.
Ante esta acusación, Calloia decidió apelar y ganó la anulación de su caso, pero en julio de 2015 la Suprema Corte de Justicia confirmó el procesamiento por “abuso de funciones”, revocando la sentencia del Tribunal de Apelaciones, lo que derivó en la renuncia a su cargo en la Corporación Nacional para el Desarrollo, apenas un mes luego de asumir.
A partir de ese momento, el expediente vuelve al juzgado penal de crimen organizado, en ese contexto es que el abogado de Calloia pidió la declaración del expresidente, quien podrá ofrecerla por escrito. En el juicio anterior Mujica no compareció ante la Justicia porque el fiscal de ese momento, Juan Gómez, no lo consideró pertinente.

MILITARES PROCESADOS SIGUEN COBRANDO JUBILACIÓN
El Ministerio de Defensa confirmó que los militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) durante la dictadura siguen cobrando sus jubilaciones sin ningún tipo de afectación. La cartera respondió el pedido de información presentado por el semanario Búsqueda sobre ocho militares retirados procesados por violaciones a los DD.HH.
En la respuesta se señaló que “los militares en cuestión perciben sus pasividades" y que "no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Sin embargo, Defensa se negó a entregar los montos de dichas jubilaciones, argumentando que “esa es información confidencial”.
Búsqueda consultó a fuentes del Servicio de Pensiones de las Fuerzas Armadas que aseguraron que las pasividades en cuestión están por encima de los 60.000 pesos mensuales. En el caso de los coroneles, perciben unos 75.000 pesos nominales, los generales unos 80.000 pesos y en el caso de Gregorio Álvarez, retirado con el máxima jerarquía de teniente general, su retribución podría alcanzar los 150.000 pesos líquidos.
La Asesoría Jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones militares argumentó en su respuesta que “no existe normativa que regule la suspensión de haberes de retiro de las personas que cumplen la pena de penitenciaría como en el caso de los titulares citados cuando revistan calidad de retirados”.