Opinion | 12 Sep El ministro de Economía, Danilo Astori, le retiró la confianza política a Jorge Orrico y lo hizo renunciar de la presidencia del Sodre al enterarse de que no cumplió con los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) de su secretaria. Así quedó enfrentado a su sector político, a raíz de los trámites efectuados por Graciela Valdivieso, quien se enteró de la falta de sus aportes mientras trabajó en el despacho del exlegislador por casi 20 años. De esta manera, comenzó una discusión que se laudó en los medios de comunicación, donde el archivo resultó cruel y eficiente.
La polémica se trasladó desde Orrico, a quien el Parlamento le asignó un rubro para secretaría, hasta Asamblea Uruguay, que centraliza las partidas y ejecuta los pagos correspondientes. Valdivieso recordó que los primeros recibos “eran un papel que decía 'Asamblea Uruguay, 2121, constancia de pago', un garabato que eran las firmas y me lo daban” y con el paso de los años se le hacían depósitos en el Banco República, de los que “nunca más vi un papelito de ningún tipo”.
Sin embargo, esta mujer nunca denunció que cobraba en negro. “Como no me dieron pelota, lo fui dejando pasar, pensando que se iba a regularizar cuando me pusieron toda la plata en el BROU”, confesó. Incluso señaló a Claudia Hugo, la secretaria y pareja de Astori, como la encargada de los pagos durante buena parte del período.
Consultada al respecto, Hugo reconoció que Valdivieso “ya era jubilada cuando ingresó”, por tanto decidió cobrar un viático y “nunca tuvo interés en aportar al BPS”.
Según el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey --quien pertenece a Asamblea Uruguay--, “no podemos permitir que se diga que los trabajadores aceptaron determinada situación. El caso más emblemático es el del sector doméstico, donde es muy común escuchar que la trabajadora pide no aportar a la seguridad social. En este caso es lo mismo. Es muy poco relevante si es una situación consensuada o aceptada. Acá lo que hay, en principio, es una falta de aportes a la seguridad social de una trabajadora. Sea un partido político, sea un empresario, tendrá que responder ante los organismos que correspondan”, afirmó.
Y justamente dirimió un asunto que pretendió enlodarse en diatribas políticas: “De dónde salen los dineros, si es por gastos de secretaría, si con los aportes que cada uno de los legisladores o los que tienen cargos de gobierno vuelcan al partido, es otro tema. Lo que tiene que estar claro es que los partidos políticos no están eximidos de hacer los aportes”.
También lo precisó el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz: “es un disparate lo que dijo, es un disparate decir que si el trabajador no quiere los aportes, eso alcanza para justificar un error y una violación a las leyes y la normativa vigente. Acá lo que se está discutiendo es quién va a pagar. Cuando lo escuché, me quería morir”, confesó, con relación a las declaraciones de Hugo. ¿Es justo o es correcto que estos asuntos no se discutan por los medios de comunicación? No es justo, porque la agrupación política que encabeza Astori conduce la economía uruguaya desde hace más de 11 años y su principal referente se ha explayado con pericia técnica acerca de la rigurosidad de los controles de la evasión y sus consecuencias sobre personas, bienes, servicios y progreso de un país. Además, aplicó duros controles a las empresas a través del cruzamiento de información electrónica hasta convertirse en el “Gran Hermano”, que todo lo ve, para evitar irregularidades administrativas.
Tampoco es correcto, porque el discurso unívoco que ha utilizado la fuerza política a la que representa se basó en la igualdad y equidad, y la negación de aportes --más allá de la aceptación voluntaria de la involucrada-- le generará dificultades ante la utilización de una práctica extendida en los partidos con representación parlamentaria.
Es, en todo caso, una situación de flagrante injusticia y omisión enterarse de que los legisladores que se encargan de redactar y aprobar leyes en beneficio de la población, o sea, de los trabajadores y pasivos, se manejan en la informalidad o en condiciones de desprolijidad. Y esto es tan así porque los legisladores han buscado la manera de percibir esas retribuciones y desviarlas como un mecanismo de financiamiento y sostenimiento de los presupuestos partidarios.
A esta altura, es bueno preguntarse: ¿Quién controla los sectores políticos y sus derivaciones irregulares, tal como la hacen con cualquier PYME? ¿No será necesaria una explicación a la ciudadanía de los recursos que salen de sus bolsillos y que se destinan con total desconocimiento a uno de los tres poderes que gobierna, pero no a los partidos políticos?
Como sea, a mediados de semana, el BPS notificó a Asamblea Uruguay que la deuda por aportes impagos a Valdivieso asciende a un millón de pesos o casi U$S 34.000. Aunque no se brindaron mayores detalles, porque se argumentó que se trata de información privada, en el directorio del organismo aguardan que este hecho sea ejemplarizante y favorezca a mejores prácticas con el denominado “contrato persona”, a través del que se otorga la posibilidad a los trabajadores de supervisar online si la empresa realiza los aportes correspondientes.
Paralelamente --y no es un dato menor--, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, reconoció que en el Estado se han encontrado miles de casos similares. Sin embargo, fue a partir de este caso que activó un pedido de informes al BPS (organismo que Murro integró desde 1992 hasta que asumió la secretaría de Estado) sobre la formalización dentro de los partidos políticos.
El caso de Valdivieso no es el único. Mercedes de Toro, la encargada de la actualización de la página web de Asamblea Uruguay, estuvo tres años (de 1995 a 1998) sin que le hicieran aportes y por esa razón tuvo que esperar un año y medio para que el BPS le aprobara su jubilación.
Lo cierto es que la irregularidad cero no existe en el Estado, que también se ha transformado en evasor y ha utilizado diversidad de maneras para transgredir las normativas vigentes para el ámbito privado.
Por eso, el control ciudadano deberá ejercerse con mayor peso, para que después no nos cuestionemos el descreimiento existente en los referentes políticos, quienes deberán comprender que no se puede estar en dos lugares a la vez, sino que deberán optar por ser el problema o la solución.
La necesidad de una mayor transparencia involucra el pedido por más y mejor democracia, y las comparaciones continuas con otras décadas no sirven para aquilatar el desempeño de los protagonistas actuales, sino que se empantanan en la soberbia que suele ser mala consejera en asuntos políticos.
Se deberá comprender, también, que el bueno y el malo pueden estar en todas partes, incluso dentro de nosotros mismos. Ocurre que a los partidos se los vota para ser gobierno y dentro de los sectores se eligen a los referentes por la rigurosidad de sus trayectorias. Sin embargo, nuevamente estos aspectos quedan por el camino, porque las democracias no se fortalecen si no es con discusión ideológica y visión autocrítica.