Opinion | 10 Sep Las cosas no están tranquilas en la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR), propietaria de Ancap (91%) y de la venezolana Pdvsa (9%), que se maneja bajo el derecho privado. Además de la caída de los ajustes salariales cada dos meses, que desatará un conflicto sindical, de la salida del gerente general, se suma la forma en que ha llegado a ser rentable desde hace cinco años. El senador colorado Pedro Bordaberry, quien revisó los negocios de Ancap desde 2000 hasta 2015, dijo que el ente pactó pagar el costo de la producción de ALUR más 5% y así comenzó a asegurarle la rentabilidad. La petrolera debe por ley mezclar biocombustibles en las naftas y el gasoil y para eso debe adquirir todo lo que produce ALUR desde sus plantas.
Pero ese 5% fue llevado a 35% y se hizo de modo retroactivo. En otro ejercicio, ANCAP pagó el costo más el 15% y en otro el costo más el 10% hasta que se estableció pagar, hasta en la actualidad, el valor de la producción más 10%, lográndose así estabilizar los números de ALUR, informó El Observador. Ese sobreprecio se pagó hasta que la empresa contó con el 100% de su capacidad instalada operativa para el procesamiento de biocombustibles (fines de 2014). La paramétrica que rige para fijar el precio que ANCAP paga por el biodiésel y el bioetanol cuenta hoy con la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.
En su momento hubo polémica por este sistema, que se dijo era un subsidio encubierto del propio Estado a una de sus empresas. Hace unos meses, el ahora exgerente general de ALUR, Manuel González, dijo a EL TELEGRAFO que la política de precios ha variado y que ahora se busca mejorar el precio de venta de la firma a Ancap. El año pasado, bajó un 20% y seguirá en esa línea en 2016, aseguró.
“Lo que se acordó con Ancap es que desde este año y, gradualmente, iremos bajando los costos de producción del biocombustible y, por consiguiente, los precios. Se trata de que la factura a Ancap baje y en este 2016 hay un primer escalón donde seguimos bajando los precios de venta buscando que la empresa gaste menos en biocombustibles”. Explicó que para lograrlo se deben dar dos factores: “uno es continuar con la reducción del precio de venta de los biocombustibles, que el año pasado fue de un 20% y, por otro lado, buscar que el biodiesel --no el etanol-- logre un ajuste a la baja en el porcentaje de venta, yendo al 6% en lugar del 7% que teníamos hasta 2015”. “Con esos dos factores se busca, teniendo un mínimo impacto desde el punto de vista de la actividad y el trabajo, ajustar a la baja la factura de biocombustibles a Ancap”, añadió.
Como parte de la reestructura de Ancap, el gobierno acordó a principios de 2015 reducir los porcentajes de mezcla de los biocomubustibles para cumplir con el mínimo que exige la ley, que es del 5% por cada litro de gasoil (biodiésel) y nafta (bioetanol). Ello llevó a que ALUR esté hoy exportando sus excedentes de biodiésel a Holanda.
“La viabilidad del negocio y las inversiones estaban aseguradas porque Ancap compraba todo”, afirmó Bordaberry a El Observador. Además, esos costos surgidos de pagar más caro a ALUR, luego son trasladados al consumidor de combustibles, dijo. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconoció que la petrolera uruguaya paga por biocombustibles a ALUR un precio muy por encima de los valores internacionales.
Por su parte, el senador nacionalista Álvaro Delgado, uno de los miembros denunciantes en la investigadora de Ancap --donde los partidos de la oposición presentaron una denuncia ante la Justicia especializada en crimen organizado--, afirmó que esa operativa resultó ser “una capitalización a ALUR” que costó 100 millones de dólares, a los que hay que agregar otros 20 millones de dólares de préstamos que le fueron condonados.
Un punto que se investiga es si se pagaron sobreprecios en la construcción de la planta de Paysandú, que terminó costando 147 millones de dólares cuando la licitación que obtuvo la empresa Abengoa fue por 80 millones de dólares. El Frente Amplio negó que se hayan pagado sobreprecios.
De acuerdo con los números oficiales, ALUR tuvo al cierre del balance 2015 una ganancia neta que rondó los dos millones de dólares. En 10 años de la empresa, tuvo pérdidas en los cuatro primeros (casi 20 millones de dólares) y luego que Ancap acordó pagar más por lo que compraba, ALUR empezó a dar ganancias. Así en los últimos seis años trabajó con números positivos y las utilidades sumaron 17,2 millones de dólares.
ALUR es parte de los dolores de cabeza que ha dado Ancap últimamente. Además del pacto por los precios, diez años después cayeron los ajustes salariales cada dos meses en ALUR. Eso siempre estuvo por fuera de las pautas oficiales y los distintos directorios de Ancap lo avalaron. Eso se ahora se terminó. El presidente Tabaré Vázquez manifestó en la semana su rechazo a ese acuerdo salarial y el convenio acabó por derrumbarse. El convenio estableció beneficios que superaban las pautas de negociación que estableció el gobierno para los Consejos de Salarios. El Pit Cnt anunció en los últimos días que respaldará lo que decidan los trabajadores de ALUR, que seguramente “desatarán un conflicto”.
Y a raíz de la molestia que le ocasionó al gobierno el hecho de que la compañía avalara ajustes salariales por inflación cada dos meses, el directorio de Ancap removió al gerente general de ALUR, Manuel González. La cúpula del organismo encabezado por Marta Jara entendió que el convenio salarial firmado el pasado 10 de agosto “no se adecua a la situación del grupo Ancap ni del país en general y no tiene en consideración las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo”.
De cualquier modo, las aguas agitadas en la empresa sucroalcoholera confirman también los malos manejos de Ancap de los últimos años. Un subsidio encubierto, pautas salariales no claras, una salida a un gerente que no hacía otra cosa que seguir los lineamientos de Ancap y del Ministerio de Industrias.