Locales | 11 Sep ¿CORRECCIONALES O CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE ABUSADORES?
Las cárceles de nuestro país, lejos de ser correccionales, son universidades del delito y un centro de tortura olvidado de la mano de Dios, donde los que mandan son los capos mafiosos, el dinero y los delincuentes que tienen fama por su ferocidad. Más allá de que esto ya venía del gobierno de Batlle, esta administración progresista, que tanto se llena la boca con los derechos humanos, ha permitido que el interior de las cárceles sea prácticamente autónomo, en cogobierno con los presos. La única solución que prometió y cumplió para mal de toda la sociedad el señor presidente en su primera magistratura fue soltar presos que, por supuesto, salieron a delinquir, por lo que hubo que recapturarlos, dando una pésima señal.
Pasaron más de 11 años y vamos de mal en peor. En lugar de sanear la corrupción ya existente, en el Ministerio del Interior tratan de escapar del problema, proponiendo la privatización de las cárceles. Esto derivará seguramente en algún nuevo negociado donde algún “amigo” del gobierno hará su agosto, ya que según informe del propio ministro cada preso nos cuesta alrededor de 900 dólares por mes. Con la población carcelaria que hay, son varios millones de dólares a los que no va a faltar quien quiera hincarles el diente. Dólares que seguramente hoy van de una forma u otra a parar al bolsillo de alguien, porque en las cárceles no se ven.
Ahora pregunto: con semejante presupuesto, ¿cómo no se pueden mantener las cárceles en forma? Después de 11 años de gestión no se le puede seguir echando la culpa a Jorge Batlle, Sanguinetti y mucho menos a Lacalle, que tuvo una incursión de cinco años hace más de 20. Se debe asumir la ineptitud e inoperancia de una gestión pésima que ha permitido o transado con las mafias y la corrupción policial que, por más que sean una manzana en el cajón, lo terminan contaminando en su totalidad de una forma u otra, al funcionar con total impunidad.
El “Rambo” fue un delincuente de conocida notoriedad, que llevó a que trascendiera su asesinato por otro preso dentro de la cárcel --seguramente por ajuste de cuentas-- nada más y nada menos que con una pistola 9 mm. Y usted leyó bien: dentro de la cárcel.
Cómo será, que la cárcel de Rivera servía como centro de operaciones a un preso que seguía delinquiendo en una maniobra con armerías de nuestro país, en las que clientes ficticios compraban armas, que terminaban en Brasil. ¿A quién le cargaron la culpa? A los civiles, porque pueden comprar más de tres armas; ahora quieren reglamentar la prohibición y por lo tanto la destrucción de las armas de los propietarios que superen esta cantidad, en un claro atentado a la propiedad privada, por tanto, inconstitucional. Lo lógico sería reconocer su ineptitud por no poder controlar a un presidiario, que sin ayuda o desidia de quien debe controlarle no podría seguir su negocio delictivo dentro de la cárcel.
El porcentaje mayor de pistolas nuevas requisadas por delitos --por no decir casi todas-- son Glock 9 mm, incluso llegando algunas a Brasil. ¿Con qué marca provee el Ministerio del Interior a sus fuerzas? Casualmente con Glock.
Estos mismos grupos policiales que se rasgan las vestiduras horrorizándose porque los civiles están armados, con el apoyo de algunos políticos que buscan trascender de alguna forma y que desde siempre quisieron limitar --cuando no prohibir-- las armas a los civiles, son seguramente los que llevaron a que en el gobierno de Jorge Batlle se autorizara la posesión del calibre 9 mm en pistolas semiautomáticas. Usted se preguntará por qué. ¿Sería que se les fue de las manos el negocio en el mercado negro y debían blanquearlo? ¿Por qué solo las 9 mm y no las .45? Son igual de mortales, más allá de su potencia, y la 9 mm tiene más capacidad de munición, aparte de ser más perforante. Claro que el calibre .45 no es prácticamente usado por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, al ministro se le ocurre que los problemas de la ciudadanía están en poseer armas para su defensa, que cada vez son más justamente porque él no cumple con su función, dejándose influenciar por la fuerza que defiende váyase a saber qué intereses, pero no precisamente los de la población. Y como si fuera poco, pretenden controlar el registro total de armas quitándoselo al Ministerio de Defensa en una pulseada donde los civiles quedamos rehenes de esta situación. Parafraseando a un periodista capitalino: “mala tos le siento al gato”.
En pocas palabras, los delincuentes en la cárcel consiguen drogas, celulares y hasta armas de fuego. La solución que presenta el ministro es privatizarlas, lavándose las manos e incentivando otro negociado como los ocurridos con Pluna y el caballero de la derecha, Ancap y el licenciado, Casinos que daban pérdida, y una ley que se está reglamentando de forma pésima para complicar aún más a los buenos ciudadanos, a quienes no les queda otra opción más que armarse para su seguridad.
¡Pero qué se puede esperar de un ministro que se entiende con los barras bravas! Claro que quien habla con ellos es su señora y no es con el número uno de los barras, sino con el segundo, parece que un tal Jorgito, que es considerado un hincha más. ¡Es insólito que el propio ministro haga estas declaraciones como descargos! Esto reafirma aún más que el tema de las cámaras en el fútbol es un curro de los tantos de este gobierno, donde sus adherentes incondicionales lo siguen considerando inmaculado, sin darse cuenta de que entre el gobierno de Jorge Batlle y este tan solo cambiaron los jefes. Javier Pizzorno Edil del Partido Nacional