Opinion | 13 Sep Recientemente dábamos cuenta en las páginas de EL TELEGRAFO sobre la evaluación primaria respecto a la instrumentación del denominado programa “Estrategia de Ruralidad”, que corresponde a una intervención del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el que entre otros aspectos incluye formular llamado a proyectos de apoyo a organizaciones de la agricultura familiar y pesca artesanal.
Con eje en el caso del departamento de Paysandú en la ruta 26, donde se han detectado problemas serios desde el punto de vista socioeconómico, se lleva a cabo esta experiencia que fue recientemente evaluada por la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS). Al respecto, el director departamental del Mides, Carlos Damico, consideró que esta estrategia de ruralidad “es la continuidad de una primera experiencia de intervención focalizada del Mides en un territorio rural, con miras a las dinámicas locales”.
Observó que la primera experiencia se denominó Proyecto Cuchilla de Haedo, y se ha instrumentado en base a una iniciativa de carácter interinstitucional, con participación de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Desarrollo Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la zona de Arbolito y Piedra Sola, es decir con eje en la Ruta 26, sin que alcanzara a cubrirse todo el territorio que se manejaba en primera instancia.
Damico indicó que a la luz de los resultados del primer trabajo se decidió darle continuidad y profundizarlo, por el que se ha incorporado a la tarea un equipo surgido del convenio entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Plan Agropecuario, para extenderlo desde hace un par de años a las localidades de Cuchilla del Fuego, Cañada del Pueblo, Zeballos, Federación, Puntas de Buricayupí, El Eucalipto, Soto, Cañada Milán, Gallinal y Cerro Chato, con la vinculación de unas 150 familias.
La tarea se centró fundamentalmente en la capacitación y fortalecimiento en poblaciones jóvenes, relacionadas con el mundo del trabajo y la identificación de productores familiares, al punto que se ha conformado una red de familias que tienen emprendimientos productivos en sus propios predios, apuntando en principio al autosustento pero con perspectivas de pasar a la fase de comercialización del producido.
Es decir, un soporte socioeconómico de políticas focalizadas en áreas del departamento en las que la situación de las familias rurales es incluso menos favorecida que en otras de la campaña del propio departamento por el perfil de los emprendimientos productivos y servicios en cada zona, donde hay carencias de polos productivos que sí se ven en otras áreas. Estos polos conllevan un microclima de empuje, con fuentes de empleo que a la vez demanden infraestructura de apoyo y servicios que significan un foco de actividad que redunda en calidad de vida de los pobladores de la zona de influencia.
El programa incluye la posibilidad de beneficiarse con relocalización de asentamientos de familias carenciadas y, a la vez, con la perspectiva de que los productores familiares puedan ser inscriptos y beneficiarios de la ley de compras públicas.
En este contexto, precisamente, debe evaluarse que se haya logrado últimamente que 2.000 jóvenes del área rural retornaran al sistema educativo y solo reste reinsertar unos 200 jóvenes, según destacó el presidente de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP), Wilson Netto.
El jerarca dijo que en 2005 había alrededor de 2.000 adolescentes de zonas rurales que finalizaban 6° año de escuela y no tenían la posibilidad de continuar su educación. Actualmente, unos 6.200 adolescentes asisten a 130 centros educativos en zonas alejadas de las ciudades, mientras que otros se trasladan a centros en zonas urbanas, precisó Netto, quien aseguró que la ANEP trabaja para resolver esas situaciones.
Trajo a colación que los jóvenes en cuestión viven en lugares muy alejados de los servicios y no tienen posibilidad de acceder hoy a los centros educativos, porque eso implicaría, en ciertos casos, que dejen sus hogares durante varios días de la semana.
“Esta modalidad semipresencial que estamos instalando permitirá complementar el trabajo de universalización que se desarrolla a nivel local entre las instituciones de la educación, gobiernos departamentales, actores municipales, para generar una logística de caminería, transporte, alojamiento, residencia y presencia educativa”, explicó.
Expuso que se está instrumentando una estrategia general para todo el país, por una nueva dirección de la ANEP, denominada “de Integración Educativa”, que desarrolla estrategias en articulación con los Consejos de la Educación.
Explicó que este año fueron abordados 39 territorios, pero la idea es abarcar al país entero, y realizar un seguimiento uno a uno de los niños que finalizan la escuela. “Sabemos hoy dónde están estudiando cada uno de los chiquilines que egresaron de sexto año de escuela en 2015 y, si no lo están haciendo, ya hay un equipo que los fue a buscar para reinsertarlos”, sostuvo Netto.
Lo que no es fácil, teniendo en cuenta las carencias y asimetrías en un país macrocefálico donde las oportunidades de reinserción son más escasas a medida que aumenta la lejanía con Montevideo.
Ergo, es de interés general que programas focalizados en la población rural con mayores dificultades, como los mencionados, pasen a formar parte de un conjunto de políticas coordinadas, a partir de la detección de problemas y consecuentes respuestas a tono ante las necesidades, enmarcadas en la búsqueda de objetivos claros y con la continuidad necesaria.
Es decir, que se generen herramientas eficientes para tratar en forma diferente a quienes por imperio de la circunstancia de residir en el interior profundo son diferentes y necesitan de un apoyo desde el Estado para salir de su estado permanente de postergación en cuanto a oportunidades de sustento laboral y calidad de vida.
Es que en nuestro medio el lugar de radicación es factor decisivo para agravar notorias falencias en cuanto a posibilidades de capacitación y de generar autosustento familiar, con lo que se ha instalado un círculo vicioso que, como es la característica de estas situaciones, solo pueden romperse desde afuera con acciones contundentes y a medida. Y en este contexto de necesidades no resueltas, que se arrastran desde hace décadas, que están íntimamente ligadas con la gradual y persistente despoblación de la campaña, no puede extrañar que un día sí y otro también se mencione como noticia que haya escuelas que deben cerrar porque la zona ha quedado vacía. Se extingue así un faro cultural para los niños y para toda la comunidad, en claro símbolo de la gravedad del escenario que es preciso revertir.