Locales | 15 Sep El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) rechazó las declaraciones del subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, quien aseguró que los incidentes ocurridos en establecimientos penitenciarios de máxima seguridad son el resultado de una “connivencia o intereses comunes entre privados de libertad y funcionarios de control”.
La secretaría de Estado sospecha de la coincidencia de los últimos incidentes --que tuvieron como consecuencia la muerte de un recluso y varios heridos-- con los cambios efectuados en la dirección del Comcar y de Las Rosas, en Maldonado. El Instituto nacional de rehabilitación (INR) anunció que instalará un comité de seguimiento y gestión para analizar los hechos e imponer los cambios necesarios, al tiempo que las autoridades del Poder Ejecutivo manifestaron su preocupación por la situación “dramática” que enfrentan las cárceles uruguayas, principalmente el Comcar, donde los motines y enfrentamientos en los módulos 8, 10 y 11 son constantes.
En lo que va del año, 31 reclusos fueron asesinados en distintos centros penitenciarios del país y más de 70 sufrieron lesiones en enfrentamientos. Uno de cada cinco privados de la libertad en Uruguay se aloja en los módulos mencionados y eso equivale al 56.8% de la población del Comcar. El fiscal de Corte Jorge Díaz recordó que el 65% de los reclusos no tiene sentencia de condena y hay “un conjunto importante de personas con condena caminando por la calle”.

LO PLANTEÓ LA TRIPARTITA
El vicepresidente del SUPU, Alejandro Álvarez, dijo a EL TELEGRAFO que “el Ministerio del Interior tiene pleno conocimiento de los hechos porque desde hace un año y medio que se viene analizando la situación carcelaria del país, en una mesa tripartita en el ministerio de Trabajo”.
Allí se “ha manifestado la necesidad de solucionar aspectos laborales de los funcionarios porque hay una inspección realizada por el ministerio de Trabajo, que puso más de cien observaciones a las problemáticas que deben solucionar las autoridades del INR y ministerio del Interior. Esto hasta ahora no se ha solucionado”.
Recordó que el sindicato envió un documento al ministro Eduardo Bonomi, donde se planteó dicha situación y “otro a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde hicimos responsable al ministerio”. La SCJ envió una nota a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), “para que analice los hechos y hasta ahora no hemos recibido ningún informe”.
Álvarez reconoció que los incidentes se plantean “a raíz de los sucesos ocurridos en las últimas semanas con la muerte de reclusos, pero nosotros enfatizamos en la situación de los trabajadores, algunos de los cuales sufrieron graves lesiones en los recintos carcelarios. También sobre esto ha tenido pleno conocimiento el ministerio del Interior y no lo ha solucionado”. El dirigente resaltó que “la investigación que anuncia ahora el subsecretario debió hacerse antes, pero no estamos conformes con sus declaraciones”, en tanto “se deben comenzar las investigaciones si es así que ocurre”, según Vázquez.
El SUPU expondrá su rechazo por escrito “basado en que no se solucionó la situación laboral de los funcionarios porque hay poco personal y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que quedan uno o dos funcionarios en los módulos para cuidar a más de 400 reclusos y allí corre riesgo su vida”, señaló Álvarez. Explicó que “todos los días hay efectivos y reclusos lesionados por distintas situaciones, tanto en el Comcar como en otros recintos carcelarios de máxima seguridad”. En el Comcar, cada módulo aloja –en promedio-- a unos 700 efectivos, al tiempo que la población penitenciaria superó la barrera de 10.000 internos.
“En esos módulos no hay más de dos o tres funcionarios y cuando se lesiona un recluso, un funcionario tiene que acompañarlo a enfermería y queda uno solo para cuidar al resto de los módulos. Es una situación de gravedad que se ha manifestado varias veces y se debe presentar una solución inmediata con más personal, principalmente en el Comcar”, puntualizó.
La mesa tripartita se reunió ayer en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en Montevideo, donde los delegados del SUPU reiteraron sus planteos.