Opinion | 14 Sep La trata de personas crece en Uruguay y a nivel regional se busca la coordinación de políticas e intercambio de información para agilizar la burocracia existente, además de la desmitificación de una problemática social que se agrava con la naturalización de un delito de alcances incalculables.
En la víspera, la Escuela de Gobierno de Uruguay convocó a organizaciones de derechos humanos, autoridades gubernamentales y especialistas internacionales --como la mexicana Rosi Orozco-- para lograr un empoderamiento regional de un delito continental.
Las estadísticas señalan que la trata de personas es uno de los tres negocios ilegales más lucrativos de la actualidad, junto al tráfico de armas y de drogas, con la movilización de millones de dólares y de víctimas, bajo diversas modalidades tales como la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad o el servicio doméstico.
La esclavitud del siglo XXI se sostiene en Uruguay, a tal punto que se considera un país de origen, tránsito y destino de la trata, según la Organización de las Naciones Unidas. Es así que se ha creado una comisión especial en el Parlamento para aumentar la detección de estas redes que actúan de manera invisible. En tal sentido, se anunció ayer que el Ministerio del Interior presentará el 23 de setiembre, un protocolo de actuación que involucrará a las jefaturas de policía de cada departamento y a los inspectores de tránsito de todo el país, donde se instalará una brigada o unidad de trata de personas, que por el momento solo funcionan en Rivera y Salto.
El proyecto ministerial establece el trabajo en duplas, con hombres y mujeres con una tablet, que se comunicarán con la unidad de Crimen Organizado y solicitarán los documentos a cada ocupante de los vehículos que detengan.
Sin embargo, los esfuerzos institucionales parecen escasos ante la naturalización de un delito “viejo como el mundo” y la aceptación de la comunidad a través del silencio y el “no te metás”, que requieren de un cambio cultural que no se logrará sino a largo plazo, con el fortalecimiento educativo y de sensibilización, además de la utilización de medios de comunicación. Los mitos cinematográficos instalados con la creencia de la conformación de grandes redes que trabajan a otros niveles, se da de bruces con la realidad que nos ha tocado vivir, incluso a nivel local. En Uruguay se ha confirmado que aumentan los casos de trata a nivel doméstico, donde el explotador es familiar de la víctima --incluso padre o madre-- y que se desempeñan en un entorno cercano, como el barrio o localidades del Interior. Si bien la legislación avanzó y condena a los clientes y sus explotadores, el compromiso ciudadano está acotado al rechazo en las redes sociales o a las opiniones de mostrador, que poco aportan a la solución de un problema que se extiende.
Porque, en realidad, no todas las víctimas de explotación sexual comercial o tránsito de personas provienen del exterior, ni se da en los ámbitos del sector hotelero o turístico. Se ha confirmado la existencia de este delito en determinadas zafras productivas, y en connivencia con un público que protege este delito, cuyo abatimiento no se ha instalado como una política de Estado.
Aún persisten los esfuerzos aislados y la buena voluntad de las instituciones que, cada una por su lado, hace lo que puede con bajos presupuestos y la contratación de técnicos por un espacio de tiempo que no logra la continuación de programas de prevención y seguimiento, o lo que es más común, con la superposición de esfuerzos.
A esto se suma el enfoque de la educación sexual desde el miedo y con una visión academicista, basada en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados (o no intencionales), sin que se abarque este aspecto que en líneas generales, genera una violencia con visión sesgada de la realidad que involucra a un país de tránsito y origen de la explotación sexual.
Mientras tanto, aparecerá la censura y el grito colectivo que condenarán los casos como el de la “Casita del Parque”, o el empresario hotelero de Punta del Este, o las empleadas domésticas explotadas en Carrasco, y se reclamará por una legislación con mayor compromiso. Sin embargo, otros dirán que algunas conductas eran un “secreto a voces”, donde “todo el mundo sabía” pero “nadie dijo nada”.
El aumento de la explotación y trata de personas no es más que una realidad espejo en un continente donde se ensancharon las brechas de las desigualdades sociales y económicas, a pesar de los formulismos, diatribas y lenguaje de elevado tecnicismo. Demuestran que los contextos de pobreza, violencia y vulnerabilidad traspasan las fronteras con garantía de impunidad y establecen sus redes en cualquier sitio, ante las dificultades de obtener información y que por lo tanto, imposibilitan la correcta ejecución de una política de combate del flagelo y la ponderación de los hechos con información actualizada
La convocatoria a partir de la Escuela de Gobierno es un punto más de partida y es la voluntad de instalar el tema en la agenda política, enmarcado en un desafío de concientización y visibilidad del problema desde el punto de vista ciudadano. De hecho, los expertos internacionales han criticado que la Ley 18.250 penaliza la trata de personas (recién en 2008), pero no prevé la asistencia y reparación de las víctimas. En Uruguay está sobrevalorada la labor del diagnóstico y existen informes pormenorizados de estas situaciones, sin embargo, la captación de los datos de manera aislada no asegura una visión general de la problemática.
“El huevo de la serpiente”, escrito por María Urruzola hace al menos dos décadas, sirvió para introducir a la población en un asunto que parecía ajeno y la película de Beatriz Flores Silva “En la puta vida”, dramatizó un asunto judicial que solo era posible enfocar desde el punto de vista de otros delitos.
Ya se sabe que seis de cada diez víctimas de trata tuvieron una infancia problemática, por tanto su entorno cercano es responsable de los resultados posteriores, con un mecanismo de seducción de hacer dinero en poco tiempo a través de “un trabajo bien pago”.
Es así que esta problemática nos abre la cabeza, en tanto presenta una diversidad de vulnerabilidades que no pasan solamente por los explotados, sino por las pequeñas comunidades que miran para otro lado, pero se manifiestan a través de las nuevas herramientas de la información, esfumando el límite existente entre víctimas y culpables.