Nacionales | 19 Sep La empresa Riogas remitió una carta al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en la que denuncia que las medidas que llevan adelante integrantes del sindicato de sus trabajadores son “manifiestamente ilegítimas” y alertó que “afectan el normal suministro (de supergás) a la población” y “están generando daños irreparables a la empresa”.
La misiva sostiene que las acciones sindicales “impiden que Riogas produzca y abastezca con normalidad a la población, afectando gravemente su participación de mercado, competitividad, desempeño económico y financiero, imagen corporativa e incluso su viabilidad”.
El sindicato tomó la medida de paralizar la distribución de todos los sellos ante el despido de tres trabajadores de Riogas y la negativa de la empresa a reintegrarlos, según había declarado a El País el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gas, Ernesto Domínguez.
La semana pasada Riogas justificó a través de sus voceros de prensa los despidos diciendo que “desde el 6 de setiembre las medidas sindicales tienen como pretexto el reintegro de tres exempleados que fueron desvinculados por manipular, durante una jornada laboral y en varias ocasiones, un arma de fuego --un rifle-- en un puesto de venta de supergás al que acceden los clientes y donde trabajan otros funcionarios en horario de atención al público. Sin embargo, estas medidas obedecen en realidad al deseo de obtener aún más y mejores remuneraciones y beneficios”.
Asimismo aclararon que el arma fue trasladada “en vehículo de la empresa en horario de trabajo, ingresó y egresó por el acceso de atención a los clientes, y se mantuvo en el lugar de trabajo durante cuatro horas en las cuales fue manipulada en varias ocasiones”.
Si bien las medidas del sindicato se venían concentrando en Maldonado, Riogas sostiene que ahora “es rehén de las medidas sindicales en el departamento de Rocha, en donde en virtud de un conflicto sindical con la empresa Acodike, el Sindicato resolvió que Riogas no puede abastecer a la población de dicho departamento”.
La empresa sostiene que los incumplimientos del sindicato a los términos del convenio colectivo firmado “hace menos de dos meses (...) son incluso de tal gravedad que habilitan el mecanismo de denuncia del convenio colectivo correspondiente, además de eliminar la confianza que se requiere para la existencia de una negociación colectiva que goce de buena salud”.
Ante esta situación, Riogas le pidió a Murro “la adopción inmediata de las medidas necesarias que permitan el normal funcionamiento de las empresas y el cumplimiento de los convenios colectivos celebrados en el ámbito tripartito”.

DENUNCIARÁN PENALMENTE A COUTINHO Y EGUILUZ
Mañana el jefe comunal de Salto, Andrés Lima, anunciará en conferencia de prensa que presentará una denuncia penal contra su antecesor y la entonces secretaria general por “asociación para delinquir” y “fraude”.
La denuncia contra el exjefe comunal, hoy senador, Germán Coutinho, y la exsecretaria general, Cecilia Eguiluz, que se desempeña como diputada, será radicada en Crimen Organizado. Según informaron a El Espectador, se desviaban fondos de la Intendencia Municipal de Salto (IMS) para pagar supuestamente a contratados que trabajaban en el Congreso de Intendentes pero no había contratos ni papeles que respaldaran dichos pagos.
La cifra, según afirman las fuentes, es millonaria. En un solo caso hay una persona que percibió casi dos millones de pesos. Según agregaron las fuentes, hay casos de arrepentidos que brindaron datos a la auditoría que terminó de ayudar a confeccionar la denuncia que será presentada mañana. La conferencia de Lima será realizada en el Congreso de Intendentes.

ENTREGARÁN CONTRAPROPUESTA A DIYAB
El pasado viernes el sirio Yihad Diyab le hizo una propuesta al gobierno uruguayo para encontrar una solución a su situación; hace varios días que está en huelga de hambre, y tampoco ingiere líquidos. El exrecluso de Guantánamo puso como plazo este fin de semana para que consideren la propuesta y respondan.
Sin embargo ayer la respuesta no apareció. Además, el canciller Rodolfo Nin Novoa y el presidente Tabaré Vázquez están en Nueva York. El canciller viajó la pasada semana para poder encontrarle una solución al sirio, mientras que Vázquez, que se encontró con Novoa, viajó para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Christian Mirza, el nexo entre los exprisioneros y el gobierno, declaró a el portal Ecos que el Poder Ejecutivo “no tomó de buena manera” la propuesta de Diyab. “La idea del video no fue bien recibida por el gobierno. No es la forma de dialogar emplazando al gobierno a dar una respuesta”, dijo y agregó: “Le dije que el domingo (ayer) es un día difícil para contactarse con las autoridades”. Hoy se le llevará una contrapropuesta. Mirza agregó que Diyab tiene “constantemente” la atención de ASSE y que su salud “no corre peligro”.
Por su parte, el activista estadounidense Andrés Conteris, uno de los que está en el apartamento con Yihad, dijo que “él está peor de como estaba el viernes”. En declaraciones a El País, Conteris agregó que fue un grupo de médicos a verlo, y que le pidieron que tomara agua, pero que se niega. “Seguirá igual hasta que le contesten”, dijo.

ANUNCIARÁN FECHA DE VENTA DE MARIHUANA
El gobierno anunciará esta semana la fecha en que comenzará a venderse marihuana en las farmacias, dijo a El Observador el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Además, espera que en los próximos días se resuelvan los problemas que han impedido abrir el registro de consumidores.
A finales de junio la Junta Nacional de Drogas había anunciado que “en pocos días” se abriría el registro para quienes decidan comprar marihuana en farmacias. Sin embargo, a casi tres meses de esa fecha, las personas todavía no pueden hacerlo. Roballo dijo que a mediados de esta semana “habrán novedades sobre el tema”. Otra noticia positiva para el gobierno fue lograr obtener nuevos puntos de venta en los lugares donde faltaban, como en el límite con Brasil, donde hasta hace un tiempo ninguna farmacia manifestaba interés en vender. Estaban en su mayoría concentradas en la zona metropolitana y únicamente en once departamentos. Un plan de contingencia se aplicaría si no se adherían.
El prosecretario de Presidencia había anunciado tiempo atrás que se necesitaba al menos una farmacia por departamento a efectos de poder decir que hay un “cumplimiento homogéneo de la ley”. De lo contrario, para poder cubrir el derecho de los ciudadanos --además del autocultivo o los clubes cannábicos-- apelarían a la utilización de otros dispositivos de venta.
Desde un inicio, las farmacias, en especial las del Interior, demostraron cierta resistencia a implementar la venta de cannabis en sus locales. Advertían que podía ser un elemento que generara inseguridad o afectara su imagen frente a clientes con valores más tradicionales.
Una vez abierto el registro, los usuarios interesados deberán acudir a las oficinas de El Correo donde se tomarán sus datos personales y la huella digital. Desde ese momento quedarán habilitados para retirar 10 gramos semanales y no más de 40 gramos mensuales también en las oficinas postales.
Los productores --dos empresas seleccionadas de entre 22 en una licitación-- le venderán la marihuana a las farmacias a U$S 0,90 el gramo y éstas le pueden ganar un 30%, con lo que el precio quedaría en U$S 1,17 por gramo.
Los datos personales del usuario, tales como el nombre y la cédula de identidad, serán resguardados por el Ircaa bajo el mismo régimen que el secreto bancario, por lo que solo se podrá acceder a ellos con permiso del Poder Judicial.