Opinion | 19 Sep Según el Instituto Nacional de la Leche (Inale), la remisión de leche a planta cayó 15% en julio de este año, en relación a un año atrás, y alcanzó 137,6 millones de litros, al tiempo que la remisión acumulada en los primeros seis meses fue de 905,6 millones de litros o un 14% inferior al mismo período del año 2015. Si se considera el último año entre agosto 2015 y julio 2016, la remisión bajó 9% en comparación con igual período anterior. Paralelamente, de acuerdo con el Inale, la factura exportadora de lácteos alcanzó 359 millones de dólares y es 8% menos que un año atrás.
En este marco de análisis, se deberá considerar que Uruguay cuenta con casi 4.000 productores lecheros, que responden a modalidades básicamente familiares y, por tanto, son quienes enfrentan las dificultades que padece el sector. De hecho, se han transformado en una realidad los remates de establecimientos de estas características para, finalmente, arrendar sus campos a los agricultores. Sin embargo, un capítulo aparte merecen los arrendatarios que liquidan sus bienes y no cuentan con otras posibilidades de obtener una renta por el campo que explotaban.
A esto se suma la avanzada edad de los productores cuyos hijos emigran a las ciudades y no retornan, porque ya no encuentran atractiva esa forma de producción familiar y –por tanto-- decanta en otras dificultades tales como la obtención de mano de obra calificada o los envíos al seguro de paro. Los márgenes estrechos de ganancias, los conflictos por reclamos de los trabajadores de la industria y las consecuencias sociales de un sector histórico en nuestro país, los muestran desprotegidos bajo una generalización de opiniones que apuntan a otros sectores de la economía.
La lechería fue presentada con una realidad dramática por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, durante su último discurso como titular de la citada entidad en el cierre de la Expo Prado. Allí, el directivo reclamó medidas transitorias, de fondo y a largo plazo para preservar la maquinaria productiva y el arraigo de los productores, en tanto resaltó el entramado social que los envuelve.
El departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó un escenario de estancamiento con producción de terneros y vacas de cría en descenso, que redundará en una menor producción y exportaciones entre 2016 y 2017. Aunque los analistas advierten cambio en el clima adverso, los productores han manifestado su frustración por los precios y mercados inciertos.
Reilly recordó que el 80% de las exportaciones de bienes, son de origen agropecuario y el 65% de las industrias, corresponden a esta rama y calculó que “cada dólar que genera el campo, se multiplica por 6 en la economía nacional” y genera “más de 200.000 puestos de trabajo”.
Ante esta realidad surgen algunas posibilidades con la instalación de la figura de un socio capitalista que aporte la tierra y que los productores contribuyan con su ganado, enmarcado en una experiencia que se desarrollan en otros países.
Pero la coyuntura tambera no es la única que se observa con preocupación. Reilly resaltó un descenso en el área de soja que se sembrará próximamente --será la más baja de los últimos ocho años-- y una caída en la rentabilidad arrocera, ante los costos elevados del gasoil en la siembra, cosecha y fletes.
Expuso además que los márgenes ganaderos se han acotado, suben los gravámenes a la tierra y representan un desestímulo para la inversión y generación de puestos de trabajo.
El duro discurso precisó que “la ideología primó sobre la sensatez y el pragmatismo” y señaló que el Impuesto al Patrimonio, que ocupa el lugar del frustrado ICIR, recae sobre la mitad de la vacas de recría existente en el país, al tiempo que la Contribución Inmobiliaria Rural aumentó más de 30%. Paralelamente, los niveles de endeudamiento son los más altos de los últimos años, con una relación entre la deuda del sector y su producción de casi 80%. Este círculo se cierra con un déficit fiscal del país, cercano a 1.800 millones de dólares o el 3,4% del PBI y a la falta de inversión productiva, con una infraestructura vial deteriorada y algunas rutas intransitables como la Ruta 26.
Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, respondió a pocos puntos expuestos por Reilly y sobre el final destacó el “tono político” del discurso del titular de la ARU.
Algunas realidades se dan de bruces con los discursos de “tono político”; sencillamente porque ya no hacen falta. Solo alcanza con recorrer el país, transitar por sus carreteras, caminos vecinales y puentes para contemplar por dónde se desarrolla la mayor parte de la obra pública y cuáles son las grandes inversiones anunciadas por el gobierno, que ya tienen el nombre y apellido de multinacionales.
Ya tendremos tiempo para los análisis facilistas y reductores de esa realidad, con clara visión antioligárquica y enfocada a la crítica empresarial.
Sin embargo, en la última década de las 16 millones de hectáreas productivas existentes en el país, hay 7,5 millones que se vendieron o transaron y 1,5 millones de hectáreas arrendadas, en manos extranjeras.
Lo curioso de estos datos es que será muy difícil su identificación porque operan bajo la modalidad de sociedades anónimas. Y esto no termina aquí: la tierra es, de hecho, un problema “político” porque entre los años 2000 y 2010, el precio de la hectárea subió de 500 a 3.500 dólares.
Es decir que las cifras históricas que no encuentran una manera de compararse con el pasado, también responden a una coyuntura y realidad “política”, en tanto no se puede disociar una cosa de la otra, bajo gobiernos que históricamente se opusieron a que esto ocurriese en Uruguay.
Salir de la región no ha sido fácil con un Mercosur anquilosado y atravesado por la letra muerta. Es que parece que nos avivamos tarde con nuestras miradas hacia los tigres asiáticos y remontar un Acuerdo Transpacífico le permitirá al país ganar más espacio en el mundo.
Incluso habrá que entender que “para repartir la torta”, primero hay que generarla y no se produce por generación espontánea, sino solo con más trabajo, innovación e inversión.