Nacionales | 23 Sep Uruguay pasó, en tres años, de tener 1% de generación eólica a 22 % del total de la electricidad generada, porcentaje que aumentará a 31% en 2017, destacó en Madrid el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, quien adelantó el interés de inversores extranjeros por participar en obras que el ente prevé para los próximos tres años en producción, distribución y transmisión por unos 1.000 millones de dólares.
Casaravilla participó en la primera mesa redonda “Inversión Sostenible en el Sector Energía: ¿Por qué invertir en América Latina?”, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina en la capital española, donde participan líderes del sector de energía para debatir las ventajas, posibilidades y dificultades de invertir en el sector energético en América Latina. En diálogo telefónico desde Madrid con la Secretaría de Comunicación Institucional, el presidente de UTE resaltó el interés de los inversores extranjeros por conocer las opciones futuras de participación. En ese sentido, les detalló las posibilidades de negocios y de participar en futuras licitaciones para lo que resta del quinquenio.
De los 3.700 millones de dólares de inversión del ente previstos para el presente quinquenio en el sector eléctrico, quedan por asignar para su ejecución en los próximos tres años unos 1.000 millones de dólares, de los cuales 600 millones serán inversiones estatales realizadas por UTE y 400 millones inversiones realizadas por privados para UTE. “Les quisimos dar una idea de cuál era el remanente de inversión en esta área ya que en eólica ya están todas las asignaciones hechas”, comentó el jerarca.
Estas inversiones futuras mencionadas por Casaravilla se distribuirán de la siguiente manera: 200 millones en generación térmica, 400 millones en transmisión y 300 millones en distribución. UTE acaba de adjudicar la obra para la línea eléctrica de 500 kilovoltios entre Tacuarembó y Melo, que permitirá cerrar el anillo de alta tensión del norte del país, con una inversión estimada en los 90 millones de dólares que se pagará en modalidad de leasing.
En ese contexto, otros futuros llamados que requerirán nuevos inversores implicarán, por ejemplo, la ampliación de la línea de Tacuarembó a Salto; una subestación que une Puntas del Tigre con otra línea que viene desde Salto Grande y recambio de transformadores.

RENUNCIÓ JERARCA DE INTERIOR CUESTIONADO POR EL TÍTULO
El subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gustavo Belarra, se presentaba y firmaba como sociólogo pero no lo es, y por esa razón renunció a su cargo, informó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el Parlamento. Belarra habría cursado la carrera pero nunca llegó a presentar la tesis para graduarse, indicaron los informantes.
El pasado martes el informativo de VTV informó que el jerarca había presentado su renuncia, y recién 48 horas después de difundida la noticia, desde el Ministerio del Interior se salió a explicar lo ocurrido. “No fue destituido, renunció por razones personales. A partir de ese momento se acepta y se hace una investigación sobre el tema”, señaló Bonomi, quien contó cómo el ahora exjerarca ingresó a la cartera. “Este es un ingreso que se produjo en el Ministerio del Interior como parte del PNUD en el 2002, luego en 2003 y en 2006, y cuando ingresa en ese momento como director del CNR (Centro Nacional de Rehabilitación) e hizo un excelente trabajo”, señaló el secretario de Estado.
“Cuando en el 2010 y 2011 quisimos cerrar el CNR como experiencia y trasladar a las mujeres de Cabildo para ahí no pudimos hacerlo, porque los familiares de los que estaban en el CNR destacaban lo importante que era el trabajo en el CNR y tuvimos que esperar que salieran en libertad. Nosotros lo nombramos como subdirector técnico sin manejar si era sociólogo o no era sociólogo. La designación está hecha como señor, no como sociólogo, y el presidente Mujica --que fue el primero que lo designó-- firmó el documento de designación. Luego, cuando lo tiene que nombrar el presidente Vázquez, lo mismo, se designa al señor Gustavo Belarra. Pero ante una pregunta que se le hizo, él al otro día dijo que iba a renunciar y renunció el lunes”, explicó Bonomi.
Belarra no figura en el padrón electoral de la Universidad de la República (UdelaR), que está formado por todos los egresados de esa universidad, según pudo constatar El Observador.

DOREEN IBARRA PRESIDENTE DEL SODRE
El exdiputado Doreen Javier Ibarra (Fidel) fue designado presidente del Sodre, en sustitución de Jorge Orrico, dijeron a El Observador fuentes oficiales. A Orrico se le pidió la renuncia al cargo luego de que el ministro de Economía, Danilo Astori, le retirara su confianza política. Ibarra se desempeñaba como vicepresidente del organismo y su lugar lo ocupará la pianista Elida Gencarelli. Después de la renuncia de Orrico --quien acusó a su exsector Asamblea Uruguay de no pagarle los aportes jubilatorios a quien fuera su secretaria durante 20 años-- allegados al director del Ballet Nacional del Sodre, Julio Bocca, propusieron para el cargo a Jorge Bugarín, exgerente del ballet y militante astorista. Sin embargo, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se inclinó por designar a Ibarra.

CAMBIOS A PROYECTO QUE LEVANTA SECRETO BANCARIO
Dos expertos en Derecho Financiero enviaron a la Comisión de Hacienda sus propuestas de modificación al proyecto de ley de Transparencia Fiscal que impulsa el gobierno, donde identifican el tipo de rentas deben informar los bancos a la Dirección General de Impositiva (DGI), que la persona pueda controlar qué hacen con sus datos y elevar el límite de acciones que define si alguien es beneficiario final de una sociedad.
Se trata del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en julio que da “un golpe casi mortal” al secreto bancario –según dijo el presidente del Banco Central, Mario Bergara-- y establece que las instituciones financieras deberán informar al fisco los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y extranjeros. Además, la norma obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales. El texto está bajo análisis de la Comisión de Hacienda de Diputados, que recibió en las últimas sesiones a varios especialistas tributarios que dieron su opinión. Además, algunos de ellos enviaron redacciones alternativas de varios artículos.
El profesor catedrático de Derecho Financiero y Director del Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República, Andrés Blanco, había planteado ante los legisladores que el concepto de rentas establecido en la ley es “ambiguo”. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central habían propuesto cambios al proyecto cuando acudieron en agosto a la Comisión de Hacienda. La principal variante fue la limitación del levantamiento del secreto profesional ante la DGI solo para entidades financieras y las atribuciones de la ley, tras un reclamo del Colegio de Abogados.