Locales | 23 Sep La jueza letrada de Primera Instancia de 4º Turno, Elsa Montín, dispuso la reapertura de causa con la denuncia promovida por el edil Marcelo Tortorella, tras el pedido formulado por éste para que prosiguieran las actuaciones en virtud de los hechos nuevos incorporados al expediente, para determinar las responsabilidades por el daño ambiental provocado por las operaciones de Ancap en el río Uruguay. En octubre de 2015 se derramaron al menos 265.000 litros de combustible (estimación oficial), en el curso de agua, que contaminaron la toma de agua de la ciudad de Paysandú, con el consiguiente y potencial daño a la salud pública.
A pesar que la fiscal del caso Alicia Abreu, mantuvo su dictamen anterior, en el sentido de que la denuncia debía ser archivada, la juez entendió que los hechos nuevos y los informes aportados por Tortorella daban mérito suficiente para la reapertura de la causa.
En ese sentido, ya está fijada la audiencia en el trámite para el día 1º de diciembre a las 13.45. A la misma es citado el responsable del Sistema Nacional de Investigadores, Eduardo Gudynas. Asimismo se librarán oficios para requerir de la Dinama todas las actuaciones y conclusiones que derivaron de las investigaciones realizadas en relación al incidente del derrame de combustible ocurrido el 2 de octubre de 2015.
Días después de ese derrame, Tortorella presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de “estrago” y “envenenamiento o adulteración culpables de las aguas destinadas a la alimentación”. Y pidió que fueran citados la presidenta de Ancap, el gerente de operaciones y logística del ente, los capitanes de los barcos y remolcadores de propiedad de Ancap, y los contratados para la operativa de descarga; además del presidente de OSE, el jefe técnico de OSE Paysandú; el Prefecto de Puerto de Paysandú y el oficial de guardia que estaba presente al recibir la noticia del accidente.
“Estimamos que no se trata de un acontecimiento fortuito, sino que esto se produce por la imprudencia, impericia o negligencia de quienes tienen a cargo la operativa y el manejo de operaciones, siempre riesgosas, de trasbordo de combustible desde las barcazas apostadas en la boya flotante de Ancap, y que terminan por contaminar toda el agua potable de la ciudad de Paysandú”, subrayó.
Posteriormente, en agosto de este año, después que Ancap reconociera el derrame de 265.000 litros de combustible, volumen que contaminó las aguas del Uruguay, Tortorella presentó esos datos como “hechos nuevos, ampliando la denuncia, excitando el celo del Ministerio Público para que disponga la investigación y encausamiento de los responsables de los hechos denunciados”.
Ante la jueza, Tortorella indicó que “no es posible que se ponga en riesgo la integridad sanitaria de toda una ciudad de más de 85.000 habitantes por una maniobra imprudente de trasbordo de combustible en condiciones inapropiadas y aquí no termine pasando absolutamente nada”.
Agregó que “las conclusiones que surgen del desastre ocurrido frente a las costas de la ciudad de Paysandú el 2 de octubre de 2015 no pueden ni deben pasar desapercibidas para la justicia y menos aún para el Ministerio Público, que prima facie entendió innecesaria la indagatoria, apoyando su decisión en la Ley 16.688 sobre Aguas de Jurisdicción Nacional”.