Nacionales | 24 Sep Riogas determinó que iniciará acciones legales contra el Estado a causa del conflicto de supergas, según informó la empresa en un comunicado. Además, la empresa se manifestó en contra de la decisión de abrir el clearing de garrafas, que “no ataca la raíz del conflicto”.
“La actitud omisa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) frente a la violación de los convenios colectivos acordados, así como la sistemática lesión de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) a la inversión de Riogas no dejan más opción a nuestra empresa que la de iniciar las acciones jurisdiccionales pertinentes a los efectos de que el Estado responda por su actuación en este proceso”, comunicó Riogas.
“La empresa ha quedado rehén de una medida gremial absolutamente injustificada y violatoria de los convenios colectivos debidamente acordados, que ha tenido como consecuencia la imposibilidad de operar durante los últimos días, con el consiguiente desabastecimiento que conlleva”, agregó la misiva.
En tanto, el MTSS rechazó esa acusación y afirmó que si bien está abierto a generar ámbitos de negociación, no se dan las condiciones para limitar el ejercicio del derecho de huelga. La cartera de Estado contestó a la empresa en un comunicado en el que rechazó esa acusación, así como “los agravios a las autoridades uruguayas y a la normativa nacional, emitidos vía la red social Twitter, atribuidos al señor Gustavo Anselmi, uno de los principales accionistas de la empresa Riogas SA”.
El MTSS afirmó en el documento que si bien esa cartera “exhorta al cumplimiento” de las cláusulas del convenio colectivo, “no tiene competencia para imponer coactivamente su voluntad, no es árbitro en los conflictos colectivos de trabajo ni corresponde que adhiera a una u otra parte”.
En respuesta al texto de la empresa, el MTSS afirmó que solo puede limitar el derecho de huelga de los trabajadores en determinadas circunstancias y que no aplican en este caso, ya que no existe una ocupación ni se pone en peligro la seguridad, salud o la vida de los ciudadanos. “Tampoco es el caso, pues el conflicto se reduce a una sola empresa y no existen los riesgos previstos”, señala el comunicado.