Paysandú, Viernes 30 de Septiembre de 2016
Opinion | 24 Sep En Venezuela las cosas van de mal en peor. Parece que nada se hace bien en la República Bolivariana. Que nada se ajusta a derecho, que existe un compromiso de hacer las cosas mal. Desde el punto de vista económico la cuestión rompe los ojos. Un país desabastecido y con una inflación galáctica. Desde el punto de vista político, la situación no es mucho mejor. Es, más bien, un desastre. El presidente Nicolás Maduro utiliza todo el poder a su alcance para menguar las fuerzas de la oposición, que desde diciembre pasado domina la Asamblea Nacional y que ha pregonado por un referéndum revocatorio contra el mandatario. Pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, le dio un revés a esa pretensión. Mientras tanto, la región, entre ellos Uruguay, sigue mirando muy de lejos lo que acontece en suelo venezolano. Falta mojarse. El pueblo de Venezuela necesita de voces exteriores que lo alienten a salir de este brete sofocante llamado socialismo del siglo XXI.
El miércoles, el poder electoral de Venezuela descartó que el referéndum revocatorio se efectúe este año, lo que imposibilita un cambio de gobierno como esperaba la oposición. Según el CNE, la consulta se realizaría en el primer trimestre de 2017. La oposición pretendía que el referéndum se llevara a cabo antes del 10 de enero, porque si Maduro (2013-2019) pierde, habrá nuevas elecciones. En una fecha posterior, si es derrotado, el mandato lo concluirá su vicepresidente.
El órgano electoral, acusado por la oposición de ser aliado del gobierno, estableció que la próxima etapa del proceso, el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para llamar a la consulta, será del 26 al 28 de octubre. El CNE señaló que, si se cumple ese requisito, la consulta sería convocada a inicios de diciembre y a partir de entonces correrán los 90 días “reglamentarios que tiene el organismo” para llevarla a cabo.
Aunque calificó de ilegales dichas condiciones, la oposición venezolana, que esperaba desde la semana pasada la fecha y las condiciones de la próxima etapa del proceso, auguró una “derrota” de Maduro, que enfrenta un fuerte descontento popular ante la severa crisis económica, agravada por la caída del ingreso petrolero, y que se refleja en la escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 720% para 2016.
El gobierno alega, para descartar el revocatorio, que la oposición inició tardíamente los trámites. Entre tanto, espera recuperar terreno entre la población con un plan de distribución y producción de alimentos a cargo de los militares.
Es casi un manotazo de ahogado para renovar cierta simpatía entre los venezolanos, más allá del poder que tengan para permanecer atornillados a sus asientos. En la región hay señales, tenues por el momento, que indican que la opinión es que Maduro se someta a un referéndum revocatorio.
El mes pasado, 15 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Uruguay, pidieron en una declaración conjunta que no haya demora en el proceso del referéndum. “Subrayamos nuestro apoyo para un diálogo oportuno, nacional, incluyente y efectivo que aborde las urgentes necesidades del pueblo de Venezuela, preserve la paz y la seguridad, y asegure el respeto absoluto a los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de la democracia representativa”, aseveró la declaración.
Este texto fue el primer paso que dieron los países de la OEA desde la reunión del Consejo Permanente del 23 de junio en la que el secretario general, el uruguayo Luis Almagro, presentó su crítico informe sobre la situación política y social en Venezuela y con el que, según los responsables jurídicos de la organización, se abrió el proceso gradual de aplicación de la Carta Democrática.
Almagro, excanciller y del mismo partido de los que apoyan ciegamente al gobierno de Venezuela en el país --lo que impide a la administración de Tabaré Vázquez ser más firme ante este tema--, volvió a declararse muy tajante respecto al asunto del revocatorio, que “exige” que sea en 2016. “Con su anuncio, el CNE no está facilitando el ejercicio de un derecho constitucional sino obstaculizándolo, postergando el eventual referéndum revocatorio a 2017 y por consiguiente actuando con un claro sesgo político”, dijo el jueves Almagro.
“Si no se convoca a un referéndum revocatorio antes del 10 de enero del año próximo, definitivamente Venezuela sale de la sociedad de países democráticos y es donde habría que aplicar las sanciones más drásticas y las medidas más fuertes”, añadió el número uno de la OEA. “La comunidad internacional debe actuar en este trascendental momento e intentar facilitar una solución mediada entre las partes”, insistió.
Pero, finalmente, también para el Frente Amplio la situación venezolana se torna peligrosa ahora que se posterga para el año que viene el referéndum. “Es un elemento que se suma a otros hechos que han llevado a este clima de confrontación entre el gobierno y la oposición. En Venezuela las partes necesitan acordar una salida negociada porque si no, se corre el riesgo de terminar en un enfrentamiento civil”, señaló a El Observador el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (CARIFA) del Frente Amplio, José Bayardi.
Roberto Chiazzaro, diputado socialista y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, se manifestó en la misma línea. “No se puede negar que esto genera muchísima tensión. Más aún de la que ya existía. Ojalá que no se llegue a situaciones extremas y lamentables que nadie desea”, afirmó.
Está en juego la democracia de un país, que forma parte de Mercosur y es socio económico, pese a sus incumplimientos. Lo de Maduro y su gente es de otra época. Para garantizar las vías democráticas, pese a que a este presidente poco le importan esos motivos, es clave que se lleve adelante el revocatorio antes de fin de año. Por el bien de los venezolanos y de la región.
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