Opinion | 27 Sep A partir de la sobreexplotación de los recursos naturales es notorio que su demanda ha crecido más que la potencial disponibilidad, lo que es mucho más grave en el caso de los no renovables, como es el caso de los combustibles fósiles y no puede extrañar por lo tanto que la preservación de estos recursos y la búsqueda de alternativas sea un tema de carácter estratégico para cada país.
En este contexto hay países como Venezuela y Rusia, entre otros, que hacen de la exportación de estos recursos su mayor fuente de ingresos o parte fundamental de su economía, y otros que son eminentemente importadores, como Japón, que se apoya en su tecnología, disciplina y pujanza industrial para arreglárselas y desarrollarse aún ante este obstáculo, superando incluso los altos costos de cuando el crudo superaba los 150 dólares por barril y la dura crisis de la década de 1970.
El Uruguay desde siempre importa el cien por ciento del petróleo que consume, pero entre otras decisiones de gobierno significativas de los últimos años figura la de atenuar el impacto de la dependencia de esa importación, así como de la generación eléctrica basada en esa fuente, y se ha logrado reducir esta dependencia mediante la adopción de estímulos para incorporar energías renovables a la matriz, como la generación eólica, la de biomasa y la fotovoltaica, como las principales, teniendo en cuenta que la hidroelectricidad ha quedado limitada en cuanto a sus posibilidades.
Y por supuesto, cuando se adoptan decisiones estratégicas, que apuntan a un objetivo de mediano y largo plazo, es necesario trascender la ecuación económica cortoplacista, para centrar las decisiones en el interés general de gradualmente reducir costos y vulnerabilidades que implican las importaciones de recursos finitos.
En este contexto, la capacidad del Uruguay de potenciar producciones agrícolas para la elaboración de biocombustibles se enmarca en estas decisiones estratégicas, y con este argumento se decidió en su momento a través de inversiones de Ancap armar complejos para elaboración de biocombustibles con vistas a su mezcla, por ley, con las naftas y el gasoil, lo que permite ir reduciendo la factura petrolera.
Desde este punto de vista sin dudas que el proyecto de ALUR fue un acierto del gobierno del Frente Amplio, desde que apunta a reducir la dependencia del crudo importado mediante la producción de biocombustibles nacionales. Y aunque parezca poco un 5 o un 10% de biocombustible mezclado a los combustibles tradicionales, dado el volumen del consumo de todo el país son cientos de millones de dólares que se ahorran en divisas. Pero es aquí donde aparecen las graves falencias que se han manifestado en la instrumentación, porque en el caso del complejo sucroalcoholero de Bella Unión pesó la absurda idea de rendir homenaje a la cruzada del exlíder tupamaro Raúl Sendic, --progenitor del expresidente de Ancap y actual vicepresidente de la República-- cuando encabezó el movimiento de los cañeros en la década de 1960 y se creyó pertinente generar un impacto social basado en la explotación de la caña de azúcar, históricamente inviable simplemente por razones de clima, sin que resista ningún análisis objetivo que lo controvierta. En innumerables editoriales del EL TELEGRAFO hemos planteado y hasta demostrado mediante datos de producción local e internacional que es imposible lograr un mínimo de eficiencia en la producción de caña de azúcar en Uruguay, ni siquiera en el punto más norte en la zona de Bella Unión, cuando ni siquiera los “reyes de la caña azucarera” –Brasil—se arriesga a plantar tan al sur, y lo hace a más de mil kilómetros hacia el Ecuador, por cuanto es un cultivo netamente tropical.
Igualmente se materializó un proyecto insignia del gobierno frenteamplista, con la creación de la subsidiaria ALUR (Alcoholes del Uruguay S.A.) enfocada primeramente a sustituir a la varias veces fundida Calnu, para lo que se ha contado con la caja de Ancap, y su monopolio en los combustibles a efectos de subsidiar el funcionamiento del complejo sin rendir cuentas, pagando los biocombustibles por encima de los precios internacionales y asegurando supuestas ganancias.
Pero lo que más o menos quedó oculto por falta de información, ha estallado al conocerse que el ente ha dejado durante la administración Sendic un déficit cercano a los mil millones de dólares, que debe ser enjugado mediante aportes de todos los uruguayos y no mediante una simple trasposición de un rubro a otro en los estados contables, como dijo en su momento el expresidente José Mujica.
Por lo tanto, el problema, más allá de los sueldos enormes injustificados, radica en que se apoya un emprendimiento con supuesto sentido estratégico que no lo tiene en este caso, por más que se trate de un recurso renovable, porque la materia prima es un problema de por sí por tratarse de un trasplante desde zonas tropicales sin ningún apoyo técnico.
Otra cosa es apoyar la producción en cultivos que se dan generosamente en el Uruguay, como el sorgo dulce, que es el caso de la planta de Paysandú, y que aporta una cuota de sentido común a la explotación, más allá de los costos que aplica el país contra la rentabilidad de los productores.
Y ahora son los propios productores de caña de azúcar de Bella Unión que ponen en evidencia el error de haber enterrado al país en un proyecto inviable en Artigas. Es así que uno de los productores más veteranos de la zona, que presidiera tanto la antigua cooperativa Calnu, como la dedicada a la producción de hortalizas Calagua, Daniel Moraes (69), resumió a El País que “estuve siempre preocupado por el desarrollo de Bella Unión, siempre me desveló el proyecto de tener una fábrica procesadora de caña de azúcar hasta que finalmente lo logramos. Me uní a la cooperativa en 1972 y la presidí hasta 1996, con un intermedio entre 1976 y 1988 que fui proscrito por la dictadura”.
Recordó que cuando regresó al país en 1988 el complejo Calnu tenía plantadas 10.000 hectáreas y producía caña de azúcar exclusivamente para la producción de azúcar. Según las cifras que maneja la propia empresa, actualmente hay 8.500 hectáreas plantadas. “Lo cual significa que todavía no hemos llegado a la cantidad que teníamos en el 88, cuando al entrar ALUR en el negocio se planteó tener hasta 12.000 hectáreas plantadas”, razonó Moraes.
En opinión de Moraes el complejo de Bella Unión perdió competitividad frente a la planta instalada en Paysandú. “En Bella Unión, con la planta de ALUR, teníamos capacidad para abastecer al 100 por ciento de la demanda de Ancap en biocombustibles. Pero con la instalación de la planta de sorgo y colza en Paysandú quedamos fuera de competición, ya que allá llegaron al doble de capacidad que nosotros y un costo más barato que nosotros”, sostuvo Moraes. De esta forma la competencia de ALUR no es otra que la propia ALUR, cuando la ineficiente producción de caña de azúcar pierde competitividad con la propia planta del ente en Paysandú, que no hace más que hacer lo que hay que hacer: producir lo que sirve plantar en el país. Por supuesto, hoy todo un pueblo y buena parte del departamento más norteño viven gracias al subsidio de Ancap, con el agravante de que al desarrollar esta industria lo que logró el gobierno es crear allí un polo de desarrollo ficticio, que multiplicó la población dependiente. Lamentablemente ya es tarde para dar marcha atrás con la industria de Artigas, por lo que el costo del capricho Sendic (padre e hijo) seguirá pesando duramente en los bolsillos de todos los uruguayos, por mucho tiempo.