Opinion | 29 Sep La tenencia responsable de animales se ha convertido no solo en un tema de convivencia ciudadana, sino también de relevancia en la salud pública. En la ciudad los animales sueltos, fundamentalmente perros que deambulan por las calles y espacios públicos suelen generar problemas para los que no siempre se identifica un responsable. En el medio rural, el ataque a majadas también es un problema que involucra perros. En ambos casos, la irresponsabilidad es moneda frecuente y la sanción a los dueños de esos canes prácticamente imposible.
Pensemos, por ejemplo, que si a los medios de comunicación llegan los casos graves de mordeduras de perros –que han provocado incluso muertes y amputaciones graves a personas—, deben ser decenas los casos de menor entidad que ocurren diariamente en el país. También podríamos preguntarnos cuando un animal suelto en la vía pública provoca un accidente ¿cuántos más se han evitado casi por milagro?
Tiempo atrás la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que el principal problema en la tenencia responsable de animales es el de las mordeduras de perros. Explicó que, anualmente, se denuncian 3.300 casos ante el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por lo que “claramente” es un tema que requiere abordaje, junto con la leishmaniasis canina.
Precisamente, el hecho que la situación existente en algunos lugares del país –como Salto— haya determinado la declaración de emergencia sanitaria, es un aspecto relevante para tener en relación a la tenencia responsable. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública (MSP) extendió hasta febrero próximo la emergencia sanitaria por un brote de leishmaniasis en perros que regía en Salto, para evitar que esta infección parasitaria potencialmente letal se propague a los humanos. Como es sabido, la leishmaniasis puede contagiarse a seres humanos a través de las picaduras de mosquitos que previamente hayan entrado en contacto con perros infectados y puede causar cuadros graves que son mortales en el 90% de los casos que no son tratados y en el 10% de los que reciben tratamiento.
A partir de este hecho, el Poder Ejecutivo ha acelerado algunas definiciones haciendo hincapié en la tenencia responsable de los canes, en la notificación de los casos a los dueños y en el seguimiento a través de chips electrónicos de los animales que no presenten síntomas.
En este sentido, la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), comenzó recientemente con el registro de perros con chip, utilizando la experiencia de la plataforma de trazabilidad bovina.
A través de un código de barras, el dispositivo insertado en el animal permite la lectura del nombre del propietario, teléfono, domicilio, fecha de castración y una descripción del perro, lo que permitirá una rápida ubicación del propietario en caso de mordeduras o accidentes. A su vez, Zoonosis utiliza el sistema para el reconocimiento de las enfermedades que pueden transmitir, como es el caso de la leishmaniasis.
En Paysandú, la ONG Amigos de los Animales y la Intendencia de Paysandú cumplen con el programa de esterilizaciones de perros en el marco de un convenio firmado con la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis. Sin embargo, de acuerdo con lo informado a este medio, no tiene alcance ni efectividad alguna sobre aquellos tenedores que no asistan a las castraciones con sus mascotas. En este sentido, es de esperar que a medida que se avance en el proceso, pueda establecerse la obligatoriedad de la medida, lo que permitirá una mayor efectividad en relación con los objetivos propuestos.
Ahora, un reciente decreto el Poder Ejecutivo avanza un paso más en la tarea iniciada al oficializar las comisiones departamentales y crear gerencias en tenencia responsable y bienestar animal, dependencias que ofrecerán asesoría jurídica y harán gestión de denuncias, registro nacional, y acciones de educación y comunicación.
El texto legal recuerda que la ley 19.355, de diciembre de 2015, transfirió dicha comisión del Ministerio de Educación y Cultura a la órbita del Ministerio de Ganadería como un órgano desconcentrado. Asimismo, facultó al Poder Ejecutivo a reglamentar los cometidos y la estructura organizativa, mediante un nuevo modelo de gestión, integración y gerenciamiento.
Este decreto, rubricado por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Tabaré Aguerre, determina los créditos presupuestales, recursos materiales y financieros asignados y normas reglamentarias de la actual Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba). En este sentido, normaliza que la estructura y gestión se diseñará con una gerencia que supervisará dos áreas: animales de compañía y animales de producción. En tanto la comisión no disponga de recursos propios suficientes, las funciones serán ejecutadas por áreas del Ministerio de Ganadería a solicitud de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal en temas sobre tecnologías de la información, transporte, contabilidad y gestión, según establece el texto.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció que el país va hacia “un registro e identificación asociada a una cedula de identidad para perros, donde se demuestre su titular, de la misma manera que una persona posee una libreta de conducir”, lo que en un futuro próximo se espera que tenga alcance general y nacional. Teniendo en cuenta el estado del cual se parte, en el que no se conoce a ciencia cierta cuántos perros hay en el país, el objetivo puede considerarse ambicioso aunque, sin embargo, es necesario.
La aprobación de normativa que permita estas intervenciones es un paso importante, pero el siguiente deberá ser, necesariamente, la asignación de recursos para que estas medidas puedan instrumentarse con carácter obligatorio para todos los propietarios de perros y, paralelamente puedan realizarse los controles necesarios. La importancia del tema en cuanto a prevención en salud y seguridad públicas así lo amerita.