Opinion | 04 Oct Uno de los factores que alentó la extensión y radicalización del conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de celulosa de UPM-Botnia en la zona de Fray Bentos fue la postura intransigente de grupos de seudoambientalistas de Gualeguaychú, que llegaron a bloquear puentes y llevar movilizaciones incluso a territorio uruguayo.
Ergo, se exacerbaron planteos supuestamente bien intencionados, pero que pusieron de relieve un alto grado de fanatismo de grupos que solo consideran “su” verdad como un dogma irrefutable y, lo que es peor aún, tienen la capacidad de arrastrar tras de sí a otros actores y a gobernantes que encuentran en cada movilización con cierto tufillo popular una ocasión para alentar temas que puedan generar arrastre de votos.
Entre otras consecuencias de estas posturas radicalizadas, el Senado argentino aprobó, en su momento, una ley alentada por los activistas para prohibir que se exportara hacia Uruguay cualquier tipo de madera desde Entre Ríos. Incluso se llegó a detener camiones que supuestamente se dirigían a nuestro país con insumos que tendrían por destino la planta de celulosa, en el sumun de la irracionalidad y de la búsqueda de chivos expiatorios para los entuertos por ellos mismos generados.
Las plantas de celulosa no fueron afectadas por este supuesto bloqueo de materia prima y los que perdieron fueron los propios entrerrianos, las empresas y numerosas familias que tenían puestos de trabajo en el sector y que perdieron la posibilidad de potenciar una actividad dinámica para reciclar recursos en la provincia.
Con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri, tras acciones apoyadas por un gobierno oportunista y sin ningún grado de equilibrio --como fueron las administraciones de los Kirchner--, ha primado el sentido común. Este sentido de equilibrio ha ganado a los gobernantes nacionales y provinciales, presionados fuertemente en años anteriores por los grupos radicales.
En las últimas horas, se conoció que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, ha anunciado que promoverá ante el Senado la derogación o modificación de la ley que prohibía las exportaciones de madera desde Entre Ríos hacia Uruguay, por considerar que esta medida únicamente perjudica a los entrerrianos.
Como dio cuenta EL TELEGRAFO, Bordet reflexionó que “hay una realidad que nos obliga a asumir un desafío, no mirar al costado. Como gobierno, debemos tomar todas las determinaciones a nuestro alcance, para defender la actividad y a quienes trabajan en la industria forestal. Gobernar es ver la globalidad, lo que obliga a tomar medidas en beneficio del conjunto. Hoy nuestros productores están generando empleo en Corrientes y no en nuestra zona por estas restricciones”.
Subrayó que la denominada ley de la madera fue sancionada en marzo de 2007, en pleno conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera de UPM-Botnia en Fray Bentos y antes del fallo del Tribunal de La Haya. “Hoy, esa herramienta legal colisiona y genera trabas en una de las principales cadenas de valor de Entre Ríos, la foresto-industrial, en un contexto donde se necesita mejorar la competitividad y defender las fuentes laborales”, aseguró.
Incluso señaló que “ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia; diferente sería si en las 23 provincias restantes existiera la misma restricción. En cambio, esto genera una pérdida de competitividad enorme para el sector industrial y hace que la mayoría de las empresas se radiquen en Corrientes y no en la provincia de Entre Ríos”.
De eso se trata, de identificar dónde radica el interés general y regional, y dónde está el de los grupos corporativos que llevan adelante posturas fundamentalistas obnubilados por sus disquisiciones mesiánicas y planteadas como dogma o religión, sin aceptar que pueda haber al menos un matiz en la verdad absoluta en que creen o dicen cultivar.
Al anuncio de Bordet siguió el razonamiento del presidente de la Asociación Forestal Argentina Regional Río Uruguay, Alejandro Giúdice, quien expuso la importancia que para el sector tiene la posibilidad de exportar madera a Uruguay. Respaldó, en este sentido, la propuesta del gobernador Gustavo Bordet de modificar la ley para que se habilite esta comercialización. "Apoyamos desde el sector al gobernador. Esto es algo que le estábamos solicitando y que, estimamos, puede salir. Como comentó el gobernador, es dejar de impedir el desarrollo de la cadena forestal", indicó Giúdice.
El dirigente explicó que recibieron "con mucho entusiasmo" la posibilidad de reapertura a las exportaciones y comentó que “es algo que nosotros desde hace tiempo, con el gobierno anterior y con este desde que asumió, estamos trabajando, además de otras cuestiones que tienen que ver con nuestra cadena y con nuestro funcionamiento. Entendemos que --como lo expresó el gobernador-- es importante el hecho de tener posibilidad de exportar a Uruguay donde hoy en día está uno de los mercados más importantes de consumo de eucaliptos. Pero no solamente del consumo en sí, sino del consumo de los subproductos y de la madera fina que hay que encontrarle una ubicación comercial".
Con relación a los niveles de plantación, producción y generación de empleo del sector, dijo que Entre Ríos es la tercera provincia en producción de madera y la primera cuenca del país. La provincia cuenta con alrededor de 140.000 hectáreas forestadas, mayormente con eucaliptos, pero agregando otras especies hay un total de 150.000 hectáreas, que están en plena producción. Las estimaciones dan cuenta de que se generan unos 3.000 puestos de trabajo en el sector primario, que comprende la plantación, poda, los raleos y la tala rasa.
“Otro tanto también hay en las industrias, que son unos 200 aserraderos, más las dos fábricas de tableros que funcionan en la provincia, más todo el resto de la madera de la cadena; hay también una planta de pelets para bioenergía. En mano de obra, se estima que en la provincia, sumando la producción primará más aserradero, más todo lo que viene detrás, como servicio, transporte y mantenimiento, se generan entre 18.000 y 20.000 puestos de trabajo", definió.
Más allá de la buena nueva, que significa un paso hacia adelante tras el conflicto, la propuesta del gobernador conlleva en esencia derribar obstáculos para avanzar hacia una complementariedad e integración regional muy necesarias, en aras de una apertura desprovista de intereses mezquinos y oportunistas.
Este es un paso para concretar una cooperación transfronteriza que, más allá de la consabida retórica, en los hechos ha estado relegada en la agenda binacional, por encima de la buena voluntad que se ha traducido en solo algunos hechos puntuales.