Opinion | 30 Sep Desde hace tiempo, algunos sectores radicales del Frente Amplio, incluyendo en su momento a dirigentes del MPP --al que pertenece el expresidente José Mujica--, han señalado la necesidad de propiciar una reforma constitucional, que tendría entre sus objetivos el “consagrar” en el texto de la Carta Magna los avances registrados al cabo de tres gobiernos de la coalición de izquierda, para que no pueda haber marcha atrás en el caso de que el poder cambie de signo político y/o ideológico.
Por lo menos así lo reconocieron en su momento portavoces de estos sectores, soslayando ya a priori que un texto constitucional debe reflejar un gran acuerdo y pacto de carácter nacional, que tiene que ver con la forma en que se relaciona y regula la sociedad desde el punto de vista institucional y de principios. Sobre todo, que tal como se establece en el texto constitucional, la ciudadanía debe refrendar con su voto las eventuales modificaciones que se le introduzcan, como reflejo precisamente de ese pacto traducido al formato legal.
Es decir, que de lo que se trata es de no hacer materia constitucional de lo que pueda surgir de eventuales escenarios coyunturales, porque de ser así estaríamos poco menos que ante un “chicle” que se estira o amolda de acuerdo al interés o parecer de quien transitoriamente ejerce el gobierno, desvirtuando por lo tanto la esencia del gran pacto social.
Igualmente los propulsores de estas modificaciones han decidido seguir adelante con la idea y es así que ha surgido de estos contactos internos de la fuerza de gobierno que será el Congreso del FA el que se encargará de fijar la hoja de ruta de la reforma constitucional.
La reforma constitucional que pretende impulsar el Frente Amplio recorrerá por lo tanto un largo camino que comenzó con consultas en la interna de la coalición, luego se hablará con organizaciones de la sociedad, pero además, en opinión del presidente del FA, Javier Miranda, debe buscarse el apoyo de los demás partidos.
Ciertamente en la coalición de gobierno no todos están convencidos de que el proyecto deba contar con el respaldo de la oposición, y hay quienes consideran que las mayorías obtenidas en sucesivas convocatorias electorales debería traducirse en un respaldo similar a lo que proponga el Frente Amplio, con exclusión del parecer de los ciudadanos de otros partidos.
Pero hay diferencias internas notorias e incluso hay quienes consideran que no debería precipitarse al estudio de una reforma constitucional ya en este período de gobierno, y en este contexto el senador Ernesto Agazzi (MPP) dijo a El Observador que en el plenario del fin de semana no se tomó la decisión de que la reforma se concrete bajo este gobierno. También comentó que será el congreso el que defina “la hoja de ruta para la reforma”.
Hay opiniones encontradas y con matices en la fuerza de gobierno, desde que por ejemplo el senador Yerú Pardiñas (Partido Socialista) reconoció que la división con los partidos políticos “hace difícil articular acuerdos profundos” pero confía en que la reforma se concretará. Subrayó que el mejor escenario es lograr “un gran pacto social” y el diputado Jorge Meroni (MPP) también pretende ir en busca de acuerdos amplios y luego “evaluar” políticamente el apoyo que se tenga en la sociedad. Ello indica que antes de llegar a un plebiscito se tantearía el terreno y si hay ambiente en la ciudadanía para llevar adelante un proceso que tiene sus dificultades, sobre todo cuando la iniciativa no sale del impulso ciudadano, sino del parecer de dirigentes directamente interesados en modificar el texto por motivaciones de distinto calibre.
Javier Miranda ha sido encomendado de los contactos extrapartidarios con este objetivo, y ya planteó el tema de la reforma constitucional al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que lo recibió la semana pasada en su sede, en tanto la dirección del Partido Independiente lo recibió el martes y tiene pedidos de entrevista con el Partido Nacional y Unidad Popular, que aún no confirmaron fecha para recibirlo.
Por supuesto, más allá del eventual intento de reforma, y el contenido que se pretenda plebiscitar está el de la oportunidad, porque embarcar a todo el sistema político y el país en un proceso de estas características, con prolongadas deliberaciones, propuestas de contenido ideológico y de compleja dilucidación, quiérase o no significa dejar en un segundo plano el tratamiento de los grandes temas de interés nacional o los puntuales que surjan, lo que implica trastrocar prioridades, por decir lo menos.
Ya por ejemplo el líder nacionalista, senador Jorge Larrañaga, escribió en su cuenta de twitter que el solo hecho de plantear el tema “con los problemas que tiene el país” es “una falta de respeto a la gente”, y en forma similar se han expresado dirigentes colorados. Pero también es un aspecto negativo que una reforma de este tipo se lleve a cabo por interés ideológico de un partido que tantas veces ha demostrado el poco respeto que le tiene a la Carta Magna, promulgando leyes con sólo los votos de la mayoría parlamentaria con la que cuenta a sabiendas que van contra el dictado de la Constitución vigente.
Hasta ahora han trascendido algunos temas que serían incluidos en el proyecto, y es así que el Frente Amplio acordó en su Plenario de junio los documentos que serán discutidos para modificar la Constitución, aunque esa discusión pasó para el Congreso de noviembre.
Se aprobó también consultar en este tiempo a la sociedad civil para conocer la opinión de comerciantes, cooperativas de viviendas y otras de corte social, mientras que un punto que aún resta definir es qué vía se utilizará para impulsar la reforma, habida cuenta de que hay más de un camino para habilitarlo.
En el plenario del sábado 24, una clara mayoría de dirigentes frenteamplistas se inclinó por recolectar firmas, mientras que el Partido Socialista prefiere convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.
Asamblea Uruguay, por su parte, considera que no es el momento de impulsar una reforma cuando aún hay otros temas en la lista de asuntos pendientes para resolver, pero por ejemplo, Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, comentó a El Observador que lo que más le interesa a su sector es adecuar la superestructura jurídica y política, que es la Constitución, a la “nueva matriz productiva que permita salir de la dependencia de la división internacional de trabajo donde Uruguay es proveedor de materias primas”. “El país está en un esquema”, dijo Lorier, “que puede tener complejidades en lo económico si bajan los precios internacionales de los commodities”, y para el Partido Comunista, el capítulo sobre derecho de propiedad es entonces de los más importantes del proyecto de reforma.
En este mismo contexto Juan Castillo, dirigente comunista y actualmente desempeñando el cargo de director nacional de Trabajo, dijo que “la Constitución defiende solo a la economía privada”, y para los socialistas, según dijo el senador Pardiñas, los puntos prioritarios son el capítulo de nuevos derechos, por lo que se piensa incluir las políticas de inclusión y aspectos de no discriminación, así como la incorporación de los convenios internacionales firmados por el país.
Es decir, una serie de elementos que lejos de ser parte de un gran pacto conciliatorio de las opiniones de los uruguayos, apuntan a reflejar supuestos avances apoyados en perfiles ideológicos que son precisamente controversiales y que reflejan el talante ciudadano en cada elección, precisamente, lo que da la pauta de que estamos ante temas de origen ideológico partidario, que nada tienen que hacer en un texto constitucional.