Opinion | 05 Oct En la antigua Roma existía la figura legal neccesitas caret lege a la que un reo se acogía para argumentar que había cometido una falta o un delito por cuestiones de desesperación. Esa forma que acompaña al ser humano desde el principio de la humanidad adquirió fuerza de pensamiento colectivo con el paso de los siglos y sirvió de base para la justificación de conductas inherentes a su condición.
Con un criterio basado en la comparación, algunos operadores políticos se apoyan en las estadísticas que ubican a otros países de la región por encima de Uruguay en materia de inseguridad ciudadana y contabilizan sus muertos por centenares, en operaciones diarias del narcotráfico con homicidios que nunca se aclaran.
Y dirán, por ejemplo, que en El Salvador se constata 103 homicidios cada 100.000 habitantes y contabilizaron --solo en 2015-- un total de 6.670 muertes violentas. A este se suman Honduras y Guatemala, dos naciones consideradas como las más peligrosas del mundo para activistas del medioambiente y ecologistas, ante los ataques y asesinatos ocurridos en los últimos meses. O Nicaragua, donde las violaciones a los derechos humanos se tornaron conductas rutinarias, en tanto en el último año aumentaron a 3.833 casos. Incluso México se ha transformado en uno de los estados más violentos, donde se incrementan los niveles de delitos sin denuncia con cifras récord en 2015, cuando no se constataron investigaciones al respecto. En agosto pasado se registraron 1.938 homicidios y es la cifra más alta desde la asunción del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, catalogado como el más inseguro por el 90% de sus habitantes.
Y así la lista puede continuar con otras regiones del mundo, en Europa o Asia, y, sin embargo, no logrará convencer a una mayoría de los uruguayos acostumbrada a transitar sin temor por cualquier calle, horario o barrio de su ciudad.
Heriberto Prati no pensaba en las estadísticas cuando manejaba su automóvil acompañado por su esposa y una amiga a la salida de un asado una madrugada cualquiera, cuando un delincuente en moto abordó a la mujer que dejaba frente a su casa. El hombre bajó de su auto, salió en defensa de la víctima que llevaba $300, recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. Fin de esa historia.
Después apareció en las pantallas el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, reiterando su fórmula contra la delincuencia: “Muchas veces dije 'aquel que lo están rapiñando de forma armada con un arma a la vista, me parece que no es conveniente resistirse'”.
Y agregó: “A mí me llama poderosamente la atención, en los últimos días, robos chicos, pequeños, y que terminan pegándole un tiro en la cabeza (a la víctima). Es increíble, ¿en qué cabeza pasa eso? En esa situación me parece que no conviene la resistencia”.
Es la misma autoridad que avaló la recomendación de no usar ropa ni championes de marca o celulares nuevos para que esa supuesta ostentación, tan generadora de desigualdad, no sea un imán para atraer al delito.
La costumbre de responsabilizar a las víctimas tampoco es nueva en nuestro país. Deberíamos recordar las palabras del subsecretario del Ministerio de Interior, Jorge Vázquez, quien salió al cruce de las estadísticas que brindaba la oposición, a través de Fundapro, por “sembrar alarmismo donde no lo hay”. Incluso acuñó una frase que a estas alturas resulta de antología: “La mayoría de los uruguayos si no están en el mundo del narcotráfico, del crimen organizado o tienen un problema familiar grave, es muy probable o casi seguro que no sean víctimas de homicidio”. Tuvo, además, la valentía de aclarar que en Uruguay es más probable morir en un accidente de tránsito que fallecer víctima de la delincuencia.
Algunos años después --hace dos días-- reconoció la existencia de “un deterioro social” en la reapertura de una Mesa de seguridad y convivencia ciudadana. Paralelamente dio en el clavo de lo que algunos medios de comunicación han querido explicar a lo largo de los años, pero sus palabras e interpretaciones se tergiversaron y quedaron a merced de los discursos políticos que intentaron confrontar a la opinión pública con la prensa, en una vieja y cansadora práctica.
Allí dijo: “En México, la gente se siente más segura que como se sienten los uruguayos hoy, pero se debe a que se han acostumbrado a vivir con la violencia. No queremos eso para nuestro país, no queremos acostumbrarnos”. Y aclaró que “el valor de la vida para uno y para otro es distinto... matar, para el delincuente, es un atributo que le da estatus en la cárcel”.
En esta oportunidad, Vázquez optó por la cautela y –finalmente-- arribó a la conclusión que la idiosincrasia uruguaya es propia y no puede compararse con otros pueblos que cargan con sus propias cruces. En el mismo lugar, aseguró que “se ingresa al sistema penitenciario para rehabilitarse”, no obstante, la alta reincidencia proclama a gritos que este aspecto no se cumple y las autoridades deberían reconocer que hay un tipo de delincuente que es absolutamente irrecuperable.
Mientras en Uruguay nos remontamos a la crisis del 2002 y a la “década neoliberal de los 90'” para justificar el deterioro de nuestros valores como sociedad, en Nueva York lograron bajar la criminalidad a niveles históricos y 2015 fue considerado como el año más seguro de la historia moderna de la ciudad que tiene casi 8,5 millones de habitantes –casi 3 veces la población de Uruguay–, con 350 homicidios.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio de Interior --es decir, información oficial--, los homicidios en Uruguay se incrementaron 28% y las rapiñas 34% en los cinco años de la presidencia de José Mujica.
El primer semestre de 2015 se cerró con 154 asesinatos, 12 más que el mismo período de 2014 y 15 más que en 2013. El Ministerio de Interior atribuía, en ese entonces, el 43% de los homicidios a ajustes de cuentas y conflictos entre criminales, sin embargo, la cara del delito comenzó a cambiar nuevamente.
La tasa de homicidios en Uruguay fue de 4,9 cada 100.000 habitantes, si se toma en cuenta la medición que se utiliza a nivel internacional y en relación con la población, resulta más alta que Nueva York. Y aunque se mantiene entre las tasas más bajas de América, es igualmente superior que en varios países europeos, que tienen tasas entre uno y 1,5 homicidios. De hecho, hay zonas en Montevideo donde se presentan tasas de 22 homicidios, como en México o Brasil.
El exdirector del Ministerio de Desarrollo Social, Christian Mirza, era vecino de Prati. Su condición de frenteamplista no le impidió reconocer que “la política pública de seguridad ciudadana no parece dar en el blanco”. Tampoco le fue difícil razonar que “las estadísticas no sirven de consuelo cuando matan a tu padre, a tu hermano, a tu amigo o tu vecino”. Parece que el punto fuera ese y que únicamente llegaremos a comprenderlo cuando nos ocurra a nosotros y no a los otros.