Nacionales | 03 Oct La Justicia de Crimen Organizado debe resolver en estas semanas si condena o absuelve al exministro de Economía Fernando Lorenzo y al expresidente del Banco República (BROU) Fernando Calloia, procesados hace dos años por el otorgamiento irregular del aval para que la empresa española Cosmo se presentara en el remate de los aviones de Pluna en octubre de 2012, informó El País.
Antes de pronunciarse, la jueza María Helena Mainard y la fiscal María Camiño interrogaron a Calloia y a los exdirectores del BROU, así como al expresidente José Mujica, quien presentó el jueves 29 su declaración por escrito. El próximo viernes declarará Lorenzo y con ello se cerrará la etapa de prueba.
Mujica declaró que dio “lineamientos generales a los efectos de solucionar el tema” de Pluna, pero negó haber pedido que el BROU facilitara el aval para que la española Cosmo accediera al remate de los aviones de Pluna, informó el jueves el semanario Búsqueda.
Sin embargo, Calloia había declarado el martes 6 de setiembre ante la Justicia y dijo que la llamada de Lorenzo del día del remate --el 1° de octubre al mediodía-- para pedirle que tramitara el aval la hizo en nombre del gobierno.
Según el expediente judicial al que accedió El País, el expresidente del BROU afirmó: “El ministro me comunicó el interés ministerial a partir de un interés nacional, no me hablaba en términos de 'yo quiero'; el gobierno estaba interesado en que existiera la mayor cantidad de oferentes posibles”.
El exdirector del BROU Jorge Perazzo también se refirió a la llamada de Lorenzo y dijo: “Él lo hacía como ministro, pero en nombre del gobierno nacional, sin duda”. Agregó que cuando Calloia lo llamó para ponerlo al tanto, dio el consentimiento porque estaba “el respaldo del Ministerio de Economía”.

ESTUDIAN EXTENDER ASISTENCIA A REFUGIADOS
Este mes estaba estipulado que sería el último que el gobierno le daría asistencia económica y apoyo técnico con asistentes sociales, intérpretes y psicólogos a las cinco familias sirias con 42 integrantes que llegaron a Uruguay pocos días antes de las elecciones nacionales en 2014. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos analiza ahora “caso a caso” el grado de inserción en la sociedad que han logrado para evaluar si corta o no la asistencia y, en caso de que se mantenga, por cuánto tiempo y en qué condiciones.
Según informó la Secretaría a El País, las cinco familias presentan características diferentes y “están en niveles de inserción diferentes”, ya que algunas han logrado obtener trabajos estables, los niños están insertos en el sistema educativo y “pueden desarrollar un proyecto autónomo”, pero en otros casos “falta recorrer caminos”.
La familia de refugiados sirios que se instaló en una chacra de 35 hectáreas cedida por el Instituto Nacional de Colonización en Salto sostiene que si se le corta la ayuda económica que está recibiendo, no tiene con qué vivir porque es el único ingreso económico que percibe para subsistir el matrimonio y sus 14 hijos. Originalmente la familia vivió en Juan Lacaze en Colonia, pero fue trasladada ante los reclamos del padre, Marei Alshebli, de contar con tierra para dedicarse a la granja. Del terreno, sin embargo, solo dos hectáreas son productivas, ya que el resto está ocupado por un bosque de eucaliptos y un abandonado monte de naranjos. Esta familia ya supo estar sin la asistencia del gobierno cuando en octubre del año pasado el padre de familia agredió a una funcionaria de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Michelle Alfaro, que viajó a Juan Lacaze para interiorizarse sobre la situación de la familia. En noviembre la familia no recibió dinero como sanción.
Ahora, sin poder cosechar algunas verduras para su sustento por falta de herramientas para el laboreo de la tierra --una promesa incumplida según dijo el jefe de familia-- y las condiciones climáticas, la familia Alshebli igualmente fue comprando algunas cabras y últimamente un pequeño rebaño de ovejas para iniciarse en este proyecto de vida que se plantearon al llegar.
El hijo mayor de esta numerosa familia, Ibrain, señaló a El País que insistirán para que el gobierno continúe apoyándolos económicamente porque no tienen otras posibilidades de mantenerse. “Somos muchos hermanos, muchos pequeños y los más grandes no conseguimos trabajo como nos habían prometido que íbamos a encontrar cuando llegáramos a Uruguay. No pudimos cosechar casi nada porque la tierra no es buena y fallaron las semillas y si nos cortan la ayuda, ¿qué hacemos?”, dijo el joven que trabajó durante un tiempo en Durazno y ahora se radicó con sus padres en la colonia Osimani y Llerena. Ibrain reconoce la solidaridad de un vecino que les prestó un tractor hace unas semanas para que puedan sembrar, pero la voluntad del grupo familiar de retornar al Líbano se acrecienta con el paso de los días porque no ven futuro para ninguno de sus integrantes. “Nosotros ya planteamos que queremos irnos de Uruguay hace mucho tiempo y si ahora nos cortan la ayuda económica con más razón porque no podemos mantenernos”, dijo.
En Piriápolis se encuentra otro grupo. El País se comunicó con el padre de familia, Maher Aldees, quien trabaja en la construcción y pintando casas, pero no quiso dar opinión sobre su futuro. “Tengo trabajo, tengo casa”, se limitó a expresar en un rudimentario español. Según dijeron miembros de la comunidad y autoridades de la enseñanza, en ese caso los niños están ya insertos allí.
A estas dos familias se suman las de Karima Al Mohammed, quien llegó como madre soltera de siete hijos y expresó querer viajar a Turquía, donde está parte de su familia.
También Nasser, padre de 13 hijos mostró el año pasado interés de irse, ya que sostuvo que por tener problemas de espalda no podía trabajar. Ibrahim Al Mohammed, padre de tres hijos, si bien tenía trabajo en un hospital, aseguró que con el dinero que ganaba --unos $11.000-- no podía mantener a su familia.
Las familias reciben unos $36.000 mensuales fijos cuando no tienen más de seis integrantes y $70.000 cuando superaban los diez.

DIRECTOR DE BPS CRITICÓ SUELDOS DE LAS AFAP
La semana pasada, el programa Moros y Cristianos de Televisión Nacional reveló que el gerente general de República AFAP percibe un ingreso nominal de 666.000 pesos mensuales y una partida anual en febrero de 1.489.554, lo que dividido en doce meses arroja unos 124.129 pesos. Esta partida más el salario nominal significa unos 800.000 pesos por mes. La información divulgada despertó malestar entre los jerarcas del BPS.
“Es un insulto a una persona que de repente trabaja todos los días al mes, ocho horas por día o más y cobra $15.000 nominales o para un jubilado que cobra la jubilación mínima”, declaró a Sub rayado Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores.
“Creo que los números en todo el sistema de ahorro individual son exagerados. Por cada transferencia que hacemos, la tercera parte de la transferencia en SURA o Integración es lo que los trabajadores pagan por concepto de comisión”, añadió.
“La rentabilidad en los últimos diez años ha sido casi nula o negativa. Un joven que empezó a aportar hace 10 años y que hoy ya tiene 35 años, le han descontado la comisión y no ha tenido prácticamente rentabilidad”, aseguró.